En julio, la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, presentó los lineamientos para elaborar una Política Industrial hacia 2050. El subsecretario de la cartera, Daniel Olesker, recordó que el último documento de este tipo remite al gobierno de José Mujica y la idea es que el texto, además de fijar líneas futuras, tenga “resultados concretos al final de este quinquenio” para que se recuerde la gestión porque “reflotó la política industrial”.
En diálogo con La mañana de la diaria, Olesker destacó que el documento plantea, en primer lugar, que “en el mundo volvió la política industrial” con una lógica de “misiones” –objetivos como descarbonizar o agregar valor a productos primarios, por ejemplo– y no de sectores, como fue el caso de la política industrial tradicional. En segundo lugar, el texto también revisa la situación actual de la industria, que “no es buena”, ya que “no hace tanto representaba el 14% del PIB”.
Como tercera característica, señala que “aumentó el carácter primario” de la industria uruguaya y que, aunque las más tradicionales agregan valor, “no agregan lo suficiente como para decir que generan conocimiento, innovación y demás”. En ese sentido, el diagnóstico es que se debe “repensar la política industrial” con criterios de “valor agregado, empleo, diversificar productos, diversificar mercados e innovar”.
Finalmente, se propone definir “cuáles son los sectores [por los] que deberíamos apostar en la industrialización”. Olesker mencionó el complejo forestal-maderero, porque tiene “una importancia muy relevante para agregar valor a lo que se exporta”, y el químico-farmacéutico, dado que la Asociación de Laboratorios Nacionales “es el 50% del mercado y la mitad de eso lo exporta”, al tiempo que “ocupa casi 7.000 trabajadores, la mitad mujeres”, e “innova mucho”. En tercer lugar está la maquinaria agrícola, ya que “producir la cadena de valor en el país es clave” y, si no es posible por problemas de escala, “por lo menos hay que tener cadenas de integración regional”.
Para apalancar esos tres sectores, Olesker sostuvo que Uruguay tiene una “cantidad enorme” de instrumentos en política económica que el documento releva. En ese universo, reivindicó que “las compras públicas son un instrumento impresionante” porque, en función del volumen de las empresas, se está “cerca de entre 8% y 10% del PIB” respecto a lo que se compra entre Ancap, UTE, Antel, OSE, MTOP, el MI y otros “grandes compradores públicos”.
“La ley de competitividad tiene como objeto facilitar a las empresas los costos del Estado sin que ello implique impactos sociales y sin tener que recurrir a los temas salariales”, indicó, por otro lado, sobre el proyecto de ley que este miércoles se vota en el Senado. Dijo que las facilidades también abarcan a las empresas nacionales y que los estudios marcan que los bajos niveles de uso de instrumentos se vinculan al “escaso conocimiento que las pequeñas y medianas empresas tienen”. En síntesis, la catalogó como una “buena ley” que va a “ayudar a ser más competitivo, a mejorar el control de los grandes oligopolios y de las grandes concentraciones, y tiene un efecto sobre los costos” que espera que se traduzca a los precios.
En otro orden, la planta de hidrógeno verde que HIF Global prevé instalar en Paysandú se encuentra demorada, entre otros elementos, por discrepancias entre el gobierno y la empresa con respecto al costo de la energía. Sobre este punto, el jerarca dijo que el MIEM apoya el proyecto y lo entiende como viable, pero “va a llevar tiempo su producción” y “hay que discutir con más precisión cuánto aporta el Estado para ese fin, en el entendido de que lo que se pide es demasiado”. En esa afirmación entra “todo”, aclaró Olesker, porque “es una inversión privada que requiere aportes del Estado para hacerlo viable, pero hay que saber hasta dónde la línea del Estado llega para aprobar un proyecto que es privado”.
Cruces por política exterior: “No se ha pasado ninguna línea”
La vicecanciller, Valeria Csukasi, valoró en el streaming Al weso que es “indiscutible” que Uruguay debería capturar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita el país, en función de la orden de detención que emitió la Corte Penal Internacional. Lo anterior le valió un cruce con el presidente Yamandú Orsi, quien señaló en rueda de prensa el martes que “con algo que no es un hecho hay que evitar cualquier opinión”.
Al respecto, Olesker dijo que vive estos cortocircuitos como “parte del proceso que tiene estar en el gobierno”, con el agregado de una “renovación generacional muy importante”, elemento que “ha hecho muy bien” por los perfiles que llegaron a los ministerios. Con todo, lo entiende como una adecuación a “un mundo mucho más convulsionado”.
No obstante, entiende que por el momento –en esta y otras diferencias entre el gobierno y el Frente Amplio– “no se ha pasado ninguna línea”. Apuntó que, aunque en los Consejos de Ministros de períodos anteriores se “debatía bastante”, “probablemente hay ahora un poco más de versión pública de esas discrepancias”.
Respecto del tema de fondo en este último cruce, indicó que por su ascendencia judía vive la discusión “con tensión”, aunque su postura es que “lo que está haciendo el gobierno de Israel es absolutamente contrario a los derechos humanos”.