El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles por unanimidad una resolución tras escuchar el informe de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ese país, Rosa María Payá.
En la resolución, el organismo expresa su preocupación por “la persistencia de la grave situación de los derechos humanos e impunidad, así como el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua”, y en particular, por las acciones “de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres de Nicaragua”, por “nuevas medidas y decisiones por parte del Estado de Nicaragua que profundizan la restricción de la libertad de expresión”, así como por “la eliminación de las disposiciones que prohíben la tortura”.
En este marco, el organismo condena “las graves violaciones y abusos cometidos por las autoridades nicaragüenses en contra de los derechos de las personas, tanto dentro del país como en el extranjero, en particular aquellos actos que involucran el exilio forzado, la expatriación, la tortura o tratos crueles, la desaparición forzada, la detención arbitraria, incautación injusta y confiscación de activos, incluyendo propiedades y cotizaciones previsionales, eliminación de registros oficiales asociados a la identidad, impedimento de reunificación familiar, prohibición de entrada al propio país, denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales, vigilancia, amenazas, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de centenares de nicaragüenses”, todo lo cual constituiría “crímenes de lesa humanidad”. Insta al Estado de Nicaragua a poner fin a estas situaciones y a retornar a la OEA, organismo que ese país abandonó hace más de un año.
El embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, intervino durante la consideración de este tema y marcó su preocupación “por el creciente deterioro en la situación de derechos humanos” en Nicaragua, “así como por la persecución a opositores y disidentes del gobierno, lo que ha llevado a la erosión y restricción del espacio democratico”. Cuestionó en particular la política de desnacionalización “de más de 452 personas disidentes y defensoras de los derechos humanos” en ese país, las modificaciones legislativas “que afectan derechos fundamentales, así como las condicionantes impuestas al ejercicio de la libertad de prensa y de asociación”, entre otros puntos.