Las Instituciones de Asistencia Médicas Colectivas (IAMC) presentarán la próxima semana un recurso de revocación al Tribunal de Apelaciones contra la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios (CJPPU). La Caja informó que a partir de noviembre se cobrará un tique profesional de 160 pesos a cada examen y análisis efectuados a pacientes internados, cuando sean realizados por empresas tercerizadas.

En el recurso que las mutualistas presentaron en setiembre a la CJPPU, al que accedió la diaria, concluyen que “la resolución fue dictada en forma intempestiva y con grosera ilegitimidad” y que al hacerlo “invadieron” un ámbito reservado a la ley tributaria “sin contar con facultad alguna para hacerlo, lo cual determina su invalidez”. Este recurso provocó que el cobro del tique se retrasara un mes, según informó El Observador.

Fuentes de las IAMC aseguraron a la diaria que mantienen la postura inicial y que presentarán un recurso al Tribunal de Apelaciones esperando que esta acción “ya no corra”, porque “básicamente es incobrable”. Las mutualistas entienden que la forma en que la Caja puede cobrar esto es pidiéndole a una persona que deje una tarjeta de crédito en garantía antes de internarse, lo cual es “inviable” y que la mayor complicación está en que “nunca se sabe la cantidad de análisis que puede necesitar una persona cuando está internada y se le va a trasladar todo ese costo al usuario”. Por su parte, el director de la Caja afirmó, en declaraciones a El Observador, que esta norma ya está vigente, pero que recién se comienza a fiscalizar porque hasta el momento no contaban con los recursos para hacerlo; y agregó que son las mutualistas las que deben hacerse cargo del gasto.

Por su parte, las IAMC plantean que “no tienen la más mínima capacidad financiera para hacerse cargo de esto”, además de entender que “el timbre no se le aplica a la mutualista, el destinatario es el usuario. La caja no le cobra a la mutualista, se lo cobra a la persona que se hace el estudio”.

La Junta Nacional de Salud (Junasa) entiende que esta acción de la CJPPU “no es procedente”, según explicó a la diaria Nelson Sena, representante de los usuarios en ese organismo. El jerarca subrayó que “la Caja se atribuye derechos que no tiene”. “Todos los integrantes entendemos que es inmoral y los asesores legales lo vieron como improbable y descabellado”, agregó. Formalmente el tema no entró al orden del día de la Junta pero sí se han puesto en marcha estudios sobre la pertinencia del cobro. Consultado sobre quién debería hacerse cargo del costo en caso de que el Tribunal de Apelaciones falle a favor de la Caja, Sena comentó: “Sabemos que las mutualistas no lo van a pagar. Para cualquier persona que tenga la desgracia de estar internada va a ser un sobrecosto impresionante”. A título personal, Sena destacó que esta medida “es un abuso”, carece de “sentido común” y se lleva adelante solamente por “afán recaudatorio”.

Esta medida de la CJPPU no afecta a la Administración de Servicios Salud del Estado, que ya está exenta del cobro de tique profesional; ni siquiera en el caso de la compra de medicamentos se aplica este gravamen, como sí sucede en las mutualistas, por lo que a los usuarios de salud pública esta medida de la caja no los afecta.