El expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias intimó por intermedio de la Justicia al Ministerio de Salud Pública y a su titular, Daniel Salinas, a entregar documentación sobre el proceso de intervención y cierre de Casa de Galicia. El pedido se realizó el pasado jueves y el plazo para que las partes presenten lo solicitado es de diez días hábiles.

El último pedido de documentación no es el único que hizo Iglesias a la cartera. Según dijo a la diaria a fines de 2021, a través de un pedido de acceso a la información pública, solicitó documentación sobre la exmutualista, que se le entregó luego de 60 días. “Al revisarlos me percaté de que no estaba toda la documentación que había solicitado y algunos informes tenían rótulo de eliminados”, recordó Iglesias. Acotó que en aquel mismo momento “el ministro de Salud [Salinas] declaró la información como secreta”.

Por la falta de documentación Iglesias y sus abogados decidieron hacer el mismo pedido pero a través de la Justicia y, esa vez, también solicitar al Parlamento los informes vinculados a Casa de Galicia, el 20 de abril de este año, hace siete meses. “Increíble y curiosamente, el ministerio no le entregó nada al juzgado y por eso ahora hicimos un nuevo planteo con intimación personal al ministro” Salinas.

Según el expresidente de la mutualista, luego de tener toda la documentación solicitada, la utilizará como “elementos probatorios” para la demanda civil que prevé iniciar al MSP y al Poder Ejecutivo. “El objetivo es que se reparen los daños y que ambos se hagan cargo de los embargos y de todo lo que generó” el cierre de Casa de Galicia, sostuvo.

Sobre el cierre de la mutualista Iglesias consideró que “fue provocado por diferentes razones. En primer lugar, recordó que en abril de 2021 el banco Santander dio respuesta afirmativa -“algo que se puede respaldar con documentos”- de que brindaría a la mutualista un préstamo para “eliminar las obligaciones privadas de corto plazo y terminar remodelaciones en la institución”. El MSP, “seis meses después y por teléfono, contestó que no habilitaba a la mutualista a tomar el crédito”, algo “incomprensible” para Iglesias, quien consideró que el objetivo de la negativa fue “provocar el daño que en definitiva se provocó”.

El ministerio “tampoco permitió acceder a fondos propios” del Fondo Nacional de Salud, algo que “es de estilo” para que las mutualistas puedan efectuar diferentes pagos. En el caso de Casa de Galicia el dinero era necesario para pagar el Banco de Previsión Social (BPS), según Iglesias, pero “también se negó y por teléfono”, con el objetivo de que “quedáramos incumpliendo”, expresó.

Iglesias considera que “ante no poder lograr que la institución quedara en deuda con pagos”, porque finalmente resolvió algunas cuestiones “con dineros propios”, y “cuatro días antes de las elecciones regulares de la mutualista, “se intervino y se desplazaron las autoridades” y se cancelaron las elecciones internas. “Una acción que buscó dejarnos fuera el sistema y que no se nos renovara el contrato”, dijo.

Por otra parte, comentó que le pidió a Fiscalía que lo convoque para demostrar que las denuncias en su contra que se instalaron en aquel momento “no son ciertas ni tienen sentido” y lamentó que en aquel momento se lo responsabilizara del cierre de la institución, aunque ahora “todo el sector social pide que lleguemos a las últimas consecuencias”.

Por último, si los pedidos no se cumplen, Iglesias sostuvo que se volverán a pedir una vez más por los medios judiciales y también de forma pública.

En tanto, Salinas dijo a la diaria que tanto él como la cartera colaborarán en función del marco normativo y de la legislación “como siempre” lo han hecho, aunque aún no han podido ver cuál es la solicitud de Iglesias porque “al MSP no llegó nada”.