Fue un lunes agitado para todos quienes tienen relación con Casa de Galicia, que comenzó con reuniones a nivel político y culminó con una asamblea en la que el gremio de funcionarios aprobó la propuesta presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para distribuir a los usuarios y trabajadores de la mutualista en otras instituciones.
A las 10.00 el ministro de Salud, Daniel Salinas, el subsecretario José Luis Satdjian, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y Martín Thomsset, director interino de la División de Servicios Jurídicos del MSP, junto con Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, recibieron a los diputados y senadores de todos los partidos de las comisiones de Salud del Parlamento. Durante más de dos horas conversaron sobre la situación de Casa de Galicia y las posibles soluciones para esta mutualista que arrastra una deuda de 80 millones de dólares, años de mala administración y un fallo de la Justicia concursal del 23 de diciembre que determinó el cese de todas las actividades, a excepción de la tarea de los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) que funcionan en la institución y que son generadores de ingresos.
Al salir de la reunión, los legisladores oficialistas y de la oposición se mostraron conformes, valorando la disposición de todos los partidos para encontrar una salida. Transmitieron que las autoridades de gobierno informaron que se pagarán el 3 de enero los sueldos de diciembre y antes del 6 de enero los aguinaldos.
El Frente Amplio (FA) llevó propuestas para avanzar en diferentes direcciones. Una de ellas se discutirá el miércoles en el Senado, antes de la sesión de la Asamblea General, según informó a la diaria el senador frenteamplista y exministro de Salud Daniel Olesker. Consiste en modificar la Ley de Proceso Concursal para que no vuelva a ocurrir lo que pasó ahora: que el Poder Judicial entendió que era incompatible la intervención judicial y la administrativa y ordenó la salida del MSP, que intervino la institución durante 34 días. Olesker informó que la idea es modificar la ley para que “cuando haya una intervención judicial de una empresa que se presenta a concurso, los síndicos estén obligados a convocar al ministerio para la conducción sanitaria”.
El legislador transmitió que Carmen Asiaín, senadora del Partido Nacional, se comprometió en representación de los blancos a estudiar el proyecto. “En principio están de acuerdo, y en caso de que todos estuviésemos de acuerdo, el miércoles, que hay una sesión del Senado previo a la de la Asamblea General, podría ingresar como grave y urgente y votarse”, resumió Olesker.
Por otra parte, el FA llevó planes para mantener funcionando a esta mutualista, que es la institución de mayor porte en el noroeste de Montevideo. Una de las propuestas es que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pase a ocuparse de la gestión y el financiamiento de Casa de Galicia, de forma similar a como lo hizo en 2006 con el Hospital Español. La otra consiste en que varias instituciones de salud de la zona –se piensa en ASSE y las otras dos mutualistas del norte, que son Cudam y Universal– formen un conglomerado para cogestionar Casa de Galicia, con la intención de preservar la identidad de la mutualista y mantener el rol que juega en esa zona montevideana.
Cualquiera de las dos propuestas apunta, además, a mantener la atención y los puestos de trabajo, aclaró Olesker.
“Asegurar los puestos de trabajo”
No había pasado una hora de la salida de los legisladores, cuando Salinas, Satdjian y Yagoda recibieron a la mesa representativa de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) y minutos después ingresaron Jorge Bermúdez y Soraya Larrosa, dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con Pablo da Rocha, economista asesor de la FUS.
Al terminar la reunión, Larrosa explicó a la prensa que “todas las partes están de acuerdo en aplicar esa herramienta que tenemos que es el documento de la multisectorial del 4 de abril de 2001 que asegura los puestos de trabajo de todas nuestras compañeras y compañeros”. Esto refiere a un acuerdo que firmó la FUS con los ministerios de Salud y de Economía en 2001, cuando cerraron varias mutualistas, que estableció que las instituciones de salud que recibieran usuarios de la mutualista fundida debían también contratar determinado número de trabajadores.
“En tanto y en cuanto los trabajadores de Casa de Galicia entiendan que este es el camino, nosotros vamos a seguir acompañándolos y transitando con esta herramienta que nos da este documento de poder avanzar y asegurar los puestos de trabajo de 100% de los trabajadores”, agregó. Aclaró también que esa era la postura del gobierno.
