Uruguay fue sede esta semana de la reunión técnica “Salud universal y rol del sector privado: desafíos regulatorios de las autoridades nacionales de salud”, en la que participaron técnicos de varios países de la región junto a especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Unión de Naciones Suramericanas. Ernesto Báscolo es asesor regional en Gobernanza, Liderazgo, Políticas y Planificación en Salud de la OPS y en diálogo con la diaria comentó las primeras conclusiones de una reunión que calificó de muy productiva, en la que se vio a Uruguay como un ejemplo en varias áreas.
“El sector privado tiene un rol más grande de lo que uno cree en muchos de los sistemas de salud y ha crecido mucho en las últimas dos décadas. Hay un consenso a nivel global de la necesidad de regular al sector privado de forma tal de garantizar que su participación esté alineada con los objetivos del acceso universal a la salud”, aseguró Báscolo. A pesar de que la situación de cada país es muy disímil como para llegar a conclusiones generales, se puede afirmar que en la región “hay desafíos muy importantes en la capacidad de regulación y fiscalización sobre el sector privado, que cada vez más administra un mix de recursos públicos y privados, como pasa en Uruguay”. A diferencia del Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo, que regula los recursos que maneja cada prestador según la cantidad de afiliados, el sexo y la edad, en países como Argentina y Chile no hay ningún tipo de regulación y los privados manejan recursos con poco contralor.
La insistencia en la regulación se debe a que sólo a través de ella se pueden alinear los objetivos de las empresas privadas con el objetivo de la salud universal, que busca “que la población tenga capacidad de acceder a la salud según sus necesidades y no en función de su capacidad económica. El sistema tiene que estar regulado de forma tal que las personas paguen en función de lo que ganan, pero reciban en función de sus necesidades”, subrayó el consultor.
En muchos ámbitos, y la salud no es la excepción, el sector privado busca adaptarse a las distintas realidades para generar ganancias y en procesos de cambio constante a veces “la autoridad sanitaria corre de atrás a esos intereses privados”, dijo Báscolo. Por eso, afirmó que “hay que tener la inteligencia para ver cuál es la dinámica [que siguen las empresas], cómo se mueven, y anticiparse a ciertos movimientos. Las motivaciones del sector privado no necesariamente buscan condiciones de equidad”. Agregó que “el desafío” es que los mecanismos de financiamiento de las empresas se articulen con un modelo basado en la atención primaria.
Por medio de la regulación y la fiscalización del sector privado se busca mejorar la equidad en el acceso a los servicios de salud. Eso, según Báscolo, no implica sólo que las personas estén cubiertas, sino también “garantizar una mayor asignación de recursos para aquellos que más lo necesitan”. Según el consultor, para que eso pase “se requiere seguir reforzando los mecanismos solidarios de asignación de recursos, porque en el camino van pasando cosas, como una población que envejece, presiones fiscales más fáciles en un determinado período y más difíciles en otros, la incorporación de tecnología con mayores costos. Son nuevos desafíos que vienen de la mano con el acceso”.
Uruguay como ejemplo
Los técnicos concordaron en que “hay mucho por aprender y Uruguay tiene mucho por enseñar al resto de los países” de la región, transmitió Báscolo. Detalló que “Uruguay apunta a un modelo muy alineado con la salud universal”, y explicó que “cuando uno hace un análisis comparativo de distintos países de la región siempre se toma la reforma de Uruguay como una reforma emblemática, no solamente por la mayor cantidad de recursos públicos, sino por mecanismos de regulación que buscan garantizar la solidaridad en la asignación de esos recursos”.
Otro de los puntos en los que se destaca Uruguay es la implementación de la Junta Nacional de Salud (Junasa), que trabaja en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Según apuntó Báscolo, en otros países la regulación se concentra en una superintendencia, que funciona en relación con el Poder Ejecutivo pero con independencia de este. Para el consultor, la Junasa tiene “muchas virtudes que se preponderan”, como su vínculo directo con la autoridad sanitaria y la conformación que reúne actores de distintos ámbitos.
En la otra cara de la moneda, Uruguay aún tiene desafíos que debe sortear. Con respecto a la Junasa, Báscolo señaló que “se podrían fortalecer los elementos de regulación y fiscalización”, aunque aclaró que eso implica “más recursos y una estructura con equipos técnicos especializados”. De esta forma se podría evitar “la letra muerta, que en el papel queda muy bonita pero en la práctica no tiene aplicación”. Además, resaltó que Uruguay “tiene las virtudes de un país chico, con la confianza que eso construye; pero, por otro lado, cuando todos se conocen a veces generar ese rol de policía termina siendo un desafío”.