Esta semana, la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para impugnar el decreto 87/021 que habilitó, en marzo, el registro, la importación y comercialización de dispositivos electrónicos para la administración de nicotina que emplean una tecnología que calienta tabaco seco. El 8 de abril la SUT ya había presentado un recurso de nulidad ante Presidencia de la República, que no respondió dentro de los 150 días que disponía para hacerlo. Eso habilitó a la sociedad científica a seguir por otra vía, la del TCA, que es por la que se irá ahora, informó Telemundo y confirmó la diaria.

En diálogo con este medio Diego Rodríguez, del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo -que integra la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT), que apoya el recurso- comentó que el TCA se expresará dentro de un plazo de dos a cuatro años. Según Rodríguez, todavía no se están comercializando los cigarrillos electrónicos, pero el Programa Nacional de Control de Tabaco, que funciona en el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya ha recibido solicitudes de empresas para registrar sus productos, incluso la primera solicitud se hizo a los pocos días de que se aprobó el decreto, cuando llegaron al puerto de Montevideo los dispositivos, que “ya estaban en viaje mientras no se había aprobado el decreto”, comentó Rodríguez.

Sobre la evidencia científica

La normativa marcó un cambio importante con respecto a la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez, quien en 2009 había prohibido la comercialización, importación y registro de “cualquier dispositivo electrónico para fumar”. En el decreto, el Consejo de Ministros, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, alegó que la prohibición de 2009 “se fundamentaba en la inexistencia de datos científicos que demuestren la eficacia y la seguridad” de los dispositivos electrónicos pero que, a diferencia de los clásicos que utilizaban una solución líquida de nicotina que se vaporiza, con los de tabaco seco calentado hay “una menor exposición de los usuarios a las sustancias tóxicas asociadas al consumo tradicional de tabaco”, y aludió a “datos científicos” cuyas referencias no aparecen.

En cuanto conocieron el decreto, las organizaciones que integran la Alianza ENT, entre las que hay sociedades científicas como la SUT, rechazaron los argumentos del Poder Ejecutivo. El martes 19, en un seminario de la Alianza ENT, Beatriz Goja, neumóloga y médica internista e integrante de la SUT, explicó: “Mundialmente, se enfrenta una nueva estrategia de la industria tabacalera, que trata de imponer con argumentos engañosos, ya que no hay evidencia independiente que lo confirme, los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado y de nicotina, aduciendo que son menos dañinos y que ayudan a dejar de fumar. Estos productos atraen predominantemente a los jóvenes, estimulan a los exfumadores a reiniciar el consumo, los fidelizan ya que son adictivos, y fomentan el consumo dual, ya que un porcentaje de estos productos se continúa utilizando junto a los cigarrillos convencionales”, resumió.

En abril, luego de que organizaciones sociales fueron a las comisiones de Salud de Diputados y Senadores, la diputada Lucía Etcheverry le hizo un pedido de informes al MSP consultándole: qué evidencia científica se había tenido en cuenta para fundamentar el decreto, si se había consultado a las cátedras de Neumología, Cardiología y Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República previo a su aprobación, y si las autoridades del MSP se habían reunido con representantes de las empresas productoras y comercializadoras de productos de tabaco antes de haber firmado el decreto. Según relató Rodríguez, el MSP recibió la solicitud y se la envió al Programa Nacional de Control de Tabaco para que respondiera. “El programa le responde que no hay fundamentos para el decreto, es decir, le está diciendo que no está bien el decreto, y ese informe que envía el programa lo aprueba Digesa [Dirección General de la Salud], que lo pasa a Jurídica; Jurídica lo archiva y envía una respuesta diferente a Etcheverry, en línea con el decreto y con lo que dice la industria y no terminan de responder todo lo que la diputada preguntaba”.

Rodríguez señaló esta contradicción en el propio ministro Salinas, quien si bien firmó el decreto que refiere a la existencia de datos científicos que hablan de una menor exposición de los usuarios de los dispositivos de tabaco calentado a las sustancias tóxicas asociadas al consumo tradicional, expresó otra cosa en el prólogo a la publicación Comprometerse a dejar el tabaco que sintetiza un seminario que hizo la Organización Panamericana de la Salud el 31 de mayo. “La introducción al mercado de productos novedosos y emergentes para consumo de tabaco es un desafío inmediato, porque su uso no está exento de riesgos y la experiencia ha demostrado que una de las consecuencias es un rápido aumento del consumo de tabaco, tanto en sus formas novedosas como tradicional”, afirmó Salinas en esa publicación.

Política e interferencia de la industria

“En política de control de tabaco el actual gobierno no hizo nada, salvo ir para atrás”, evaluó Rodríguez. Además de este decreto, mencionó que en 2021 los impuestos no se aumentaron de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que “hace más asequible el producto”. En el seminario de la Alianza ENT comentaron, también, que durante la pandemia las fiscalizaciones del MSP se centraron en la covid-19 y que no se destinaron horas específicas para las policlínicas de cesación de tabaquismo.

Este martes a las 11.00 el CIET presentará un índice de interferencia de la industria tabacalera en Uruguay. Esa interferencia se ve, adelantó Rodríguez, cuando la tabacalera Monte Paz financió, con 552.180 pesos, la campaña electoral de 2019 de Luis Lacalle Pou, algo que pide evitar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que suscribió Uruguay.

También se vio, señaló Rodríguez, cuando Lacalle se reunió con personas vinculadas a la industria tabacalera para conseguir las vacunas Pfizer: las organizaciones se enteraron de eso luego de que Lacalle le agradeció las gestiones en una conferencia de prensa a Nicolás Herrera, quien integraba el estudio jurídico que defendió a las tabacaleras en el juicio de Philip Morris contra el Estado uruguayo. Otras incidencias detectadas por el CIET son, por ejemplo, que la Intendencia de Artigas haya vuelto a estimular las plantaciones de tabaco y la exoneración de agroquímicos utilizados en plantaciones de tabaco que se hizo a fines de 2019 y que mantiene el actual gobierno.