El Poder Ejecutivo se reunió ayer con representantes de los prestadores privados y públicos de salud, con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico, la Federación Médica del Interior (Femi), la Cámara de Emergencias Médicas Móviles y el Sistema Nacional de Emergencias, con el objetivo de trazar los lineamientos para redactar un protocolo “más claro” sobre la realización de test diagnósticos de covid-19.
A la salida de la reunión, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestaron la intención de “ser más estrictos y claros” en las pautas para la realización de las pruebas diagnósticas, y afirmaron que la medida se toma para que se hagan todos los testeos necesarios. Delgado afirmó que se creará un clearing con los test existentes para que ninguno de los prestadores quede sin kits, ya que hay algunos que tienen sobrestock y a otros les faltan reactivos. Las autoridades explicitaron que al protocolo se le incorporaron aportes de la academia, de los médicos y de las emergencias móviles, porque “podía haber interpretaciones diversas”.
En diálogo con la diaria, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, dijo que el sindicato planteó la necesidad de “tener una pauta clínica única y general que, con respaldo académico y validada por el MSP, utilicen todos”. Por su parte, la presidenta de Femi, Patricia Nava, aseguró que “todos actores de la salud están de acuerdo con que la pauta y las modificaciones tienen que estar a cargo exclusivamente del MSP”. “Si las sociedades científicas y las cátedras tienen aportes para hacer, que los vuelquen en el MSP, para que no haya distintas interpretaciones”, sugirió. Según Delgado, el protocolo estaría disponible ayer de tarde, pero a última hora del martes aún se desconocía.
Múltiples criterios
La Dirección General de Salud y la Junta Nacional de Salud anunciaron el 25 de marzo que los test de covid-19 se incluían en el catálogo de prestaciones que tienen que dar las instituciones de salud, y que los médicos –con la aprobación de la dirección técnica– debían indicárselos a “aquellos pacientes con diagnóstico clínico presuntivo fundado de covid-19”. Esto comprende a pacientes “con fiebre y síntomas respiratorios agudos, sin otra causa evidente que lo justifique, hayan tenido o no contacto con un caso confirmado de covid-19, y/o retornado de zona de circulación comunitaria del virus; o paciente con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)”.
Grecco señaló que esa pauta no especificó para qué tipo de pacientes debía solicitarse el test, lo que generó múltiples criterios e interpretaciones. “¿A qué pacientes les vamos a mandar el estudio? ¿A todos? ¿A toda persona que curse un resfrío, tos seca, fiebre, o una infección respiratoria aguda que el médico puede llegar a ver en su domicilio, que puede tener 20 años o ser sano, o tener 80 años y un montón de enfermedades?”, reflexiónó. Dijo que “cada mutualista tiene hoy un protocolo propio, que todas pusieron sobre la mesa [en la reunión de ayer] y que están dispuestas a arrugar y tirar a la papelera si acordamos un protocolo que todos validemos”.
Para el presidente del SMU, el protocolo único es fundamental para que “la indicación del test para una persona en un pueblo del interior y usuaria de ASSE sea la misma que para un usuario de un seguro privado de Montevideo. Y, sobre todo, para racionalizar los recursos, porque no tenemos recursos infinitos y todo esto es caro”. En esa línea, el presidente de la Cámara de Emergencias Médicas, Guillermo Vázquez, resaltó la importancia de que exista un protocolo “claro, único y compartido por todos, para que nuestros médicos en todo el territorio nacional puedan dirigir la solicitud del test diagnóstico en función de un criterio universal”.
Algoritmos de testeo
Según supo la diaria, el nuevo protocolo tendrá en cuenta las recomendaciones de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que elaboró el lunes un documento titulado “Algoritmos de testeo en distintos escenarios para SARS-Cov-2 (covid-19)” y sugiere a qué población priorizar en un escenario de capacidad de testeo reducida, con la evidencia y la situación actual. Este documento indica que la prioridad la tienen pacientes sintomáticos con IRAG cuyos test, de acuerdo a la normativa, los deben hacer tanto los prestadores como el Departamento de Vigilancia en Salud del MSP.
En segundo lugar están quienes tengan una enfermedad tipo influenza (ETI) con síntomas de enfermedad respiratoria aguda alta y/o baja (incluyendo fiebre mayor a 37,3ºC) y estén dentro de los grupos priorizados: inmunodeprimidos; personal de salud, de cuidados, servicios de acompañantes, policías, militares y bomberos; personas mayores de 60 años o con comorbilidades, y embarazadas. También se propone incluir a quienes convivan con personas con comorbilidades o inmunodeprimidas. En el tercer lugar están las personas con infección respiratoria que tengan dos o más síntomas y que, aunque no tengan fiebre, estén dentro de la población priorizada, y se incluye también a población general con ETI.
Por último, y en un escenario de amplia disponibilidad de test, recomiendan hacerle el diagnóstico a población en general con infección respiratoria y con dos o más síntomas, con o sin fiebre. El texto brinda la pauta de qué hacer si el test da negativo o positivo, recomienda repetirlo en algunas situaciones de riesgo, establece los criterios de aislamiento y el retiro de este. Además, contiene un algoritmo específico para el personal de la salud que tuvo contacto con un caso de covid-19 y define estrategias en función del grado de exposición, explicadas detalladamente: si fue alto, recomienda cuarentena por 14 días, y si fue moderado, aconseja hacerle el test por reacción en cadena de la polimerasa (PCR, el más efectivo) al séptimo día; si da negativo, puede reintegrarse. Para el resto de la población, se recomienda reintegrarse a los 14 días si permanece asintomática.