El martes, los partidos Nacional, Colorado e Independiente remitieron una carta al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en la que le notificaron que no participarán en el 4º Congreso Nacional de Educación. En la misiva agradecieron la invitación, pero detallaron que se entiende que el “formato históricamente dado” al espacio “constituye un instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa”.
Se puntualiza en que el diseño “responde a una lógica mayormente corporativa, estructurada en base a mayorías organizadas que otorgan predominio a espacios fuertemente ideologizados, generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las legítimas autoridades”.
Por otra parte, también se hizo referencia a que persiste una “confusión respecto del rol del Congreso”, en el entendido de que por “decisión política”, tal “como surge del programa del Frente Amplio”, se ha decidido “asignarle carácter vinculante”. “A nuestro juicio, ello implica trasladar responsabilidades propias de los representantes electos —parlamentarios y autoridades de gobierno en la educación— hacia un órgano que carece de legitimidad democrática directa para adoptar decisiones de carácter resolutivo”, complementa el mensaje.
Esto último se entiende como “un grave error institucional”, por lo cual se cree “inconveniente otorgar legitimidad política” al espacio. Se puntualiza que algunas “decisiones adoptadas por el actual gobierno” se dirigen a “desmantelar de forma indiscriminada transformaciones impulsadas en el período anterior”, sin que “medien análisis técnicos suficientes ni evaluaciones sistemáticas de resultados”.
“Deseamos señalar, sin embargo, que los partidos firmantes contamos con una extensa tradición de participación en ámbitos de diálogo y construcción colectiva de políticas públicas, incluyendo experiencias bajo la modalidad de congresos educativos”, recordó de todas formas la carta. En ese sentido, se mostró “disposición al diálogo en materia educativa, entendiendo que este debe desarrollarse mediante mecanismos institucionales adecuados, eficaces y respetuosos de las responsabilidades democráticas”.