Desde hace más de 40 años, la Intendencia de Montevideo (IM) tiene un convenio con el CASMU por el que paga la cuota de salud de sus funcionarios más barata que la del resto de los usuarios del sistema mutual. Este año, el gobierno de Daniel Martínez decidió que el convenio no tenía por qué ser sólo con una mutualista, y busca abrirlo a otras para que sea posible elegir, manteniendo los actuales beneficios, explicó en diálogo con la diaria Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM.

La comuna abrió un llamado que se cierra el 21 de diciembre para que los prestadores de salud hagan ofertas, por lo menos con los beneficios que hoy brinda el CASMU. Unas 18.000 personas abarcadas por el actual convenio –entre ellas trabajadores de la IM, cónyuges, hijos y jubilados– tendrían la opción de cambiar de prestador, aunque tanto en el CASMU como en la IM se piensa que cuando se abra la posibilidad no habrá “grandes cambios”, porque mucha gente prefiere mantenerse con el mismo médico tratante.

La mayor diferencia en las bases del llamado es que el acuerdo de la IM con el CASMU implicaba pagar la misma “tarifa plana” por cada usuario, con independencia de su edad y sexo, pero ahora la comuna busca acercarse a la forma de pago del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con cuotas distintas según la edad y el sexo de la persona (los adultos mayores y los niños son “más caros” que los jóvenes, por ejemplo) y dejar de realizar un pago por la estimación, en promedio, del cumplimiento de metas asistenciales.

El presidente del CASMU, Gustavo Bogliaccini, dijo a la diaria que con este cambio la IM no pagaría “una parte de lo que se llama la ‘cuota salud’: acá entraría sólo la cápita, y lo que se paga por metas significa groseramente 5.000.000 de pesos todos los meses”, de modo que la mutualista perdería dinero aunque nadie decidiera abandonarla. Sin embargo, Brenta aseguró: “Esos cálculos no coinciden con los de la IM. El cambio no nos da una variante de número; no gastamos más ni menos, es prácticamente lo mismo pero es más justo”.

“La IM no busca gastar menos. El móvil que condujo a esta acción es el de la transparencia: igualdad para todos, tanto para los oferentes como para los beneficiarios”, afirmó el jerarca. En el CASMU entienden que la igualdad ya está dada en tanto un funcionario puede no adherir al convenio y estar en otra mutualista, sin que por ello la IM deje de pagar su cuota. La diferencia, según Brenta, es que si actualmente un usuario elige pasar del CASMU a otro prestador, pierde beneficios del convenio.

El CASMU considera que abrir esta opción de cambio es contradictorio con la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de no abrir el corralito mutual, ya que en este caso algunas empresas podrían beneficiarse con la intermediación lucrativa en afiliaciones. Para Brenta, “comparar esto con el corralito es absurdo”, porque “en el Fonasa debe haber más de dos millones de uruguayos, y en este caso la posibilidad de cambiarse es para unas 18.000 personas”. De todas formas, destacó que la IM estará atenta “a cualquier denuncia sobre intermediación lucrativa” y la derivará a quien corresponda.

Según el CASMU, el convenio que tenían vigente con la IM se prorrogó automáticamente por tres años el 30 de junio, ya que no hubo resolución contraria de la IM. Sin embargo, Brenta dijo que “el convenio tenía una cláusula que preveía un plazo para la renuncia previa, y desde la IM se hizo el anuncio”, así que “decir que sigue vigente es un argumento que no es cierto”. Para el CASMU, el fin del convenio implicaría “un gravísimo daño” a los funcionarios de la IM que ahora son usuarios y a la estabilidad financiera de la institución, ya que causaría la pérdida de “centenares de puestos de trabajo”, dijo Bogliaccini. Con base en estos argumentos, la mutualista presentó dos recursos administrativos, y ante la falta de respuesta evalúa iniciar un juicio para demandar “una reparación por decenas de millones de dólares”.