Luego de cuatro meses de que el gobierno anunciara la intención de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, para la construcción de dos patrullas oceánicas, este viernes, el presidente Yamandú Orsi comunicó en conferencia de prensa la decisión final.
La definición, que tuvo que ver con “incumplimiento graves derivados de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no” según Orsi, ya generó la respuesta de Javier García, senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien el año pasado interpeló a la actual titular de esa cartera, Sandra Lazo, por este tema.
Para García, la decisión de rescindir el contrato “estaba tomada desde el inicio” y “es por una sola razón: política”. En su cuenta de X, el senador dijo que el objetivo del gobierno “es destruir lo que venga” de la administración de Lacalle Pou. “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior”.
El senador criticó que esté “nuevamente”, cuestiones políticas “por encima” de lo jurídico. “No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”, criticó y reafirmó que dicha “decisión política, confesada por la propia ministra”, “nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país”. “Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país”, concluyó.
En la misma línea, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo en su cuenta de X que lo anunciado por el gobierno es una “enorme irresponsabilidad”, en la que, según dijo, se está “actuando con saña política”.
“Para justificar su ataque contra el gobierno de coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente”, afirmó, y agregó que se trata de “una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay”. A su vez, aprovechó para dar su “más completo respaldo” a la gestión del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior.
El senador del PN y compañero de sector de García, Sebastián Da Silva, dijo en redes sociales que “hay dos colectivos que festejan” con la rescisión: por un lado, “abogados que se llenarán de plata con esta decisión”, y por el otro, “los narcos que se aseguran de un mar libre para sus negocios”.
Asimismo, señaló que “hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno”: “Ver a la ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría debía de saber antes de mandar casi 30 millones de dólares al villano número uno del país y seguir tan campante en el cargo es para un ateneo médico que se llame ‘Los rostros de piedra inmutables’”. “Quedan cuatro años de este gobierno, ojalá que el país aguante tanta desidia”, expresó.
En tanto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó en su cuenta de X: “Nos comprometimos y juramos defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional”. Por esa razón, indicó, decidieron rescindir el contrato e “iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar las responsabilidades institucionales e individuales”.
“Vamos a trabajar para que nuestro país tenga las patrulleras oceánicas que necesita. Con un proceso transparente, con garantías reales. Para Uruguay lo mejor. Ese es nuestro horizonte, esa es nuestra responsabilidad”, finalizó.