El edil frenteamplista Juan Pablo Rocca, del Partido Socialista, realizó un pedido de informes a la Intendencia de Salto sobre la contratación de personal mediante organizaciones sin fines de lucro. Tras analizar las respuestas, afirmó a la diaria que “existen dudas sobre los procedimientos, los montos involucrados y la transparencia de estas contrataciones”.
Según Rocca, “la administración departamental utiliza la asociación civil Casa Abierta y la fundación Ruta de Impacto para contratar a más de 260 personas que prestan servicios en distintas áreas municipales”. El edil sostuvo que “esta modalidad permite incorporar trabajadores sin contabilizarlos dentro del límite del 4% establecido por la ley para las designaciones directas”.
La intendencia justificó la continuidad del mecanismo al considerar que resulta fundamental para garantizar los servicios esenciales y públicos. Para Rocca, “esta argumentación confirma la importancia que adquirió el sistema en el funcionamiento del gobierno departamental”.
Rocca explicó que “los estatutos de Casa Abierta, orientada a la atención de personas vulnerables y con problemas de adicciones, no establecen expresamente la prestación de servicios de recursos humanos”. En el caso de Ruta de Impacto, una fundación de Maldonado vinculada al desarrollo sustentable, el edil también cuestionó “la falta de claridad sobre esa actividad”.
Según la documentación que recibió el edil, “entre agosto y setiembre se destinaron más de 23 millones de pesos a ambas organizaciones, con cargo al programa 1101 de Secretaría General. Los trabajadores contratados cumplirían funciones de mantenimiento, servicios auxiliares, vigilancia y alimentación”.
El edil señaló que “el Tribunal de Cuentas observó las adjudicaciones por la falta de criterios objetivos en los procedimientos y por la ausencia de elementos suficientes para acreditar la experiencia y la especialización de las organizaciones en la provisión de recursos humanos”.
También cuestionó que “la intendencia supervise los contratos, las liquidaciones salariales y la selección del personal”. A su entender, “esto genera interrogantes sobre el papel efectivo que cumplen las organizaciones intermediarias”.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la documentación entregada por la intendencia. Rocca afirmó que “los nombres de quienes firmaron los contratos en representación de Casa Abierta y Ruta de Impacto aparecen tachados, lo que impide identificar a los responsables de las organizaciones”.
También consideró “poco claras algunas cláusulas contractuales, entre ellas una que establece pagos equivalentes al 5% de los recursos humanos destinados a programas sociales, deportivos y culturales”. Cuestionó que “se utilicen referencias generales y que los fondos se imputen a partidas de Secretaría General”.
El edil recordó que “el gobierno departamental había presentado este sistema como una alternativa para superar la modalidad de monotributos y cooperativas utilizada en el período anterior”. Sin embargo, sostuvo que “la información disponible no permite concluir que se hayan resuelto los problemas que se pretendía corregir”.
Rocca estimó que “de mantenerse el ritmo de pagos registrado durante esos dos meses, el gasto podría alcanzar los 150 millones de pesos anuales, considerando los ajustes correspondientes”.
Comparó esa cifra con los aproximadamente 240 millones de pesos que, según indicó, cuesta la construcción de la avenida Rodó. “No es proporcional, sobre todo porque cesaron a 291 funcionarios municipales diciendo que eran costosos, de que era demasiada gente, de que había que tomar una definición política para poder alivianar el costo, y al final terminan contratando por un monto muy importante, la mitad del costo de lo que sale hacer la obra de una avenida como es Rodó”.
En términos políticos criticó que “dirigentes de la Coalición Republicana que cuestionaron anteriormente a los monotributos, las designaciones directas y el clientelismo mantengan ahora silencio sobre estas contrataciones”. No obstante, reconoció que “la administración anterior también debe realizar una autocrítica por los excesos que pudieron haber existido”.
El Frente Amplio analiza posibles medidas
Rocca informó a nuestro medio que presentó “ante la Mesa Política del Frente Amplio un informe preliminar de casi 90 páginas con información sobre las contrataciones, los montos y la cantidad de trabajadores involucrados. La bancada deberá analizar también los pasos a seguir”, entre los que mencionó “un eventual llamado a sala a las autoridades departamentales o la intervención del Tribunal de Cuentas. Por el momento, no hay una decisión tomada”, aseguró.
El edil también expresó preocupación por “las responsabilidades laborales de la intendencia frente a los trabajadores tercerizados”. Como antecedente mencionó el caso de un trabajador que recibió una descarga eléctrica durante la tormenta de la madrugada del 18 de julio y que “actualmente se encuentra en un proceso judicial”.
Rocca sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos” y reclamó “mayor transparencia sobre los contratos, las organizaciones involucradas y las responsabilidades de cada parte”, subrayó.