Representantes de los observatorios del derecho a la alimentación, tanto de la Escuela de Nutrición como de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), expusieron su preocupación ante los recortes en varios programas del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Ayer, en una actividad organizada por los sindicatos de trabajadores del Instituto y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se planteó que la seguridad alimentaria es un problema para Uruguay y que estos cambios van en detrimento de las personas más jóvenes y más pobres. Asimismo, se afirmó que al redirigir los recursos, parte de la población quedó desamparada en un derecho ya consagrado. Esto se entiende como una “regresión” que habilita a los afectados a recurrir a la Justicia, para que el Estado corrija la situación.

En julio, el INDA anunció modificaciones de cuatro de sus programas, y luego se mantuvo firme pese a la opinión desfavorable de muchos profesionales. Los principales afectados, según estos, son las embarazadas y los recién nacidos con riesgo nutricional, porque se dejó de ofrecer la prestación que complementaba sus ingresos y se cortó el suministro de leche fortificada. Sergio Turra, nutricionista del INDA y representante del gremio de trabajadores, dijo a la diaria que están monitoreando la situación en este primer mes de corte de los programas, y que por el momento la mayor sospecha que tienen es que las poblaciones afectadas se están volcando a otros programas del Mides, entre ellos los comedores. Sin embargo, apuntó que en muchas zonas del país se carece de ese servicio, y por tanto no hay forma de subsanar la quita de la prestación.

Juan Ceretta, abogado del Observatorio, comentó en el panel que, con respecto a las modificaciones de las políticas públicas del INDA, no hay que perder de vista que “el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos en general, y al derecho a la alimentación en particular, está signado a un principio clave que es el de no regresividad. Es decir que el Estado tiene derecho a modificar las distintas líneas que utilice en materia de derecho, pero la modificación no puede generar desamparo en los ciudadanos, debe garantizar igual o mejor nivel de cobertura. Si esto no ocurre, pueden acudir a la Justicia para reclamar que se mantenga la situación de protección que preexistía”.

En esta línea también opinó Gloria Canclini, licenciada en Ciencia Política: “El abordaje de la seguridad alimentaria con enfoque de derechos considera que el primer paso es reconocer que todas las personas tienen el derecho a la alimentación. La privación de alimentación a estos grupos debe ser vista como una negación de los derechos”. Canclini agregó que “el Estado tiene obligación de adoptar medidas para el ejercicio progresivo del derecho sobre la base de la no regresión”, y que cuando el Estado deja sin efecto avances conquistados esto “puede ser visto como una vulneración”.

El nutricionista Pablo Pereira compartió datos de varios estudios nacionales que demuestran que “no se ha podido volcar la bonanza económica en relación a nutrición, vivienda y educación”. Señaló también que en determinados barrios “los valores de inseguridad alimentaria llegaron a 63%”, y que son esas las poblaciones afectadas por los recortes del INDA. Advirtió que si no se vuelve a evaluar los riesgos nutricionales luego de las modificaciones, la situación puede quedar invisibilizada, “y pasa a ser lo que llamamos el hambre oculta”.