En 1971 Uruguay aprobó una ley sobre la atención de salud de las personas con diabetes que incluía también disposiciones sociales y laborales; en su momento fue una ley de avanzada en la región, pero ahora nadie duda en señalar su desactualización. Por eso hace más de diez años que las organizaciones sociales, como la Fundación Diabetes Uruguay (FDU) y la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), trabajan para que se apruebe un nuevo marco normativo. Con esa intención, la FDU elaboró un anteproyecto de ley que fue presentado por diputados de la oposición a la Comisión de Salud de la cámara baja en junio de 2018. Un mes después, los diputados del Frente Amplio (FA) Luis Enrique Gallo, Gerardo Núñez y Roberto Chiazzaro presentaron un proyecto alternativo, que coincidía en muchos puntos con lo propuesto por la FDU.

La principal diferencia entre ambos estaba en que el proyecto impulsado por la FDU explicitaba la conformación de los equipos interdisciplinarios de salud –pedía que estuviera integrado por diabetólogo, endocrinólogo, nutricionista, licenciado y auxiliar en Enfermería, psicólogo, médico deportólogo, podólogo, licenciado en Trabajo Social, educador en diabetes– y proponía que el Poder Ejecutivo exonerara de impuestos elementos e insumos usados para el control y tratamiento de la diabetes. Siguiendo un lineamiento del Ministerio de Salud Pública (MSP), que ha preferido no crear leyes por patologías, el proyecto oficialista incluía una mención a las enfermedades no transmisibles, al mencionar lo que les corresponde hacer al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y a los prestadores.

Otro capítulo

El 10 de abril, los diputados Gallo y Walter de León (ambos del FA), Martín Lema y José Quintín Olano (Partido Nacional) y Nibia Reisch (Partido Colorado) presentaron a la Comisión de Salud un nuevo proyecto de ley. El texto es muy similar al que habían elaborado los diputados oficialistas: tiene cambios mínimos en la redacción –por ejemplo, su título, en lugar de “Diabéticos”, se denomina “Diabetes y enfermedades no transmisibles”–, y la variación más relevante es que propone constituir una Comisión Honoraria de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que funcione dentro del MSP.

En líneas generales, expresa que los prestadores del SNIS deben cumplir con “la capacitación, educación, el tratamiento y el control sanitario de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles”, así como prevenir factores de riesgo, hacer diagnósticos gratuitos y cumplir con la atención y el tratamiento. Propone que las personas en situación de vulnerabilidad social y económica accedan a una alimentación saludable a través del Instituto Nacional de Alimentación. Establece que la diabetes, por sí sola, no inhabilite el desempeño de una actividad laboral o educativa; garantiza el derecho de las personas con diabetes a atender durante su jornada laboral, educativa o deportiva sus necesidades alimentarias, de control y de medicación. El Instituto Nacional de Rehabilitación deberá implementar medidas apropiadas para que personas privadas de libertad que tengan diabetes dispongan de los elementos para el tratamiento y autocontrol, así como para que se les proporcione una alimentación adecuada. Tal como proponían los otros proyectos, se deroga le Ley 14.032 de 1971.

Gallo fue quien le dio forma definitiva al texto. En diálogo con la diaria, el diputado aseguró que la comisión lo tratará en mayo y que la idea es “mejorar lo que haya para mejorar y tratarlo rápidamente”. “Esta ley sale el mes que viene”, afirmó. Consultada por la diaria, Reisch valoró el acuerdo alcanzado, aunque señaló que habrá puntos que se deberán “incluir en otra oportunidad, como la exoneración tributaria para quien importe elementos para asistencia”. Lema, que acompañaba el proyecto de la FDU, dijo a este medio que se priorizó “la necesidad de buscar consensos para aggiornar la ley”, para lo que se buscaron los puntos en común con la intención de que el proyecto “sea realista”.

En diálogo con la diaria, tanto Gisele Mosegui, presidenta de la FDU, como Javier González, gerente de ADU, saludaron los derechos que garantiza el nuevo proyecto, pero se mostraron preocupados por lo que no contiene, como la conformación que deben tener los equipos interdisciplinarios y el acceso a mejores tratamientos; Gallo afirmó que eso será incluido en la reglamentación, proceso en el que las organizaciones aspiran a ser consultadas.

González remarcó que se debe garantizar que las personas tengan acceso al tratamiento que requieran, que no es igual para todos, y que se tenga en cuenta la necesidad de acceder a medicación innovadora, puesto que “lo que es último en Uruguay ya tiene entre diez y 15 años en el mundo”. Tanto González como Mosegui cuestionan que el proyecto no asegure la educación en diabetes, una profesión específica que es clave para que la persona pueda tomar sus propias decisiones, y señalaron la conveniencia de contar con un registro de personas con diabetes –a nivel mundial se estima una prevalencia de 8,5% en la población adulta–. González preguntó si así como existe una Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y otra cardiovascular, existirá otra de diabetes, y además si habrá una que englobe a todas las enfermedades no transmisibles.