Empezó a discutirse la implementación de la recertificación médica

Que el médico esté actualizado y demuestre tener las competencias para ejercer su profesión es un aspecto importante que hace a la calidad de la atención. Desde hace más de dos décadas existen esfuerzos en nuestro país para que los médicos recibidos que continúan perfeccionándose obtengan un aval de los nuevos conocimientos adquiridos. En 1992, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) aprobó una resolución con el fin de crear un procedimiento para evaluar en forma continua el nivel de los conocimientos de graduados y especialistas –como señaló la Revista Médica del Uruguay en la edición de marzo de 2014–, pero hasta ahora no se había llegado a un acuerdo sobre la forma de implementar un sistema más abarcativo. Para avanzar en este asunto, en 2016 se creó la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica (Ceprem), que está integrada por el Colegio Médico del Uruguay (CMU), el Ministerio de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina y la Escuela de Graduados de la Udelar.

El jueves esta comisión presentó un documento sobre las recertificaciones médicas que será puesto a consideración de las comunidades científicas. Diana Domenech, integrante de Ceprem en representación del CMU, explicó a la diaria que la comisión propone avanzar por etapas hacia un Programa Nacional de Recertificación Medica Voluntaria. “Proponemos un cronograma que no tiene que ser estricto”, aclaró. La primera fase, que es de discusión de los criterios y contenidos, está proyectada para que termine en marzo de 2020, pero aclaró que “si producto de esa discusión necesitamos extender los plazos, los extenderemos. Queremos generar un programa con criterios acordados lo más amplio posible”, dijo Domenech en el marco de la charla “Hacia la Recertificación Médica Nacional” que dio en la XXVIII Ronda de la Cooperativa de Entidades Médicas del Interior en la Intendencia de Montevideo.

Domenech destacó, tanto en la presentación del documento como en diálogo con la diaria, que se tratará de un proceso voluntario, tanto para la sociedad científica como para los médicos. “Tenemos la convicción de que para iniciar el proceso en nuestro país es necesario que sea voluntario; va a ser así durante mucho tiempo y tal vez para siempre. La idea es que el médico entienda que nadie le va a tomar un examen, nadie le va a sacar el título, no va a ser evaluado por otra persona que no sea un par y no se le van a pedir cosas tan diferentes de las que ya hace en su práctica cotidiana”, expresó, como intentando tranquilizar. Añadió que la idea es que los médicos se “apoderen” del proceso como “algo que los va a beneficiar en su praxis profesional, va a beneficiar al usuario y al sistema en su conjunto”.

La propuesta es que la certificación tenga un plazo de validez de cinco años: el profesional deberá iniciar el proceso y, si cumple con los créditos que se le exigirán, a los cinco años deberá volver a presentarse. “Lo que se estará evaluando es que tengan competencias y habilidades actualizadas en la profesión, de acuerdo a determinados valores éticos, en consonancia con los avances tecnológicos y los cambios en el sistema”.

Sobre las dudas que había generado la propuesta entre algunos de los profesionales, Domenech dijo que ahora lo que tendrán que hacer es “presentar los documentos de forma objetivable, debidamente certificados”. Por ejemplo, que el jefe de servicio acredite la cantidad de pacientes que vio el médico en un año y que los datos de usuarios correspondan a los del sistema.

Según lo que se explicó en la charla, no sólo se deberá demostrar que el saber disciplinar está actualizado, sino también tener “competencias que atraviesan a todos los médicos, independientemente de las especialidades”. Entre esas competencias, mencionó “la ética profesional, los aspectos médico-legales, la formación en comunicación, el conocimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y sus principios rectores, así como conocimiento sobre la gestión clínica”. Aclaró que estas son “competencias transversales” que “se definieron en función de las opiniones de las cátedras de las sociedades científicas que propusieron estos temas”.

Los saberes transversales tendrán 30% de la carga de los 200 créditos, mientras que las competencias longitudinales –relativas a la especialidad– tendrán 70%.

Con relación a la situación del país, Domenech dijo que Uruguay tiene un camino recorrido en la presentación de documentación, “pero nunca se ha logrado dar el siguiente paso”, que es la valoración de esa información y su ponderación en un sistema de créditos; en eso es en lo que se pretende avanzar ahora.

Consultada por uno de los asistentes sobre los costos, Domenech respondió que es algo que aún no está definido, pero que se deberá discutir en los próximos meses.