Según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio de este año, en Uruguay 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada o grave y 2,6% grave. La presentación se hizo en conjunto, entre los técnicos y jerarcas de las instituciones y ministerios que participaron del relevamiento en la ejecución, planificación o utilización de los datos relevados. Entre ellos, participó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el director del INE, Diego Aboal, y la responsable del área programática de nutrición del Ministerio de Salud Pública (MSP), Virginia Natero.
De acuerdo con varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria y nutricional se trata de que todas las personas tengan, en todo momento, “acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias” con la principal finalidad de llevar una vida activa y sana.
Por el contrario, la inseguridad alimentaria se caracteriza en varios niveles y representa la dificultad del acceso a los alimentos. La inseguridad leve se basa en la incertidumbre acerca del acceso a los alimentos a nivel individual o de hogar, la moderada significa que la persona no tiene los recursos suficientes para llevar una dieta saludable y probablemente se salteó una comida o se quedó sin alimentos en alguna ocasión y la inseguridad grave se traduce en que la persona se quedó sin alimentos y durante el año estuvo varias veces sin comer.
El relevamiento del INE incluyó 7.624 hogares y para el análisis se utilizó el modelo Rasch, que estima la probabilidad de que una persona haya experimentado inseguridad alimentaria a partir de su patrón de respuestas a las preguntas. La encuesta constó de ocho preguntas que refirieron a la experiencia del hogar en conjunto y el cuestionario se centró en experiencias relacionadas a los alimentos y las dificultades para acceder a ellos debido a limitaciones sobre todo de recursos.
Concretamente, se preguntó si en los últimos 12 meses hubo algún momento en el que por algún tipo de motivo la persona se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer, no pudo consumir alimentos sanos o nutritivos; si la persona sintió hambre pero no comió y si algún día dejó de comer durante todo el día, entre otras.
Otro de los resultados detallados que arrojó el relevamiento es que las mayores cifras de inseguridad alimentaria se observaron en hogares integrados por niños y niñas menores de seis años, en la región que incluye los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres, y en hogares con ingresos que se encuentran en el primer quintil de ingresos.
Tanto el informe como las autoridades que asistieron a la presentación resaltaron que los datos no son comparables con otras revisiones debido a que la última es la primera con carácter nacional y las anteriores incluyeron “alrededor de 1.000 datos”, según Lema.
La respuesta del Mides
Además de valorar el relevamiento como “una fotografía nacional de la situación alimentaria en forma profunda y pensada por regiones”, Lema remarcó la importancia de los datos para que los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tomen acción e intenten reducir las cifras.
En principio, anunció que “por primera vez” en la Rendición de Cuentas se aprobó un incremento presupuestal de 155 millones de pesos para 2023 y 260 millones para 2024 para destinar a la alimentación. Gracias a los datos, “la acción se implementará de una forma mucho más eficiente y con un trabajo más riguroso”, adelantó.
Por otra parte, detalló los planes que se reforzarán o impulsarán desde el ministerio, como seguir ampliando el Sistema Nacional de Comedores, que al momento tiene “57 sedes en todo el país y se incorporarán dos en el corto plazo”; continuar colaborando con instituciones privadas vinculadas a la alimentación, “que son más de 450”, y ayudar a diferentes programas de apoyo a “personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad” en diferentes centros, entre ellos, de mujeres y de diversos cuidados. También comentó que, bajo una nueva línea de acción, el Mides continuará implementando “puntos ágiles de distribución de alimentos, que a veces son fijos y a veces móviles”, por ejemplo, con contenedores de alimentos.
Recordó que hay otras medidas que ya están implementadas, entre ellas, “mantener la asignación familiar del Plan de Equidad en familias que pasaron el límite” económico, las recargas de supergás, que “ya superaron los 115.000 hogares” y el bono social Mides-UTE que se implementó en enero de 2022 y ya “superó los 130.000 hogares”.