Médicos y abogados pidieron profundizar el debate social sobre la eutanasia y aplicar una perspectiva de derechos

La discusión de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido provoca fuertes debates que se reeditaron a partir del proyecto de ley que presentó el diputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, que busca habilitar estas prácticas siempre y cuando se den en determinadas condiciones. En la semana académica para conmemorar su 68º aniversario, el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República resolvió aportar a la difusión de esta discusión, tal como planteó el director del hospital, Álvaro Villar, en la apertura de estas jornadas. Para eso, se organizó la mesa titulada “Dilemas éticos y aspectos legales de la medicina: eutanasia, derecho a la salud”, en la que expusieron Pasquet, Hugo Rodríguez, médico y director de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, y Carlos Negro, fiscal penal especializado en homicidios; a esas exposiciones les siguieron una mesa redonda en la que participaron Natalia Bernardi, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Clínicas, Federico Preve, docente de la Facultad de Medicina e integrante del colectivo Muerte Digna Asistida en Uruguay, y Óscar Cluzet, médico con trayectoria en el campo de la bioética. La actividad fue moderada por Juan Pablo Decia, abogado de la dirección del Hospital de Clínicas y asistente académico de Villar.

Cuestión de derechos

El primer artículo del proyecto de ley (ver recuadro) contiene lo fundamental del proyecto, dijo Pasquet. Resumió que este “es un proyecto mínimo si lo comparamos con otras leyes del mundo”, por ejemplo, con la ley que se aprobó en marzo en España, que “proclama el derecho de la muerte digna y luego organiza un servicio tendiente a posibilitar el ejercicio de ese derecho”. “El proyecto de ley que presentamos no va por ahí. Es el mínimo indispensable, es decir: atender el aspecto penal del asunto y ningún otro aspecto”, dijo. Sintetizó que “la idea central” es que “si se cumplen tales y cuales requisitos y se sigue tal procedimiento, la conducta estará justificada pero no constituirá delito”. “Tomamos ese camino porque nos pareció –una apreciación de carácter político– que esto iba a levantar menos resistencia que el otro camino, el camino largo de la organización del servicio, la prestación de salud, etcétera”, confesó.

El suicidio asistido y la eutanasia son un delito en Uruguay y a él se refieren dos artículos del Código Penal. El 315 establece una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría para quien “determine a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”. El artículo 37 exime de pena a quien cometa un “homicidio piadoso”: establece que “los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”. El proyecto de Pasquet restringe el acto del homicidio piadoso a la acción médica y le quita la discrecionalidad que tiene actualmente el juez, pero además le saca la carga de delito que tiene actualmente.

De acuerdo con la propuesta de Pasquet, el proyecto es una “causa de justificación” de estas prácticas, no una “causa de impunidad”; el legislador planteó que “algunos penalistas que han impugnado el proyecto dicen que no debiera legislarse esto como causa de justificación, sino como excusa absolutoria o causa de impunidad para dejar en pie el carácter delictivo de la conducta. Yo me opongo a eso porque si decimos que el médico que haga esto va a cometer delito, es decir, podrá ser calificado como delincuente, estamos enterrando el proyecto”, remarcó.

Pasquet insistió en que se trata de casos en que las personas están sufriendo de manera física o psíquica “insoportable” y que se busca ayudarla a morir “si esa es su voluntad libre y firme expresada”. “La persona tiene derecho a disponer de su propia vida”, afirmó. Dijo que este es un tema “abiertamente polémico”, y se preguntó si “en una sociedad abierta, democrática, pluralista, con distintas visiones de la vida, de la condición humana”, corresponde “imponer a unos la visión de los otros o dejar que cada uno sea libre para decidir acerca de su propia muerte. Yo me inclino por esa segunda alternativa”, respondió. Recordó, además, que la Constitución, en su artículo 72, deja “la puerta abierta para ir incorporando derechos que pasan a tener rango constitucional. En este estado de nuestra evolución, no sólo en Uruguay sino en el mundo, se va abriendo la idea de que las personas tienen derecho a una muerte digna y a disponer de su propia vida en circunstancias como estas”, indicó.

En relación a la urgencia que tienen las personas que están en esta situación, comentó que su expectativa era que el proyecto pudiera aprobarse este año en la Cámara de Diputados, pero dijo que a esta altura lo ve difícil, porque si bien la Comisión de Salud Pública de Diputados lo está tratando, todavía está recibiendo delegaciones y no comenzó la discusión de su articulación.

Debate bioético

Rodríguez planteó que este es un dilema bioético que “no se arregla con un algoritmo ni tiene una solución aritmética. No hay ley ni sentencia judicial que clausure un debate social”, sostuvo, para dar cuenta de la complejidad de esta discusión.

Repasó la legislación. Mencionó que el artículo 46 del Código de Ética Médica establece que “la eutanasia activa, entendida como acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión” y que el artículo 47 dispone que es obligación del médico asistir a los enfermos terminales “ayudándolos a morir dignamente acorde con sus propios valores”. “Muestra en dos artículos la complejidad que señalábamos, dos respuestas que no se podría decir que son iguales”, señaló. Por otro lado, nombró la Ley 18.335, que establece la necesidad del consentimiento informado del paciente para someterse a procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos, y la Ley 18.473 de Voluntad Anticipada, que da a la persona mayor de edad y psíquicamente apta el derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que no afecten la salud de terceros. Mencionó, también, los dos artículos del Código Penal y comentó que el artículo 37 se aplicó una vez en Las Piedras, fue el caso de “un señor muy anciano que había matado a su esposa a su pedido y había fallado en su suicidio”, relató.

