Garantizar el acceso a los medicamentos de alto precio es tarea del Estado. Es algo que tienen claro los gobiernos, los organismos internacionales de contralor, y sobre todo es algo que saben las empresas farmacéuticas, que cobran precios excesivamente altos porque apuestan a que quien esté pagando al final del día no sea una persona enferma, sino todo un país. Sobre este tema, la judicialización que hay detrás y el rol de las Naciones Unidas, la diaria habló con dos expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): Tomás Pippo Briant (TP), coordinador de la Unidad de Medicamentos, Tecnologías e Investigación Sanitaria, y Juliana Vallini (JV), especialista de la organización para el Fondo Estratégico y Acceso a Medicamentos de Alto Costo.

¿Cuál es el rol de los estados en la compra de medicamentos de alto costo?

JV: Hay que considerar el tipo de salud que tiene cada país y los modelos. Hay estados que compran una canasta de medicamentos en la que algunos no están incluidos y para obtenerlos hay una adquisición que se hace a través de seguros privados, o de distintas formas. En general, los países de la región han avanzado mucho en garantizar el acceso a medicamentos y tienen un compromiso político fuerte de hacerlo, siempre intentando incrementar el acceso y optimizarlo. Para eso se crearon varias estrategias, por ejemplo negociar conjuntamente o trabajar con el Fondo [Estratégico y de Acceso a Medicamentos de Alto Costo de la OPS], que permite adquirir todos los medicamentos que estén en el listado de esenciales.

Está en discusión si el Estado debería encargarse de la investigación independiente y ser productor de medicamentos.

TP: No necesariamente el Estado debe ser el productor de medicamentos; de hecho no es el camino predominante en ningún país del mundo, en general es el sector privado el que se encarga de producirlos. El Estado podría producir, hay determinado tipo de medicamentos que son para atender enfermedades en las que la industria farmacéutica no encuentra ningún atractivo comercial y que se verían abandonados de otra manera. Producir es una cosa, investigar es otra. En el campo de la investigación tenemos un poco de mix; hay veces que la investigación básica es más realizada en universidades financiadas con fondos públicos, mientras que la investigación aplicada es más realizada por la industria. Hay toda una corriente de investigación transnacional, que apunta a que la investigación sea enfocada en un proyecto que termine en un producto final.

Un elemento que llama la atención es la diferencia de precios entre países para el mismo medicamento.

TP: Vemos en el mismo medicamento asimetrías en los precios, y ahí hay que mirar a la industria farmacéutica, que para determinados medicamentos, sobre todo aquellos que son monopólicos, discrimina precios según el país y no se ajusta al poder adquisitivo sino de acuerdo a la capacidad de negociar. A veces elige aumentar el precio en un país porque es el de referencia para la región, es muy complejo realmente. Ahí se refuerza la idea de unión de los países; cuando actúan en conjunto enfrentan esas situaciones en bloque y así consiguen un precio uniforme.

Las compras conjuntas más frecuentes son las vacunas, ¿no?

JV: En el caso de las vacunas todos los países de la región compran por el fondo de la OPS. Esto viabiliza el poder de negociación, pero es un mercado diferente al de medicamentos por la planificación estructural y por el propio mercado de vacunas, que es un poco diferente.

¿Cómo es el mercado de los medicamentos?

JV: La planificación de medicamentos es un poco diferenciada porque los países intentan planificar en sus cronogramas de acción; uno compra en marzo y otro compra en setiembre, por ejemplo. Percibiendo que hay esta diferencia, la OPS logró algunos avances en acuerdos con algunos de los actores para garantizar el precio de forma estable, y cada país pone su demanda en el tiempo que le sea favorable. Para otras enfermedades, por ejemplo las desatendidas, como el chagas, la malaria o la leishmaniasis, es necesario entender verdaderamente cuál es la demanda, porque para producir hay que tener una sistematización un poco más estructurada. En casos como los medicamentos de altísimo costo, suele ser un poco más complicado sistematizar la demanda porque la industria farmacéutica en general tiene la tendencia de visitar país a país y trabajar mucho con la diferencia de información en cada uno y hace negocios específicos, entonces esa concentración de la demanda es más complicada.

Otra de las estrategias de la industria es incentivar la judicialización para que los usuarios obtengan algunos medicamentos, ¿por qué lo hace?

TP: El problema es que estos medicamentos en particular suelen ser mercados monopólicos, en los que hay una sola empresa. Saben que si no les compran a ellos, no hay otra opción; saben que del otro lado hay un paciente, alguien que la está pasando muy mal, alguien que puede terminar hasta con la muerte. Quien produce el medicamento va a aprovechar toda su capacidad de negociación para mantener el precio que le dé más ganancia, porque sabe que en la otra parte hay una necesidad. Por eso encontramos ejemplos de medicamentos que cuestan 700.000 dólares el primer año de tratamiento y 300.000 dólares por año, durante toda la vida. ¿Qué persona puede cubrir eso? No existe. ¿Por qué lo cobran? Porque en realidad saben que quien lo va a terminar pagando es un país. Entonces bajar el precio sería fácil en un mundo altruista, en el que quienes hicieran medicamentos tuvieran como objetivo salvar vidas, pero el mundo no es ese.

Sobre la judicialización parece haber dos bibliotecas: una que asume que es el último recurso y otra que indica que no es el mejor camino. ¿Ustedes cómo lo ven?

TP: Nosotros hablamos de judicialización muy ampliamente. Lo que llamamos judicialización es el uso de garantías constitucionales y legales en las que la población se pueda amparar para pedir que su derecho sea cubierto. A veces esa herramienta es utilizada correctamente: el paciente necesita un medicamento que está incorporado en la lista priorizada, el Estado se comprometió con la sociedad a entregárselo y por una circunstancia cualquiera, no lo está haciendo. El ciudadano va a la Justicia, legítimamente reclama eso y el Estado debe entregárselo. Pero hay otro uso que es más oportunista: con el fin de generar lucro, [las empresas farmacéuticas] incentivan la utilización de este mecanismo para que se paguen precios exorbitantes por medicamentos. Es un uso oportunista de una herramienta legítima para cobrar precios caros sobre la base de la necesidad de una persona. Ese es el foco del problema: la persona tiene derecho, pero ¿por qué hay que pagar este precio? Cuando uno va a cubrir la necesidad de esa persona, que tiene derecho a tener medicamentos, está dejando otras necesidades. Quien tiene la responsabilidad de decidir pagar ese precio exorbitante debería considerar esta consecuencia también.

JV: Otra situación es cuando hay alternativas terapéuticas. Uno puede tomar un medicamento A ofertado por el Estado pero se judicializa un medicamento B, que es un equivalente terapéutico, entonces ¿se justifica o no el juicio? No es un cuestionamiento al derecho a hacerlo, sino para evitar las distorsiones.

¿Creen que los laboratorios llegan a distorsionar la información que llega a los usuarios?

TP: La información es un concepto amplio; cuando los jueces nos reclaman asistencia para tener una mejor interpretación del caso se necesitan propuestas, como hay en algunos lugares, de núcleos preparados para recibir consultas del Poder Judicial y dar una respuesta basada en evidencia. Por otra parte, se puede hablar de propaganda médica; los médicos nunca deberían considerarla como evidencia científica [porque] obviamente siempre van a colocar los aspectos positivos de un producto sin mencionar los negativos o las alternativas. Confiamos en que el médico es un profesional, y va a saber distinguir.