Ayer de tarde fue aprobado el proyecto de ley que busca solucionar la distribución de usuarios de Casa de Galicia ‒tras el cese de actividades de la mutualista que definió la Justicia por las deudas acarreadas‒, con los votos del oficialismo y del Frente Amplio (FA). La jornada legislativa empezó temprano, en el Senado, donde hubo varios cuartos intermedios mientras la oposición y la coalición acordaban modificaciones y pasaba a redactarse el nuevo texto.

En la cámara alta el proyecto contó con los votos negativos de los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo ‒suplente de Juan Sartori‒. Botana dijo en rueda de prensa que se negó a votarlo por “el enorme riesgo jurídico que significa desoír la resolución del Tribunal de Apelaciones, que el 1º de febrero dijo que Casa de Galicia tiene la posibilidad de defenderse, cosa que contradice lo que había sido la resolución judicial del 23 de diciembre”.

Además, sostuvo que “el Estado va a terminar pagando 40 millones de dólares”, cuando “se podría haber tomado el camino de la reestructura” de la mutualista, “con un costo diez veces menor”. “Amén de la incertidumbre sobre en qué condiciones van a quedar los socios, los trabajadores y los médicos de Casa de Galicia, está toda la historia de esa institución, desde el punto de vista médico y cultural, que no son temas menores”, indicó.

Botana agregó que el proyecto tiene “riesgo jurídico”, porque “puede tener consecuencias de responsabilidad para el Estado”. “Sinceramente, no me pareció nada buena esta solución a la [Daniel] Olesker [senador del FA] que se tomó. Acá se están repartiendo las pilchas antes de que el difunto esté muerto. Eso es lo que está sucediendo”, finalizó.

En tanto, el también senador nacionalista Gustavo Penadés subrayó en rueda de prensa que se logró “un importantísimo acuerdo político”, ya que en el Senado recibió votos de todos los partidos políticos. Resaltó que el proyecto surgió de una negociación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones médicas, los sindicatos y el sistema político. Explicó que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer una serie de medidas que garanticen “la calidad de la salud que reciben los usuarios de Casa de Galicia” y también garantiza a los trabajadores de la mutualista “la posibilidad de ser absorbidos por las instituciones que se encargarán de atender a los usuarios, que serán enviados a cuatro instituciones que surgen de un cálculo objetivo”.

La visión de la oposición

En la sesión del Senado, Olesker ‒exministro de Salud Pública‒ por el FA explicó que el proyecto de ley original estaba bien “encaminado en sus objetivos”, pero que eso no se veía reflejado en el único artículo que tenía. En ese sentido, hizo hincapié en que el texto aprobado otorga garantías tanto para trabajadores como para usuarios.

Remarcó que la iniciativa original hacía referencia sólo a los trabajadores dependientes, mientras que en el texto actual el criterio que prima es que cualquiera que haya trabajado en Casa de Galicia de forma permanente, sin importar la forma jurídica, está contemplado en la distribución a otras mutualistas. También señaló que el proyecto propone “llevar la discusión sobre las condiciones finales de ingreso y redistribuciones al Grupo 15 del Consejo de Salarios”, por lo que lo aprobado “es el piso” y “no tiene techo”.

En cuanto a los usuarios, Olesker saludó que se haya aceptado el planteo del FA de que los “criterios de asignación a las mutualistas sean lo más respetuosos de la estructura del sistema”. En ese marco, manifestó que es una buena solución que las mutualistas designadas por el Poder Ejecutivo “no tengan una gran población de mayores de 65 años”, para mantener el equilibrio etario.

También se incluyó, a propuesta del FA, la posibilidad de que los usuarios opten por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Los trabajadores y César Vega

Cuando el proyecto se estaba tratando en la Cámara de Diputados, mientras hablaba la representante colorada Nibia Reisch, la sesión se vio interrumpida por los gritos que empezaron a emerger de las barras, donde había un grupo de trabajadores de Casa de Galicia. “Traidores”, les gritaron varias veces a los legisladores, hasta que fueron desalojados.

Ya afuera del Palacio Legislativo, Lorena Herrera, de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), dijo en rueda de prensa ‒visiblemente compungida‒ que sienten “mucha indignación” y “tristeza absoluta” por el proyecto aprobado. “No podemos creer que se haya aceptado esa ley y no tener el apoyo de ninguno de los partidos. Indignación, esa es la palabra”, insistió. Agregó que esta ley puede ser inconstitucional porque apelaron el fallo del juez emitido el 23 de diciembre, un proceso iniciado por el abogado Juan Ceretta en representación de los socios de la mutualista y que fue aceptado, por lo tanto, “no hay nada decretado todavía”.

Herrera dijo que el plan aprobado es una redistribución de funcionarios y “alguno puede quedar dentro del nosocomio, pero no la mayoría”, y el sindicato no quiere “dejar a ningún compañero en el camino”. Sobre los próximos pasos a seguir, dijo que van a hablar con la mesa directiva de Afuncag, pero por ahora están “de pie” y “todavía no hay nada dicho”. “Seguimos en la lucha, con el corazón roto, porque Casa de Galicia significa mucho para todos nosotros, pero seguiremos”, indicó.

Además, dijo que no coincide con la apreciación de Botana, ya que “se han levantado bancos fundidos y el Estado ha tenido que poner muchísimos millones de pesos”; por lo tanto, creen que esta situación merece “una intervención del gobierno”, porque “es un centro de salud en un punto estratégico del país y en medio de una pandemia, que no es un tema menor”.

Subrayó que el presidente Luis Lacalle Pou “no ha emitido opinión sobre el tema” y “está ausente” ante los trabajadores y los socios. Agregó que “hace meses” que piden una reunión con el mandatario y hacen movilizaciones hasta la residencia presidencial, pero que “en todas las oportunidades” fueron “ignorados”.

Herrera informó que una de las trabajadoras de la mutualista que está haciendo huelga de hambre “no tuvo un día muy bueno” el lunes, porque “su salud empezó a tener un declive bastante importante, emocional y físicamente”, y dijo que no quieren que los compañeros corran “ningún riesgo de salud”. “Se hablará, pero no sabemos en qué va a terminar, porque son seres pensantes, adultos, y esta decisión fue tomada con una firmeza irrevocable por parte de ellos. Pero nosotros, como compañeros, queremos protegerlos y cuidar su salud, no queremos que sigan si esto va a tener consecuencias negativas”, sostuvo.

Agregó que si hay que negociar, el punto de partida para ellos es “el 100% de los puestos de trabajo dentro del centro de salud”. “Casa de Galicia va a seguir funcionando como un centro de salud, en un punto estratégico, y va a necesitar gente que trabaje en él, y tenemos que ser nosotros, que tenemos más que ganado ese lugar”, finalizó.

César Vega, diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, salió de la sesión y se acercó a donde estaban los funcionarios de la mutualista. “Yo les puedo votar en contra, pero no va a valer nada”, les dijo. Efectivamente, cuando llegó el turno de votar el proyecto en la Cámara de Diputados, se aprobó con 90 votos en 91: el único que se negó a apoyarlo fue Vega. “Nos parece una decisión apresurada, y creemos que cada una de las empresas que brindan servicios de salud en nuestro país que se vayan fundiendo ‒esta no es ni la primera ni la última, algunas hace bastante que están en situación comprometida‒ debe de ser absorbida al 100% por el Estado y debe continuar tal cual lo venía haciendo”, dijo en su breve intervención.