En año preelectoral y con un trayecto de 11 años de aplicación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi, ex Femi) propone hacerle una serie de ajustes al sistema. Así lo difundió el jueves 18, en la XXVIII Ronda de la Cooperativa de Entidades Médicas del Interior, que se hizo en la Intendencia de Montevideo.

Según Cardoso, varios de los cambios apuntan a cumplir con los principios rectores del SNIS: la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud; la calidad integral de la atención; la elección informada de prestadores de servicios de salud; la eficacia y la eficiencia en términos económicos y sociales; la equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones.

Si bien se considera que la cobertura del SNIS es universal (la persona tiene cobertura por una mutualista, un seguro privado o por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASSE), no todos tienen cobertura por el Seguro Nacional de Salud (SNS). Por ejemplo, dijo que los trabajadores informales o quienes tienen muy bajos ingresos no están comprendidos en el SNS (en marzo eran 812.000 personas) y están obligados a atenderse en ASSE; otros colectivos importantes que no están cubiertos por el SNS son los trabajadores de las intendencias departamentales (si bien estaba prevista su incorporación, esto no se ha logrado y no se sabe cómo se hará) y los funcionarios de los ministerios de Defensa Nacional y del Interior (Cardoso señaló que 54.000 beneficiarios de Sanidad Militar y 58.000 beneficiarios de Sanidad Policial tienen cobertura simultánea en ASSE). Según detalló Cardoso, existen 242.000 personas con “múltiples coberturas”, y dijo que la mayoría de ellas son financiadas con fondos públicos. Recordó que la Ley 18.211 del SNIS estableció que “no se admitirá la doble cobertura de atención médica integral a cargo del Sistema” –no del SNS–, por lo que se está incumpliendo la norma. En diálogo con la diaria, Cardoso indicó: “Existen dobles coberturas pagadas con fondos públicos que, en definitiva, según lo que la propia ley dice, se pueden interpretar como elementos de ineficiencia, que proponemos que se empiecen a atacar”.

Por eso, Fepremi pide “avanzar en la universalización de la cobertura a través del SNS, con la inclusión de colectivos que hoy permanecen fuera de su alcance, trasladando al Fonasa [Fondo Nacional de Salud] los recursos presupuestales con que se financia su atención para que este reembolse las cápitas que correspondan al prestador que estos nuevos beneficiarios hayan elegido libremente”.

Para mejorar la accesibilidad al sistema, Fepremi propone homogeneizar las tasas moderadoras (varían, por ejemplo, si la cobertura la tienen por medio del Fonasa) y evaluar el impacto que tienen antes de introducir cambios. Se pide, además, “definir una política de inversiones de mediano y largo plazo que trascienda la mera reposición de tecnología”. Para mejorar la sustentabilidad de los servicios, se propone que las cápitas (lo que el Fonasa les paga a las instituciones por afiliado) contemplen la aleatoriedad de los eventos de enfermedad, la calidad y las nuevas inversiones de los prestadores de salud, y que se defina una metodología del modelo de determinación de las cápitas. Por otra parte, Fepremi pide que las metas operen como “un incentivo positivo con igualdad de criterios de exigencia y aplicación a todos los prestadores del SNIS” (ASSE no cuenta muchas veces con la información requerida). Además, reclama “avanzar en la definición del sistema de evaluación de la calidad asistencial basada en indicadores objetivos y auditables”.

Cardoso resaltó la necesidad de que el usuario pueda elegir libre e informadamente la institución de salud en la que puede atenderse. Pidió que se elimine el concepto de inamovilidad (vigente entre 2009 y 2017 durante la apertura del “corralito mutual”); que se habilite el cambio de prestador en cualquier momento y que se haga efectivo a los tres meses de solicitado; que la adscripción de oficio que hoy se hace sólo en ASSE se haga entre los prestadores integrales del departamento de residencia del usuario; y que después de estar un tiempo sin cobertura por el Fonasa, el usuario se reintegre al prestador al que estaba afiliado antes de perder la cobertura (de ese modo, quien se olvide de elegir prestador ya no se afiliará, como ahora, de oficio a ASSE). De esa forma, el usuario tendría más opciones, y Fepremi podría competir mayormente por usuarios que hoy capta ASSE de manera automática.

Cardoso recordó que ninguna de las instituciones de Fepremi ha estado en el banquillo de los acusados por intermediación lucrativa (estafa al Fonasa). Afirmó que al terminar con la movilidad regulada no se corre riesgo de incrementar ese delito porque, justamente, el plazo de inamovilidad de 36 meses de afiliación a una institución (antigüedad de afiliación que debe tener una persona para cambiar de prestador) es lo que ha llevado a algunas mutualistas a pagar hasta siete meses para conseguir a un afiliado que tendrán durante 36 meses y que, al eliminarse ese incentivo, se elimina el interés por ese pago. Fepremi propone que el cambio se haga efectivo a los tres meses de solicitado, por entender que el SNS “asegura un riesgo, no un siniestro” y que muchas veces la persona pide un cambio de institución cuando le pasa algo y piensa que en otra institución la pueden atender mejor; de esa forma, la institución que venía recibiendo la cápita compartirá el siniestro, que no recaerá sólo en la institución que reciba al afiliado.

Por otra parte, pidió “definir reglas claras de competencia de aplicación homogénea para todos los prestadores del SNIS” y señaló que hoy hay tensión entre competencia y complementación. Solicitó evaluar el grado de rezago tecnológico del SNIS y la posibilidad de “crear una nueva entidad” que controle el correcto funcionamiento del SNIS.