Consideró que las penas, en los casos en que correspondan, no tienen que pasar necesariamente por una “sanción penal”, que hay “otras respuestas sociales, otras formas de manejar el asunto”, y planteó que el debate “debe ser pluralista”.

Decisión y penalización

“Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados”, dice el artículo 10 de la Constitución, planteó Negro. El fiscal comentó que el artículo 315 del Código Penal, que penaliza el suicidio asistido, “toma posición por una de las dos grandes vertientes y que funcionan como un parteaguas en este debate; dice que la vida es un bien jurídico indisponible: si ayudar a terminar con la vida es una actividad delictiva, parecería que terminar con la propia vida también”, dijo, aunque aclaró que la tentativa de suicidio no se penaliza porque se entiende que “no va a dejar de existir” el suicidio, por más que se legisle en esa dirección.

Señaló que el proyecto de Pasquet “cambia causal de impunidad, de delictiva a no delictiva si se adecua a los procedimientos”.

El proyecto plantea que luego la concreción de la eutanasia o del suicidio asistido, el médico debe comunicar el fallecimiento de la persona a la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud Pública (MSP), que comunicará el caso a la Fiscalía General de la Nación si entendiera que hubo un “apartamiento relevante del procedimiento legal”. Cluzet rechazó este procedimiento, propuso que la consulta sea anterior a que se dé muerte a la persona, “para que no se produzca una muerte que no correspondía”, y observó que la Comisión de Bioética del MSP “estaría actuando como un tribunal de ética, que no es”. En cambio, Pasquet considera que el dictamen no debe ser anterior, porque plantea que “eso genera la posibilidad de la demora burocrática”.

Cuidados paliativos

“Nunca se ha hablado tanto en Uruguay de cuidados paliativos como a raíz de este proyecto de ley. Yo estoy a favor de los cuidados paliativos, no entiendo cómo podría estar en contra”, dijo Pasquet, quien cuestionó los argumentos de los detractores del proyecto, que postulan que en lugar de la eutanasia hay que desarrollar los cuidados paliativos, que actualmente abarcan sólo a 59% de la población que los necesita, y que se podrían ver “minimizados” si se despenalizara la eutanasia. “No creemos que el fortalecimiento de los cuidados paliativos deba significar el rechazo de la eutanasia; oponerlos es incurrir en una falsa oposición”, planteó Pasquet, quien pidió fortalecer los cuidados paliativos por medio de leyes de Rendición de Cuentas o de Presupuesto, “porque es un tema de poner dinero, no de declarar las bondades”, deslizó.

Bernardi también se refirió a esa “falsa oposición”. Desde su práctica al frente de la Unidad de Cuidados Paliativos del Clínicas, dijo que el pedido de eutanasia no es algo frecuente, y que se ha dado algunas en respuesta “a un inadecuado abordaje de control sintomático o de las necesidades multidimensionales que tienen estos pacientes, y dentro de eso están el sufrimiento psíquico y el sufrimiento asistencial en general”, dijo. Agregó que ha habido situaciones en que “el paciente, pese a tener un abordaje adecuado de cuidados, persiste con solicitud de dar muerte y en esa situación es donde estaría la excepción o la situación particular de la eutanasia”.

La médica planteó algunas de las grandes cuestiones de fondo. Sostuvo que “vivimos en una sociedad que niega la muerte”, que la medicina “básicamente se centra en aspectos curativos” y que los médicos viven la muerte “como un fracaso terapéutico”. “No podemos descontextualizar la eutanasia de aspectos del fin de la vida”, planteó. Comentó que “el gran problema que vivimos a diario los médicos con nuestros colegas y con la medicina es la obstinación terapéutica, no saber cuándo terminar”, y que eso no se solucionará con ninguna ley. “Necesitamos hacer un abordaje distinto desde la currícula”, desde la formación de estudiantes de Medicina, Trabajo Social, Psicología y Enfermería, y rechazó que los cuidados paliativos sólo se trabajan en forma opcional.

“Esta discusión debe tener un debate social” y “sin falsas oposiciones”, planteó, y rechazó un argumento que se maneja por quienes están a favor del proyecto de Pasquet: decir que “hay una eutanasia encubierta”, algo que había nombrado Negro. “Que los médicos aplicamos un cóctel lítico y eso es una falsedad”, dijo, y comentó que la última vez que vio que se aplicó fue hace 15 años, en una situación que “tampoco era eutanasia”. “Es una práctica que no se utiliza más, que no nos consta a los clínicos”, reafirmó. “Ese no es un argumento. Discutamos si la vida como un derecho o como una obligación, no pongamos cosas que confundan a la población”, pidió.

Preve explicó que la regulación de la eutanasia que se hizo en Bélgica en 2002 fortaleció los cuidados paliativos, algo que también ocurrió en Oregon, Estados Unidos. Agregó que a partir de la despenalización de la eutanasia “hablar de muerte en muchos lugares ya no es tabú y es liberador de angustia, de ansiedades”, y que “médicos y pacientes conversan sobre la muerte”. Preve fue más allá del proyecto de Pasquet: opinó que Uruguay debería incorporar esta ley “en un marco de derechos” y “no exclusivamente de despenalización de una conducta”: “Esto cambiaría el eje de discusión, pero nos allanaría el camino para la regulación de la eutanasia, la despenalización del suicidio médico asistido y una ley de cuidados paliativos integrales”, consideró.