Un hombre de 84 años tuvo un infarto el 22 de julio, frente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Quienes acudieron a reanimarlo atinaron a usar dos desfibriladores del MSP, que no funcionaron, por lo que recurrieron al de otro organismo de la zona. No lograron reanimarlo porque el hombre tenía una asístole, que es la ausencia completa de actividad eléctrica en el tejido muscular del corazón, y el desfibrilador no resuelve esa situación. Cuando llegó la emergencia móvil, le aplicaron inyectables, pero no fue posible evitar su fallecimiento.

El senador nacionalista Javier García citó, entonces, al ministro de Salud, Jorge Basso, a la comisión de Salud del Senado. La reunión tuvo lugar ayer de tarde y duró dos horas. Al salir, Basso rescató, en diálogo con la prensa, que el episodio permitió constatar que “en tiempos más que rápidos” personal administrativo del MSP y de otros organismos públicos y privados de la zona auxiliaron al hombre y le hicieron reanimación cardiovascular “porque habían recibido cursos de capacitación”. Destacó que esos cursos se impartieron en cumplimiento de la Ley 18.360, de 2008, que obliga a instalar desfibriladores en los establecimientos públicos y privados que reciben gran afluencia de público. “Los procedimientos de reanimación fueron efectuados tal cual corresponde. El desenlace es de lamentar, pero no estuvo vinculado al problema del desfibrilador, porque se aplicó lo que se recomienda: la reanimación externa, el masaje cardíaco externo bien realizado por persona idónea, y cuando se aplicó el desfibrilador no tenía su indicación, porque estaba en una asistolía”, detalló, y aclaró que la emergencia móvil llegó en pocos minutos.

Según Basso, los desfibriladores “habían sido recientemente revisados”: se había verificado su estado siguiendo la guía del operador del equipo, que indicaba que si la luz estaba correctamente encendida, estaba en condiciones. Basso declaró que iniciaron contactos con operadores para asegurarse de “que el mantenimiento sea hecho por el personal idóneo”.

Hay 3.500 desfibriladores en el país, pero se desconoce su estado. Alegó que hay 14 proveedores de desfibriladores y que no todos son iguales, por lo que tienen diferente tipo de mantenimiento, y subrayó la responsabilidad de los proveedores: “Hay una firma responsable que trae ese equipo y que cuenta con el software para hacer los controles correspondientes, que no consisten simplemente en mirar si la luz está en condiciones, como pasó en este caso”.

García criticó que Basso pusiera como “un atenuante” que los desfibriladores no pudieran salvar la vida de la persona. “Es alarmante porque fallan los desfibriladores que están en el edificio de quien ejerce la policía sanitaria del país”, dijo, y agregó que tres de los cuatro desfibriladores del MSP tenían problemas. “Mucho hablar del sistema de salud, pero la verdad es que la gestión es muy mala porque si no pueden controlar los desfibriladores que están al lado de la oficina del ministro, ¿qué se puede pedir del resto?”, cuestionó.