Este martes, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dio a conocer un resumen de 21 auditorías realizadas a la gestión de 2015 a 2019. Si bien el informe difundido incluye novedades, también remite a varios temas que se conocieron durante años previos, por ejemplo, lo referido a los hospitales Maciel y Pereira Rossell. Las unidades ejecutoras incluidas fueron: la Gerencia Administrativa y la Flota de ASSE Central, los hospitales de Paysandú, Florida, Flores, Rocha, el Maciel, el Pereira Rossell, el Centro Auxiliar de Bella Unión, y el Centro Nacional de Afiliaciones. Abarcan asuntos de gestión administrativa, jurídico-financiera, alimentación, limpieza, ambulancias, obras, estudios, recursos humanos y contrataciones, entre otras.

De las 21 evaluaciones, 10 están en curso y 11 ya terminaron. Según el comunicado de ASSE, como “se advirtió que existía la posibilidad de haberse cometido eventuales delitos” con lo indagado y otros insumos, presentaron 14 denuncias penales. El informe detalla cuatro de ellas: tres refieren al hospital Maciel y una al Centro Auxiliar de Paso de los Toros.

Hospital Maciel

En este centro se objetaron procedimientos en obras, en compras y en los servicios de anestesia desde 2016 hasta 2020, período que comprende la gestión de Álvaro Villar, quien dirigió el Maciel desde 2012 a 2020, cuando renunció a su cargo para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio.

En el capítulo de obras, según el informe de ASSE, se requirió y no se pudo obtener acceso a los informes de los registros del sistema contable de la Comisión de Inversiones, ya que “la contabilidad era llevada en el estudio particular del contador adjunto a la dirección anterior, quien además intervenía en todo el proceso de compras”, por voluntad del entonces administrador del hospital. Además, las rendiciones de cuenta a ASSE Central las firmaba en carácter de contador independiente el mismo profesional que tenía una de las firmas habilitadas para la emisión de cheques por la Comisión de Inversiones, y quien era además funcionario del hospital.

De acuerdo al reporte de ASSE, no se contabilizaban los fondos provenientes de donaciones ni de la Lotería Nacional y se omitían procedimientos de compra; se destaca, además, la contratación de una empresa en forma directa, sin procedimiento de compra ni solicitud de otras cotizaciones, para el mantenimiento edilicio del hospital, por un total de 37.771.759 pesos.

Por último, se menciona que la administración le pagó honorarios a un arquitecto que a la vez estaba registrado como funcionario dependiente y presupuestado del hospital Maciel, que también facturaba honorarios por la Comisión de Apoyo local del centro, es decir, recibía tres ingresos por la misma función, subraya el informe.

En cuanto a los servicios de anestesia, la auditoría constató la destrucción probatoria de registros de horas trabajadas con base en los cuales se calculaba el pago de los profesionales (que habían sido almacenadas en el software GMED), y se menciona que esa destrucción habría sido ordenada por la dirección de Villar. Además, menciona que otros datos contenidos en el software GMED permitieron detectar el pago de 1.058.112 pesos a un anestesista por ser encargado de proyecto del sistema. El organismo añadió que “por falta de resguardo legal del software GMED, la gestión actual lo dejó de utilizar”.

También se detectó falta de control de la oficina de recursos humanos sobre las horas que se informaban como trabajadas por parte de los médicos anestesistas, lo que pudo implicar que “se hayan podido realizar pagos indebidos”, y también de una funcionaria administrativa.

La auditoría revisó compras en el Maciel de los años 2017, 2018 y 2019. Detectó ausencia de control en planificación, procedimientos de contratación, cumplimiento de contratos y utilización de sistemas informáticos del hospital. También “debilidades en el control de cumplimiento de las empresas tercerizadas, y errores al momento de efectuar descuentos por horas no trabajadas, generando la posibilidad de que haya existido sobrefacturación por los servicios prestados”.

Por último, se hizo una auditoría financiera contable durante 2019 y se detectaron “debilidades en el ambiente del control interno del hospital, no se pudo tener certeza de los saldos contables, no se conciliaron adecuadamente las cuentas bancarias y no se realizaban arqueos de caja periódicos ni mensuales”, según el informe. También se constataron, en saldos pendientes a pagar, facturas no registradas por un total de 10.060.398 de pesos. Por otra parte, los recuentos físicos de stock eran realizados por personal de cada sector, sin intervención de personal externo a este, por lo cual no se puede garantizar que no haya pérdidas de insumos del hospital.

Otras denuncias

Una de las auditorías indagó en la contratación que hizo el Pereira Rossell de la fundación Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) y por eso meses atrás se rescindió el contrato con esta organización civil y se hizo un nuevo llamado a licitación. En el caso del centro de Bella Unión, se observaron los excesos de gastos en contratación de suplentes y compra de insumos. En la Red de Atención Primaria del hospital de Paysandú se investigó la falta de planes de compras y atrasos en las presentaciones de balances. En el caso del Centro Auxiliar de Paso de los Toros, que es el otro en el que se presentó denuncia penal, ASSE observó inconvenientes con estudios médicos y traslados. En el centro de San Carlos, Maldonado, se observó la falta de registros claros sobre estudios de imagenología, laboratorio y traslados.