Una asamblea con diferencias
Afuncag había iniciado a las 11.30 una asamblea que tuvo un cuarto intermedio a las 13.30 para que la mesa concurriera a la reunión en el MSP. Durante la mañana, uno de los puntos de discusión había sido apelar la resolución judicial, algo que había resuelto la asamblea el viernes 24, pero que a lo largo de la mañana del lunes se fue desvaneciendo, porque los abogados que consultó el gremio desestimaron esa opción.
Afuncag retomó su asamblea a partir de las 17.00. Empezó con sol, con angustia y enojos, y terminó de noche con más desazón todavía. La presidenta de Afuncag, Flor Costanzo, presentó, acompañada por el resto de la mesa del gremio, lo que había pasado en la reunión del MSP. “Salinas transmitió que no se va a estatizar Casa de Galicia. Él dijo que van a aplicar el acuerdo multisectorial de 2001 y todo el gobierno está alineado a lo mismo, que es la base para negociar”, informó Costanzo.
Especificó que la relación que se fijó es que “cada 1.000 afiliados de Casa de Galicia, entran 20 funcionarios” a la institución a la que vayan los socios y que eso permitiría el ingreso directo, entre enero y febrero, de 840 de los 1.300 trabajadores no técnicos que tiene Casa de Galicia. Agregó que al documento de 2001 se le harían correcciones de modo que los trabajadores mantengan la antigüedad y la categoría, que en plata corresponderá con lo que paga la nueva institución por esa categoría. Aunque aclaró que se trata de algo a negociar, sostuvo que está esa voluntad.
Además, la dirigente sindical detalló que “los otros 460 [trabajadores] quedarían en una bolsa [de trabajo]” y que la idea es que algunos de ellos puedan ser absorbidos por los IMAE que funcionan en Casa de Galicia, o por alguna otra institución. La propuesta es que, mientras tanto, puedan acceder a “un seguro excepcional que se extienda por seis, 12, 18 meses o todo el tiempo que sea necesario”, y dijo que para eso las autoridades le pedirán al Parlamento que apruebe una ley en ese sentido. Acotó que la idea es que cobren 100% del salario, independientemente de que tengan otro trabajo o de que hayan estado en seguro de desempleo durante la pandemia. “La voluntad política de hacer esa ley estaría”, dijo Costanzo.
Los coros acotando comentarios se hicieron sentir debido a la desconfianza de que esto pueda concretarse, pero también por la angustia de quedar sin trabajo y de darse por vencido, de ver desaparecer la institución. Varias de las intervenciones durante la asamblea de trabajadores cuestionaron a las integrantes de la mesa; se mencionaron los errores no advertidos durante este año, la cercanía de Costanzo con el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, y la molestia con la mayoría de la FUS, que votó para este martes un paro general de la salud en apoyo a la situación de Casa de Galicia, pero con la que muchos de los trabajadores discreparon. Pidieron, además, apelar la resolución judicial.
La mesa reafirmó una y otra vez su postura, dijo que ese camino garantizaba la contratación de 840 trabajadores y el seguro para 460 con una perspectiva de reintegro: “Lo aceptamos o en febrero 80% no tiene salario para cobrar”, alegó Costanzo. Otras trabajadoras cuestionaron ese planteo, pidieron conocer más sobre la propuesta de Olesker, e incluso procurar llegar al presidente Luis Lacalle Pou.
“O recorremos este camino o no sé cuál es el otro. El gobierno se comprometió a esto. Esto lo quieren vaciar en 15, 20 días, esto es al toque”, les dijo Costanzo. “Ustedes están agachando la cabeza”, le retrucaron otras integrantes de la asamblea, que a medida que caía la noche iba perdiendo participantes, en un ambiente que se tensaba cada vez más. Finalmente, por 130 votos contra 88, ganó la posición de avanzar con “el documento de 2001 con las correcciones a 2021”. Afuncag irá en esa dirección, aunque con fuertes fracturas internas.