La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), la Asociación de Psiquiatras del Interior y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia emitieron hace dos semanas una declaración en la que denunciaron el deterioro de la atención en salud mental en centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Principalmente, reclamaron por la falta de psiquiatras, el “desarmado de equipos” y la falta de espacios a los que derivar a personas que están internadas en el hospital Vilardebó o a niños que ya tienen el alta hospitalaria.

El jueves el colectivo Radio Vilardevoz y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) emitieron un comunicado en el que critican la actitud de las asociaciones de psiquiatras, y el viernes se expresó Caminantes, la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental.

Enfoques opuestos

Una de las principales críticas de Vilardevoz y Serpaj a los psiquiatras apunta al centralismo de la psiquiatría en un modelo asistencial que debe ser interdisciplinario, tal como lo dispone la Ley de Salud Mental, aprobada en 2017. Según los colectivos, eso se trasluce en denominaciones como “pacientes psiquiátricos”, algo que es definido por una sola disciplina, prescindiendo de “la situación familiar, social, económica, habitacional” de las “personas con padecimiento psíquico”. “Este tipo de declaraciones constata acciones, prácticas y discursos que apuntan a la defensa de prácticas y formas de atención basadas en lo biológico, lo sanitarista, la medicalización y la hospitalización. El modelo médico psiquiátrico hegemónico muestra hoy su fracaso a nivel de la atención tanto pública como privada, ya que no ha hecho más que silenciar, encerrar, abandonar, excluir y medicalizar las complejas problemáticas que se integran en la llamada salud mental”, expresaron.

Criticaron, también, que las declaraciones de los psiquiatras se hagan “luego de un silencio de varias décadas” y durante la puesta en marcha de la Ley de Salud Mental. “Es crucial entender que no se trata sólo de un tema de calidad de asistencia, sino que antes es un tema de derechos humanos”, dicen, y agregan que la situación se agrava cuando la persona está en situación de pobreza.

En su declaración, los psiquiatras habían señalado el colapso del hospital Vilardebó; los colectivos apuntan que no es lo mismo “cerrar una institución cuestionada como el Vilardebó que cerrar las clínicas privadas psiquiátricas”, y deslizan que detrás está la “mercantilización de la salud mental”. Sin rodeos, afirman que el movimiento de las sociedades de psiquiatría parece querer sostener “un lugar de poder y de defensa de ciertos privilegios, además de demostrar una autoconsideración de superioridad del colectivo médico psiquiátrico”, y “sabotear las posibilidades de transformación”. Reafirman que es necesario proponer abordajes familiares y comunitarios, que trabajen desde el territorio.

No sólo a nivel público

Caminantes coincidió con las asociaciones de psiquiatras en “las dificultades de acceso a la atención en salud mental en particular en el interior, falta de psiquiatras, falta de medicación en ocasiones, débil coordinación entre la atención primaria y los especialistas” y advirtió que eso ocurre porque “no se llenan los cargos de psiquiatras, aun cuando se ofrezca ‘dedicación total’ con mejores salarios”.

Al tiempo que cataloga como “un gran paso” la aprobación de la Ley de Salud Mental, Caminantes señala su preocupación porque el comunicado de los psiquiatras sólo incluye demandas para ASSE, “que está implementando un nuevo modelo de atención” –no sin dificultades, aclara– mediante la creación de camas para salud mental en hospitales generales, casas de medio camino y centros de rehabilitación: “Nos preocupa que no se interpele al prestador privado, donde ocurren también severas vulneraciones de derechos en la atención a la salud mental”. Caminantes denuncia que desde las mutualistas y los seguros de salud “hay un total silencio con relación al nuevo modelo de atención que plantea la ley”. Agrega que “salvo pocas excepciones” no se cumple con la atención psicológica que dispuso el Ministerio de Salud Pública [MSP] en 2011, y que las instituciones privadas no cumplen “con la ley que establece que la internación por salud mental no tiene límite de tiempo (antes eran 30 días) y muchos prestadores privados presionan a los psiquiatras para dar altas anticipadas”.

Movimientos

Según supo la diaria, el MSP hará un relevamiento de los especialistas en psiquiatría y armará un plan de contingencia. Hace unos días, los colectivos de psiquiatras se reunieron con autoridades de ASSE y juntos trabajarán en la implementación de algunos cambios. Se propone crear mecanismos para favorecer la radicación de psiquiatras en el interior del país y, en el mediano plazo, fomentar cupos para cursar la residencia de esta especialidad en el interior del país.

Fuentes de ASSE explicaron a la diaria que los departamentos con mayores problemas en este momento son Treinta y Tres y Artigas, que tienen cuatro vacantes en psiquiatría en cada uno. El centralismo capitalino es real: 80% de los psiquiatras está en Montevideo y eso afecta también a mutualistas del interior, aunque de una manera menos grave que ASSE, que tiene sueldos inferiores.