Gremios médicos reclaman mayor presupuesto para ASSE y reprueban que no haya fondos para la presupuestación

Los gremios médicos están estudiando el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que presentó el Poder Ejecutivo la semana pasada. Por eso todavía no se arriesgan a analizar públicamente los artículos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), pero sí adelantan su disconformidad con su contenido.

La primera gran frustración surge de la negociación en los Consejos de Salarios del sector público, en la que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (Femi) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) se reunieron por última vez el lunes 31 y confirmaron, de acuerdo a lo planteado por ASSE y por los ministerios de Salud Pública, Economía y Finanzas, y Trabajo y Seguridad Social, que a lo largo del quinquenio tendrán una pérdida de salario real. Pero además, el proyecto de presupuesto no contiene partidas para la presupuestación de trabajadores médicos y no médicos, algo que había sido anunciado por ASSE –destinaría 100 millones de pesos en 2021 y otros 100 millones de pesos en 2022 para presupuestar cargos médicos y no médicos–, según adelantó en diálogo con la diaria Soledad Iglesias, integrante de la Unidad de Negociación del SMU.

Tampoco termina con contrataciones precarias, como las que se hacen por intermedio de la Comisión de Apoyo y de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, en las que los trabajadores tienen menos derechos laborales y que han motivado un gran volumen de juicios contra el organismo; de hecho, como ocurrió en el quinquenio anterior, el proyecto de ley de presupuesto vuelve a destinar partidas (esta vez por hasta 150 millones de pesos en 2021 y 2022) “para atender exclusivamente las sentencias de condena” por juicios laborales de quienes fueron contratados por esos mecanismos.

A la preocupación por lo que ocurrirá en este quinquenio con la atención en ASSE se suma lo que ocurrirá en el sector privado, donde los trabajadores también prevén la pérdida del salario real. Este problemático contexto encuentra juntos a los tres gremios médicos –algo que no es lo más habitual–, que el 14 de agosto emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “gran preocupación” por la situación y se manifestaron en “estado de alerta” por la negociación en ASSE y en el Grupo 15 de los Consejos de Salarios (sector privado). A partir de entonces, cada gremio está estudiando qué pasos dar.

SMU en conflicto

El SMU es el que dio un mayor paso en la conflictividad: el 20 de agosto la asamblea general ya se había declarado en conflicto con ASSE, y el 26 de agosto se empezaron a implementar las medidas gremiales, que por ahora consisten en no hacer el registro en la historia clínica electrónica en 14 centros del primer nivel de atención del área metropolitana. En la asamblea del jueves 3, el plenario resolvió extender las medidas gremiales a policlínicas y hospitales de ASSE de todo el país (excepto la atención y seguimiento por covid-19), anunció que apoyará y convocará al paro general en la salud pública y privada del 17 de setiembre, y que solicitará reuniones de carácter grave y urgente con autoridades de ASSE y con bancadas y comisiones parlamentarias.

Tal como lo manifestó en la asamblea del SMU en su resolución del jueves, el sindicato “exige la equiparación interna (a igual función, igual remuneración en el sector público), equiparación público-privada (laudo único para la misma función)”, así como continuar con la presupuestación, la reforma del trabajo médico y las mejoras en las condiciones de trabajo.

La asamblea del SMU calificó de “grave” la restricción de ASSE y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el sector salud en medio del “aumento de sueldo para directores de entes descentralizados con el fin de retener valiosos en cargos públicos”, señaló la resolución.

Otro punto de conflictividad –que excede a ASSE– es que la ley de presupuesto propone modificar el régimen de subsidio por enfermedad en buena parte de los funcionarios de la administración pública, algo que el SMU entiende como una pérdida de derechos adquiridos: como el resto de los públicos, hasta ahora los médicos de ASSE cobraban 100% del salario desde el primer día de certificación, y la propuesta es que pasen a cobrar 70% del salario, y recién a partir del cuarto día de estar enfermos (en un régimen similar al del sector privado).

Además de criticar la pérdida del salario real para todo el sector salud y la “desaparición” de los rubros para presupuestación en ASSE, el SMU considera que “habrá una limitación del ingreso de recursos humanos médicos y no médicos al sector público de ASSE” y que no habrá mejora presupuestal de los fondos variables que reciben (quienes trabajan en el primer y el segundo nivel, y en especialidades anestésico-quirúrgicas) y se afectará la transferencia de recursos para crear funciones de alta dedicación (ver recuadro).

