Para la Facultad de Psicología, el cierre momentáneo del Vilardebó puede incrementar las tensiones preexistentes

Las cárceles, los manicomios, los residenciales de ancianos, los centros de 24 horas para niños, niñas y adolescentes son instituciones totales de larga estadía donde es un “verdadero desafío” implementar las medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Eso planteó el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República el lunes, cuando emitió recomendaciones para el manejo de la epidemia en este tipo de instituciones. En el documento se cita un comunicado del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz de la pandemia de covid-19, que exhortó a los estados a “garantizar la seguridad e integridad de las personas con discapacidad y acelerar las medidas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad de todo tipo de instituciones” porque allí “existen mayores riesgos para las personas con discapacidad”.

La recomendación de la Facultad de Psicología se hizo luego de que el lunes 6 se conociera el caso de un paciente con covid-19 en el hospital Vilardebó, donde están internadas 290 personas. Ese mismo día la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) declaró al hospital entero “en cuarentena”, inhabilitando los egresos de pacientes y los ingresos de nuevos usuarios, y se prohibieron las visitas. Tal como consigna la declaración de Psicología, el hacinamiento y otras carencias importantes caracterizan a este centro, cuyo cierre total debería producirse en 2025 (tal como lo estableció la Ley de Salud Mental aprobada en agosto de 2017), luego de que se creen estructuras alternativas que por el momento son muy escasas.

“Esta pandemia viene demostrando que no sólo el virus se propaga de forma exponencial, sino que también lo hacen el miedo, el temor, la angustia y la ansiedad”, dice el texto de Psicología, que explica que los efectos del virus son más nocivos en personas que tienen sus derechos vulnerados. Remarcan que es importante que “puedan contar con información de calidad sobre su propia situación” y “fortalecer y estrechar el vínculo y el lazo social con otros”, para poder “realizar una operatoria simbólica de significar diferente la situación de miedo y encontrar otros sentidos a las situaciones de distanciamiento físico, así como también lograr mayores grados de autonomía y participación en la toma de decisiones acerca de sus vidas”.

Quienes habitan el Vilardebó “¿qué significados y sentidos le están atribuyendo a esto?”, preguntan los consejeros; aclaran que poner en palabras lo que les pasa “no se puede sustentar en un abordaje exclusivamente individual ni neuroquímico del problema”, y que si bien los fármacos pueden calmar el sufrimiento psíquico, “es necesario utilizar otras categorías de abordaje que incluyan la participación de las propias personas afectadas”, como recomienda la ONU.

“Las medidas tomadas de cierre total del hospital Vilardebó, privando a los internos del contacto con el mundo extramuros, confina a las personas a una situación de encierro en la que no sería de extrañar que incrementaran las tensiones preexistentes”, afirma la declaración, y recuerda lo ineficaz que puede ser evitar el contagio en medio del hacinamiento. Dicen que la medida “parece reforzar aún más el estigma social que recae sobre esta población, que lleva a una justificación social del encierro como forma de protección del resto de la población, ya no sólo del coronavirus, sino también del miedo a la locura”, lo que “debería ser inadmisible en una sociedad democrática, pues implica confinar y segregar a algunas personas, ya no por una medida sanitaria eficaz, sino por el miedo”.

Los consejeros advierten que la medida implementada puede “facilitar prácticas deshumanizantes” que atenten contra la dignidad de las personas; piden revisarla y trabajar con mecanismos “más efectivos de contención del virus que permitan mantener de forma sostenible el distanciamiento físico”. Proponen promover espacios para la educación, la discusión y mecanismos de empoderamiento de las personas internadas y de los equipos de salud, además de generar condiciones de vida que permitan el distanciamiento físico. Al igual que lo hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la facultad pide que las próximas internaciones agudas se empiecen a hacer en hospitales generales –como lo establece la Ley de Salud Mental– y recomiendan a ASSE potenciar la atención que se da en policlínicas, que “cumplen un rol clave en la prevención y promoción de la salud y pueden oficiar como soportes comunitarios en la atención a la salud en general, y a la salud mental en particular”. Para todo eso, la facultad expresa que pone a disposición sus recursos científicos y técnicos.