“Si hay un planteo de avance del desempleo, si la inflación está en torno al 11% y se plantea que siga subiendo, si se plantea que a fin de año va a haber entre 16% y 18% de desocupación, claramente hay una situación en donde los puestos de trabajo en el sector están en peligro”, dijo en diálogo con la prensa Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) el miércoles, al salir de la reunión que mantuvo con el ministro y el subsecretario de Salud Pública, Daniel Salinas y José Luis Satdjian. Comentó que Salinas “se mostró más optimista” en comparación con lo expresado por autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, “que plantean ese escenario que planteé”.

Informó que entre marzo y abril las instituciones privadas enviaron a 980 trabajadores al seguro de paro y remarcó que en ese momento “no había ninguna situación de pérdida de afiliados en el sector”. Como más de 90% de los afiliados de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) son socios por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y con la pérdida de empleos caen los ingresos al fondo, la FUS plantea que se puede llegar a una situación “peor” que la de 2002, cuando cerraron varias mutualistas, dado que ahora “la estructura de recursos humanos en el sector es mayor a la de 2002”.

El convenio actual vence el 30 de junio. La FUS pide convocar a los Consejos de Salarios para “firmar un convenio puente de un año de duración que permita mantener los puestos de trabajo, que permita mantener el salario y que se alinee con el mantenimiento de la cobertura Fonasa de los afiliados a las instituciones”, dijo Bermúdez. Con tono de advertencia, dijo que si no logran mantener el salario y los puestos de trabajo, se irá a “un escenario de confrontación en medio de la pandemia de covid-19”.

El semanario Búsqueda informó este jueves que entre el 20 de febrero y el 20 de mayo se perdieron 36.541 cápitas Fonasa. En diálogo con la diaria, Daniel Porcaro, representante de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud –que nuclea a ocho mutualistas de Montevideo y dos del interior del país–, dijo que en parte se debe “al parate de la actividad económica” por la emergencia sanitaria: detalló que los primeros en perder la cobertura fueron quienes eran monotributistas, y que más adelante se verá el impacto de quienes están amparados por el seguro de paro si no se les extendiera. Ahí está el segundo problema porque, tal como publicó Búsqueda, el Banco de Previsión Social (BPS) no da abasto en el procesamiento de solicitudes de desempleo y en ese lapso de tiempo las personas han quedado sin cobertura de salud (que no cae mientras se está en el seguro). La situación antes de la pandemia tampoco era la mejor, porque los ingresos del Fonasa ya venían cayendo a causa del aumento del desempleo.

En cuanto a los envíos a seguro de desempleo, Porcaro alegó que varios de ellos fueron por un tema de seguridad –para evitar exponer al contagio al personal no asistencial–, que se contemplaron también las dificultades planteadas por los trabajadores para trasladarse o para reorganizar el cuidado de familiares, y dijo que en otros casos los ceses fueron acordados con los sindicatos de las mutualistas y que se pagó todo lo que correspondía.

Pero ahora, que se siente más la baja de afiliados al Fonasa, dijo que “la situación es otra” y que “se tendrán que evaluar perspectivas de salida económica y del impacto del coronavirus en las instituciones y manejar soluciones lo antes posible”. En cuanto a la negociación salarial, dijo que las mutualistas están esperando las pautas del Consejo Superior Tripartito.