La hepatitis C es una enfermedad curable y mediante su tratamiento se puede evitar el deterioro del hígado, que puede provocar cirrosis y cáncer hepático. Tener la cura al alcance de la mano –algo que no se tenía años atrás– pero no las condiciones de acceso para todas las personas infectadas con el virus es lo que desvela a la Asociación Comunidad Hepatitis C Uruguay (ACHCU), que trabaja desde 2014 para garantizar el acceso al tratamiento y ahora se plantea eliminar la enfermedad del país, en consonancia con el objetivo que se planteó la Organización Mundial de la Salud para 2030.

En el Día Mundial contra la Hepatitis, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó este martes la campaña contra la hepatitis C. Jorge Adán, referente de la ACHCU, recordó que en 2014 recurrieron a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, “cuando no existían soluciones o políticas sanitarias apropiadas”. Lograron que por medio del Fondo Nacional de Recursos (FNR) en 2016 accedieran a tratamientos de alto precio los pacientes con el mayor grado de avance de la enfermedad (en etapa de pretransplante), y paulatinamente se fue incluyendo a quienes tenían menor gravedad hasta alcanzar, a fines de 2019, a quienes tienen menor afectación; para lograr eso, la asociación consiguió que un laboratorio registrara en Uruguay un medicamento genérico. El tratamiento combina Sofosbuvir y Daclatasvir; en 2016 costaba 80.000 dólares y a fines de 2019 costaba 127.

En diálogo con la diaria, Adán explicó que hasta el 28 de febrero 250 personas habían accedido al tratamiento por medio del FNR; se desconoce el total de personas que tiene el virus, pero la ACHCU sabe que entre 2008 hasta ahora el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha registrado a 3.500 pacientes con la enfermedad. Ahora que está la cura, la asociación busca facilitar el acceso. Por eso, trabaja para incrementar los diagnósticos –ya que al comienzo la enfermedad, que se transmite mayoritariamente por la sangre, no manifiesta síntomas–, y en eso avanzó el lunes 20, cuando la Intendencia de Canelones incorporó el test rápido de hepatitis C entre los estudios que hacen los móviles de salud que recorren el departamento: ese primer día hicieron 70 test y detectaron tres positivos. Ahora la ACHCU busca que otros departamentos se sumen a la propuesta y ya consiguió una donación de test reactivos para ese fin.

Adán contó que para que el FNR financie el tratamiento, la persona tiene que presentar tres estudios –el PCR confirmatorio, el del genotipo viral y el de la carga viral– y señaló que cada uno cuesta más de 100 dólares (no están incluidos en el Plan Integral de Atención en Salud); la ACHCU, que trabaja en coordinación con la academia, plantea que ahora alcanza con hacerse el genotipo, que indica si se tiene hepatitis activa y la carga viral, con lo que se aliviana el costo. Los pacientes tienen que hacerse, además un fibroscan, estudio que mide el grado de afectación del hígado y tiene un costo de 3.000 a 11.500 pesos; es gratis para los usuarios de ASSE en el Hospital Militar, pero hay dificultades para acceder a él.

Adán anunció este martes en la conferencia que con el FNR están “estudiando la posibilidad de modificar los protocolos diagnósticos para mejorar y simplificar el acceso a tratamientos”.

Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sostuvo que el organismo comprará otro fibroscan que se instalará en el Hospital Pasteur, en donde funciona una policlínica de afecciones hepáticas, que se potenciará.

Doble carga

Cipriani manifestó que tomó contacto con la ACHCU hace dos meses y que la asociación le informó de un brote de hepatitis C que involucra a 80 pacientes de los 610 internados en una institución. Esa institución es el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos), como se llaman ahora las ex colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi. En la conferencia, Cipriani afirmó que eran pacientes que “estaban diagnosticados y no estaban siendo estudiados” y que “ya están estudiados para comenzar en forma breve la etapa de tratamiento”. Los casos habían sido diagnosticados en 2019; tal como consignó la diaria en una nota de diciembre de 2019, el ex director de Ceremos, Federico Sacchi, había respondido que los pacientes no podían acceder al tratamiento por padecer “enfermedad mental crónica”, uno de los criterios de exclusión de la normativa del FNR para dar la cobertura; sin embargo, el FNR no había recibido solicitudes para el tratamiento de personas internadas en las colonias. Nueve meses después de tener los diagnósticos, los pacientes no han accedido a los tratamientos.

En la conferencia, Adán dijo que estas personas podrán acceder a los tratamientos cuando esté la nueva normativa, algo que esperaban que sucediera ayer –en esto de que los “días de” sirven para avanzar–, pero no fue posible. Luego, en diálogo con la diaria, Adán especificó que son 88 los casos confirmados en Ceremos, y que el infectólogo Mario Torales, a quien las autoridades de ASSE le encomendaron la tarea de resolver el foco de hepatitis C en Ceremos, le informó este martes que se coordinará para que todos los lunes diez pacientes de las colonias puedan ir al Hospital Militar a hacerse el fibroscan, el único estudio que les falta ahora para acceder al tratamiento.