El artículo 540 del proyecto de presupuesto asigna una partida de 80 millones de pesos a partir de 2021 y otra igual, adicional, a partir de 2022 para la contratación de recursos humanos para lo que será el Hospital del Cerro. El SMU se enteró al leer el mensaje presupuestal que ASSE convertirá en hospital el centro de salud del Cerro de Montevideo, y en la resolución la asamblea expresó su disconformidad por desconocer la asignación de recursos, así como “los estudios que fundamentan su necesidad”, y aludieron a la necesidad de potenciar el primer nivel de atención (que se da en policlínicas y a nivel comunitario), algo que el SMU considera que no está contemplado en el presupuesto.

Iglesias añadió que las restricciones presupuestales se darán en un contexto en el que “miles de usuarios están ingresando a ASSE”, por el incremento del desempleo. Valoró que según entendía el SMU, ASSE había solicitado los 200 millones para presupuestar a funcionarios médicos y no médicos, pero que no pasaron el filtro del MEF, y ASSE tampoco atinó a presentar un proyecto paralelo como hicieron otros organismos.

Femi por las buenas

“En este año en el que los pacientes están en jaque, los recursos con los que contamos para prestar mejor asistencia, para salvar vidas, no pueden ser menos. Por eso rechazamos cualquier decisión política que pueda significar menos salud”, expresa el comunicado que emitió el viernes la Femi. Este gremio parece confiar en que se obtendrán más recursos para la salud –“que el sistema político refuerce su compromiso con la salud más allá de las conferencias de prensa, sino también en los recursos asignados para sostener el sistema”, dice– y anuncia que “ante un inminente conflicto” no tomará medidas que signifiquen “una pérdida de calidad asistencial para el usuario de un país en emergencia sanitaria”.

En diálogo con la diaria, Patricia Nava, presidenta de Femi, lamentó que algunos de los pedidos de ASSE no hayan sido incluidos finalmente en el proyecto que ingresó al Parlamento. En concreto, lamentó que no se hayan incluido los fondos para la presupuestación médica y no médica, para reforzar los recursos humanos en el CTI recién creado en Treinta y Tres ni una partida anunciada para telemedicina. Este gremio no se ha declarado hasta ahora en conflicto con ASSE, y sus principales cuestionamientos son hacia el Poder Ejecutivo, más que hacia el organismo.

Por otra parte, a la Femi le preocupan los límites al desarrollo de la carrera de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) en el interior del país: este año la Udelar había comenzado a instrumentar el cronograma para que la totalidad de esta carrera pudiera cursarse en las sedes de Salto y Paysandú; Nava dijo estar muy preocupada por las declaraciones de la semana pasada del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, quien dijo que el magro aumento de recursos solicitado por el Ejecutivo pone en riesgo la continuidad de los cursos nuevos de Medicina en esas ciudades universitarias.

El SAQ preocupado

“Es un presupuesto que no garantiza el mantenimiento del salario real”, dijo a la diaria Daniel Montano, dirigente del SAQ, quien adelantó que su gremio está “bastante preocupado”. Adelantó que el mensaje presupuestal tampoco tuvo en cuenta “viejas reivindicaciones del SAQ”, como “la recuperación de los aportes correspondientes al variable anestésico-quirúrgico, que ha ido bajando y no se ha hecho nada por recuperarlo”. Lamentó, también, que no se destinen partidas para la presupuestación. Evaluó que ASSE tiene “problemas muy graves” en la capacidad de retener a los recursos humanos: “Faltan recursos humanos, hay muchos que dependen de Comisión de Apoyo, un sistema que no es el adecuado porque no tiene leyes sociales, no tiene las garantías que debe tener un cargo, pero no va a haber una presupuestación importante de estos cargos”. Añadió que “la brecha salarial entre el sector privado y el público es muy grande” y que “en el interior faltan muchos recursos humanos”. “Todo eso se arregla con más dotación de presupuesto”, razonó.

Montano valoró que en el presupuesto “hay cosas que no dejan de ser interesantes”, como “la expresión de voluntad de hacer nuevos hospitales”, como se refirió al hospital proyectado en el Cerro y al Saint Bois que, según el articulado, se convertirá en hospital general; acotó que en el contexto de restricción presupuestal no sabe si no se trata más bien “de una expresión de deseo”. Según Montano, por ahora el gremio mantiene “un diálogo fluido” con las autoridades de ASSE y con el ministro de Salud. El jueves de noche el SAQ hará una asamblea y allí verá si se declara en conflicto.