Al asumir la Intendencia de Salto, Carlos Albisu dispuso el cese de 291 funcionarios al considerar que el convenio colectivo mediante el cual la anterior administración había otorgado permanencia a estos trabajadores “resulta claramente violatorio de normas legales y constitucionales”. Según expresó, “no corresponde haber intentado dejar como permanentes a 291 designaciones directas, muchos de ellos punteros políticos o personas que nunca cumplieron tareas municipales”, cuestionando a la gestión del intendente anterior, el frenteamplista Andrés Lima.
En este contexto, una de las funcionarias afectadas por el cese, Daniela Custodio, explicó a la diaria que el colectivo de los 291 cesados resolvió organizarse —ella integra la comisión de finanzas de este grupo—, con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para iniciar una demanda judicial contra la Intendencia de Salto, con la finalidad de lograr que la justicia revoque la decisión adoptada por el intendente.
Derechos vulnerados
Según detalló, muchos de los funcionarios cesados se encuentran en una situación laboral inestable o sin empleo fijo, lo que ha dificultado afrontar los costos legales que implica llevar adelante una acción judicial. Por este motivo se conformó una comisión destinada a coordinar actividades, campañas y otras iniciativas que permitan recaudar fondos, garantizando así la posibilidad de acceder a la vía judicial. Custodio destacó que la comisión trabaja de manera organizada y solidaria, buscando obtener los recursos necesarios, también mantener informado al grupo sobre cada avance y fortalecer el apoyo mutuo entre los afectados.
La representante subrayó que el objetivo central es alcanzar una resolución que permita revisar la medida y restablecer los derechos que, según entienden los trabajadores, fueron vulnerados por la decisión de la nueva administración departamental.
Inicio de la demanda
En la actualidad, 120 funcionarios lograron reunir los recursos económicos necesarios para iniciar acciones ante la Justicia, mientras que otros trabajadores cesados prevén hacerlo de manera independiente, por fuera del grupo que se organizó inicialmente. Esta diferencia responde, en gran medida, a las distintas realidades económicas y laborales de los afectados, así como a las estrategias individuales que cada uno ha decidido adoptar para encarar el proceso.
Daniela Custodio explicó que para dar inicio a las acciones judiciales se requiere un aporte aproximado de 10.000 pesos por persona, monto destinado a cubrir los gastos administrativos y costos iniciales del trámite legal. Señaló además que este paso es fundamental para formalizar el reclamo y avanzar en la búsqueda de una resolución que permita revisar la medida adoptada por la intendencia.
En cuanto a los plazos, indicó que el inicio de las demandas está previsto para el mes de mayo, detalló que, “hasta el momento, cinco de los trabajadores desvinculados han sido reincorporados a la intendencia por razones estrictamente humanitarias”, tras constatarse que atravesaban problemas de salud que hacían especialmente delicada su situación. A ello se suma que “cerca de 40 personas recuperaron su puesto de trabajo mediante acuerdos políticos alcanzados con la administración departamental”.
“Otro grupo de exfuncionarios ha decidido no avanzar con la acción judicial, en la mayoría de los casos debido a que no cuentan con los recursos económicos para afrontar los costos del proceso”. Esta realidad, afirmó, refleja las profundas dificultades que atraviesan muchos de los cesados, quienes quedaron sin ingresos estables y hoy dependen de apoyos puntuales o trabajos temporales.
A otros departamentos
Custodio señaló que el PIT-CNT brindó su apoyo a los trabajadores desde el comienzo del conflicto, particularmente en las gestiones orientadas a evitar que los ceses se concretaran. En ese sentido, afirmó que los funcionarios mantienen la convicción de que existió una violación del convenio colectivo, lo que sustenta su decisión de continuar reclamando por distintas vías.
Asimismo, destacó que la situación generada tras las desvinculaciones ha tenido un fuerte impacto social y económico en muchos de los afectados. Varios de ellos contaban con contratos de alquiler que hoy no pueden sostener, lo que los ha llevado a atravesar escenarios de marcada vulnerabilidad. A su vez, otros trabajadores se vieron obligados a trasladarse a distintos departamentos del país en busca de nuevas oportunidades laborales, enfrentando las dificultades que implica recomenzar en otro lugar.
Finalmente, subrayó que, pese a este panorama complejo, el colectivo continúa unido en su reclamo y en la búsqueda de alternativas que permitan revertir o mitigar las consecuencias de la situación.