Ya hace un par de meses que la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se reúne con representantes de las empresas y del Poder Ejecutivo en el Grupo 15 de los Consejos de Salarios. El convenio colectivo de trabajadores médicos y no médicos de la salud privada venció el 30 de junio; junto con la construcción y el transporte, este fue uno de los tres sectores para los que el Ejecutivo habilitó la apertura de los Consejos de Salarios, pero la negociación no está siendo fácil. Las reuniones de trabajo del Grupo 15 se están dando por separado: trabajadores no médicos por un lado y médicos por otro.

La semana pasada, en la reunión con los trabajadores no médicos, el Poder Ejecutivo pidió un plazo de diez días para hacer una propuesta concreta. En este ínterin, la FUS ha desarrollado consejos regionales con las direcciones sindicales de todo el país: el viernes 9 en San José, el martes en Montevideo, el miércoles en Artigas, hoy en Maldonado y el lunes se hará en Mercedes. De esa forma, todas las regionales de la FUS se están interiorizando de la negociación que transcurre en el Grupo 15 y se están preparando para lo que vendrá.

En diálogo con la diaria, Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, explicó que están esperando la respuesta del gobierno: “Si no hay respuesta del gobierno, o la respuesta es negativa en lo que hace al mantenimiento de los puestos y al mantenimiento del salario frente a la inflación vamos a ir a la profundización del conflicto. Estamos planteándoles a los compañeros que estén fuertes; vamos a ver cómo se termina”, agregó.

Durante el encuentro regional de Montevideo, Bermúdez dijo que mediante las leyes de urgente consideración (LUC), de presupuesto y en los Consejos de Salarios, el gobierno plantea “una estrategia de cuño claramente neoliberal”, que apunta a “la reducción de los salarios de los trabajadores, de las jubilaciones y las pasividades, y utilizar una LUC que en algunos casos concretos tiene un carácter sumamente represivo y refleja el contenido de la política de este gobierno”.

Peso a peso

Pablo da Rocha, economista, docente de la Universidad de la República y asesor del Instituto Cuesta Duarte, detalló en el encuentro de Montevideo lo que se ha propuesto hasta ahora en el Grupo 15. Dijo que de momento se maneja la idea de que los trabajadores no reciban aumento durante el primer semestre de vigencia del convenio (julio a diciembre de 2020), que el 1º de enero de 2021 reciban “un adelanto de ajuste” de 3%, y que al término de los 12 meses de 2021 se mediría la inflación anual y se aplicaría un correctivo nominal al que habría que “descontarle el adelanto de ajuste de 3% pero también la caída del producto [interno bruto, PIB] que se estima sea de 3,5%”, detalló. “Esto supone pérdida de capacidad de compra de los trabajadores privados en igual magnitud que la caída del producto, con la aspiración de que en los futuros convenios colectivos y en la medida en que la economía lo permita se recupere lo perdido el año anterior”, agregó.

Señaló que la pérdida salarial será la misma que sufrirá el resto de los trabajadores de la actividad privada, y que el énfasis estará puesto en el segundo año de vigencia del convenio, cuando aspiran a recuperar lo perdido: puntualizó que se propone un ajuste de 2% para el 1º julio de 2021 y un ajuste de 2,9% el 1º de enero de 2022, que se fijaron en función a la proyección inflacionaria para ese lapso, y un correctivo de inflación que restará lo que se adelantó. “Son proyecciones futuras, encierran incertidumbres”, dijo, porque “se abre la posibilidad de que estas previsiones no se cumplan”. Agregó que “en caso de que la inflación registrada supere las estimaciones, se aplicaría un correctivo que evite la pérdida salarial de punta a punta”, pero aclaró que “evita la pérdida salarial eventualmente registrada durante el segundo año, pero aún queda por recuperar la pérdida experimentada el primer año”.

Hay dos variables que condicionarán la recuperación salarial: el número de trabajadores de la salud privada y la cantidad de afiliados; “si hay una determinada situación de empleo en el sector y una determinada situación de cotizantes [al Fondo Nacional de Salud, Fonasa] se recupera 100% de lo perdido en el 2021; si se producen desviaciones de ese escenario estarían determinando que el porcentaje de recuperación sea menor”, planteó.

Bermúdez explicó a la diaria que tanto empleadores como trabajadores coinciden en que la variable del número de afiliados “no se puede pretender utilizar el número del total de afiliados al Fonasa”, que ronda los 2.500.000 personas, sino “el número de afiliados al sector privado, que son 1.600.000”. “Ese es un punto de partida importante porque, de lo contrario, ubica la vara tan alta que uno no puede llegar a la recuperación salarial”, afirmó Bermúdez.

La otra diferencia con los lineamientos que propuso el Ejecutivo son los cambios en el pago de la partida salarial variable que los trabajadores cobran desde 2015 por capacitación, que hasta ahora se ha financiado con la meta asistencial número 5 (por capacitación) que paga el Fonasa a las instituciones de salud que cumplan con ella. De esa forma, los trabajadores reciben una partida salarial de 3,5% de la masa salarial de los últimos 12 meses; tanto los trabajadores médicos como no médicos entienden que este es un derecho adquirido. “Para nosotros no había dudas de que se había perpetuado”, dijo Da Rocha. El economista transmitió que, inicialmente, los abogados del Ministerio de Salud Pública (MSP) plantearon que no correspondía seguir pagándola; en el transcurso de la negociación, la FUS consiguió algo más.

Anunció que según lo planteado hasta el momento, en diciembre se pagaría como hasta ahora la partida salarial variable, pero que en el segundo año lo que se destina para la meta 5 se reducirá a la mitad: en lugar de destinar 1.700 millones de pesos, se destinarían 850 millones de pesos. “Además de reducir los recursos que se destinan para la meta 5, se propone un cambio en el pago: en vez de ser proporcional a los ingresos sería una partida fija igual para todos, médicos y no médicos”, explicó Da Rocha. Según calculó, al dividir los 850 millones de pesos entre los cerca de 54.000 trabajadores médicos y no médicos, cada uno recibiría una partida anual de unos 15.500 pesos. “Es una propuesta que ha colocado el Poder Ejecutivo sobre la base de nada; sé que, para muchos de ustedes, de una partida de 3,5% se pasa a lo que sería 1,75% de los recursos, pero en el marco de la negociación es pasar de cero a tener 1,75%, de cero a 850 millones”, dijo.

La FUS aspira a incluir en el convenio salarial una cláusula para evitar que las empresas despidan personal por razones de infraestructura. “Habría voluntad de incluir una cláusula de esa naturaleza”, adelantó Da Rocha, y es parte de lo que se manejará en las próximas reuniones.