“Si la fecha límite del cierre de los manicomios es 2025, que se piense antes qué se va a hacer con la gente para reubicarla en la sociedad, porque no todos los que están adentro están locos ni todos los que están afuera están cuerdos”, le recomendó Gustavo Bautista, integrante de Radio Vilardevoz, al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Marcos Carámbula, el sábado, en la fonoplatea de la radio. Carámbula había asistido al preestreno de la película Locura al aire, que se estrenará hoy y que refleja el trabajo de Vilardevoz, un proyecto comunicacional que se desarrolla en el centro diurno del hospital Vilardebó desde 1997, gestionado por usuarios de salud mental junto a docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Conocedores de lo que se vive en el encierro, la desmanicomialización es una de las reivindicaciones de Vilardevoz, así como un nuevo modelo de atención basado en el reconocimiento de los derechos de los usuarios. Todos esos conceptos fueron incluidos en la Ley de Salud Mental que se aprobó en agosto de 2017, y que se propone, entre otras cosas, cerrar los asilos y hospitales psiquiátricos en 2025. Para eso, antes deberá crear otras estructuras de atención, por ejemplo casas de medio camino.

A ocho meses de su aprobación, la ley no se ha reglamentado y es muy poco lo que se sabe de su implementación –autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) no han querido hacer declaraciones–. Olga Azikián, de Vilardevoz, le preguntó una y otra vez a Carámbula cómo se implementará la ley; él se limitó a responder que ASSE está trabajando en el tema y que se está articulando con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y aclaró que el Vilardebó dejará de ser un centro asilar pero no desaparecerá, sino que se transformará para estar acorde con el nuevo modelo de salud mental, como establece la ley.

La aclaración no estaba de más. La base gremial de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) había colocado en las puertas del Vilardebó una pancarta que decía: “Carámbula, los trabajadores somos la verdadera voz de los usuarios”. Por otra parte, Pablo Silva, integrante del gremio, calificó en su perfil de Facebook la visita de Carámbula a la radio de “una total falta de respeto hacia los trabajadores del hospital Vilardebó”, porque no se había reunido previamente con ellos; se manifestó en contra del cierre del Vilardebó, reprobó los escasos recursos con los que trabajan y cuestionó las “malas experiencias” de las casas de medio camino.

Consultado por la diaria, Martín Pereira, presidente de la FFSP, transmitió la preocupación por el cierre de las colonias y del Vilardebó, y opinó que será muy difícil llevar adelante la ley si la Rendición de Cuentas no destina fondos para implementarla (se prevé, además, desarrollar planes para garantizar el acceso a vivienda, trabajo, educación y cultura). Pidió fondos para mejorar la atención en el Vilardebó y las colonias, y dijo que quiere saber cómo se van a implementar las casas de medio camino y si se van a privatizar.

Así como los participantes de Vilardevoz están ansiosos por ver los cambios que se implementen con la aplicación de la nueva ley –sobre todo en el trágico cruce que representa la asociación de la pobreza y la locura–, también lo están los familiares. Maris Pérez, secretaria de Caminantes-Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, dijo a la diaria que es un proceso lento porque implica cambiar paradigmas sociales, y señaló que “los tiempos políticos nunca se adecuan a las urgencias de los familiares y de los usuarios”. Expresó, además, que los familiares no quieren que con esta ley ocurra lo que ha pasado con otras: que luego de ser aprobadas no se reglamenten artículos básicos. Agregó que el MSP ha estado trabajando en la reglamentación de algunos artículos, pero no ha trascendido cuáles son ni qué se establece.

Según supo la diaria, el equipo de Salud Mental del MSP pidió a organizaciones de usuarios, familiares, sociales y a la academia que propongan candidatos para integrar la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental que, en la órbita del MSP, controlará la implementación de la ley.

María Josefina Plá, directora de la INDDHH, dijo a la diaria que la institución está recibiendo desde noviembre la notificación de todas las internaciones involuntarias, por orden judicial y de niños, niñas y adolescentes, así como todas aquellas que se prolonguen por más de 45 días, tal como establece la ley. Además de dar garantías de derechos, el monitoreo de las internaciones y de los centros de internación que hace la INDDHH arrojará luz sobre aquello que hasta ahora se ha escondido.

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