La Ley 19.529 dispuso el cambio de atención en salud mental: apunta a la prevención, para lo que propone un modelo que haga un fuerte énfasis en la atención en el primer nivel, en policlínicas, de forma de evitar que los problemas se agraven. La hospitalización es considerada “un recurso terapéutico de carácter restringido” que “deberá llevarse a cabo sólo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social de la persona” y estipula que “será lo más breve posible”. También dispone “la desinstitucionalización” de las personas “mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas”, como residenciales de apoyo y centros de rehabilitación e integración psicosocial. La ley establece que las instituciones asilares y monovalentes –asilos y hospitales y sanatorios psiquiátricos– deberán cerrar en 2025.
Para avanzar en su implementación, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –que es la que tiene la mayor cantidad de personas internadas, tanto en el hospital Vilardebó como en las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi– firmó ayer un acuerdo marco de cooperación técnica con la Fundación Manantial, organización social sin fines de lucro formada por asociaciones de familiares con personas con problemas de salud mental que funciona en Madrid, España, desde 1995. Esta fundación aborda necesidades de atención social, empleo, tutela y reinserción en la comunidad de estas personas; algunos de sus integrantes habían venido a Uruguay a fines de setiembre, para analizar un posible acuerdo con ASSE para ayudar en este proceso de desinstitucionalización, así como lo han hecho en otras partes del mundo.
El acuerdo se plantea tres objetivos generales. El primero apunta a contribuir al diseño y la implementación “del proceso de externalización y atención en la comunidad a personas que actualmente están ingresadas en los servicios cerrados monovalentes de salud mental en ASSE”. El segundo consiste en la cooperación técnica de la Fundación Manantial a ASSE en una residencia asistida y dos casas de medio camino que ASSE pondrá en funcionamiento a partir de 2019, con el objetivo de lograr la recuperación y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, para evitar la institucionalización y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos –entre ellos, el de vivir en comunidad y tener un empleo, realizar actividades educativas y culturales, tal como indica el espíritu de la Ley 19.529–. El tercer objetivo es capacitar a los profesionales de salud mental de ASSE para que “desarrollen experticia en el modelo teórico y conceptual y en la práctica asistencial propia del modelo comunitario en salud mental”. Esto será todo un desafío para ASSE, porque implica el despliegue de estrategias sociosanitarias; hasta ahora, las que ha desarrollado han sido, básicamente, sanitarias. La gran apuesta es trabajar con un enfoque de derechos, en el que el usuario sea protagonista de su proceso de recuperación, evitando la cronificación. Un video que publicó el sitio web de ASSE reseña la experiencia de trabajo de la Fundación Manantial, en la voz de usuarios, técnicos y tutores.
El acuerdo se apoya en una alianza de cooperación bilateral entre España y Uruguay, en el marco del Programa de Cooperación Técnica para la implementación de la Ley de Salud Mental que se desarrolla por intermedio de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.