Películas, libros y series recrean a menudo una realidad poco difundida: la venta de órganos y tejidos. “Es un tema muy complejo en el mundo, hay historias que tienen que ver con irregularidades de todo tipo”, explicó ayer el ministro de Salud, Jorge Basso, quien aseguró que en Uruguay estos procedimientos y los recursos se utilizan “con total transparencia, siguiendo el orden de prelación establecido para pacientes que necesitan los órganos”. En palabras de Milka Bengochea, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT): “Todos los pacientes [del Sistema Nacional Integrado de Salud] integran la misma lista de espera independientemente del lugar donde se asistan, sea en Montevideo, sea en el interior, en lugares públicos o privados”.
En 2018 se hicieron en Uruguay 204 trasplantes de órganos y 399 injertos de tejidos. “600 uruguayos pudieron beneficiarse mediante este tipo de trasplantes”, resumió Bengochea. Las autoridades presentaron ayer el balance de 2018. Aumentaron los trasplantes, y creció la tasa de donantes: 23,78 por millón de población. La media en América Latina está alrededor de 13 donantes por millón de población, y en Argentina y Brasil están alrededor de 15 donantes por millón, contextualizó Bengochea. Pero se puede mejorar y en eso se mira, por ejemplo, a un “país pionero” en este tema como es España, que, según el año tiene una tasa de 45, 46, 48 donantes por millón.
En 2018 hubo 1.801.176 potenciales donantes. El número creció exponencialmente en 2013, tras la modificación de la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos, que establece que “toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante [...] se presumirá que ha consentido a la ablación [extirpación de un órgano o un tejido] de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos”. También ha caído el número de personas que realizan expresión negativa. El número de potenciales donantes no abarca a toda la población porque hay que restar la expresión negativa de alrededor de 500.000 personas que ya habían expresado su negativa a donar sus órganos y tejidos, y a los menores de edad y a las personas incapaces, para quienes la Ley 18.968 dispone que “el consentimiento a la ablación deberá ser otorgado por su representante legal, al momento de constatarse el deceso”.
Desafíos
A diciembre de 2018, 420 personas esperaban por un trasplante (renal, en su mayoría, y, en menor medida, cardíaco, pulmonar y hepático). Basso reafirmó, como ya se había anunciado en 2018, que se creará una red nacional de donación y trasplante, para agilizar la captación de pacientes con muerte encefálica. Hasta ahora, cuando un paciente tiene muerte encefálica el Fondo Nacional de Recursos le paga a la institución en la que está internada para que la mantenga en condiciones que permitan hacer el trasplante; las ablaciones son hechas por técnicos que envía el INDT. El ministro dijo que se buscará generar estímulos “para que algunas de las ablaciones las puedan hacer técnicos capacitados de la institución; eso generaría mayor eficiencia y optimización del tiempo de recursos”.
Si bien las instituciones de salud tienen la obligación de comunicarle al INDT todos los fallecimientos, el instituto insiste en que se cumpla ese requisito. “Muchas veces puede pasar que el fallecido por alguna razón médica se excluye como potencial donante”, pero en verdad es el INDT el encargado de “filtrar la posibilidad de que esa persona se convierta en donante”, recordó Bengochea.
Por otra parte, el INDT apuesta a trabajar con la ciudadanía. “Solamente con el instrumento legal no se modifica la tasa de donación”, dijo, y comentó que “en algunos países europeos la cultura a favor de la donación hace que la familia esté reclamando muchas veces que se cumpla con esa oportunidad” de que el fallecido se convierta en donante, opción que aparece “como una alternativa, en algunos casos sanadora”. Dijo que la baja cantidad de negativas que presentan las personas desde que se aprobó la Ley 18.968, así como el bajo número de expresiones negativas de familiares ante fallecimientos de menores de edad, muestran que la sociedad uruguaya tiene una actitud “madura” y que “es solidaria”.
También se trabajará para que los donantes no sean sólo quienes tienen muerte encefálica, sino también quienes tuvieron un paro cardíaco (por la causa que sea), que es de la forma que fallece más de 99% de las personas, explicó Bengochea en diálogo con la diaria. Eso es, por ejemplo, lo que hace España, en donde uno de cada cuatro donantes tienen parada cardíaca (se les llama “donantes en asistolia”). “Uruguay lo puede instrumentar. Ha habido varios proyectos en el instituto y este año queremos avanzar en una propuesta. Tiene que haber cierto consenso de la ciudadanía y del ámbito sanitario para que todo el mundo tenga la mayor confianza en el sistema. Queremos progresar y caminar este año hacia la posibilidad de tener donantes en asistolia, porque permitiría salvar más vidas”, anunció Bengochea.