A partir de enero comenzaron a regir algunos cambios en el Sistema Nacional de Certificaciones Médicas, que hacen que el Banco de Previsión Social (BPS) pueda intervenir ante eventuales casos y tener potestades de auditoría en aquellas situaciones en las que “las certificaciones sean consecuencias de una enfermedad invocada para obtener beneficios”, según explicó a la diaria Alfredo Cabrera, el presidente del BPS.
Cabrera detalló que uno de los cambios más significativos es que el sistema de certificaciones se integrará a la Historia Clínica Electrónica Nacional, con varios objetivos. En principio, que el médico tratante “cuente con información para tomar la decisión de certificar”, es decir, que tenga datos de las certificaciones anteriores de ese usuario. Por otra parte, el sistema brindará una planilla estándar con una cantidad general de días de recuperación para otorgar a cada patología, de la cual “el médico podrá apartarse” si no comparte el criterio.
Además, la certificación no podrá ser antedatada o posdatada y será individual. “Hasta 2022 podían llegar al banco la totalidad de las certificaciones firmadas por el mismo profesional”, que podía ser “un director técnico” del prestador. A partir de ahora, será “un acto médico, que deberá validar”, o sea, firmar, “sólo el médico que atendió al paciente y lo certificó”. Este cambio se suma a que ya no es válida la posibilidad de que los pacientes obtengan y validen un certificado a demanda, es decir, con un profesional que no sea funcionario de su prestador de salud.
Según Cabrera, la propuesta surgió del actual gobierno y se llegó “a una solución abarcativa” y global, que salga de los casos aislados, y a futuro, cuando el sistema se establezca, se puedan tener datos que ahora no están definidos -por ejemplo, cantidades, patologías, tiempos, prestadores y zonas-, es decir, “detalles que ahora no se registran y que pueden permitir tener una visión más global” y analizar la información no como casos aislados sino como algo más general.
La nueva normativa se comenzó a aplicar en el sector privado debido a que es el ámbito en el que se abonan los subsidios por enfermedad, a diferencia del sector público, en el cual cada institución se encarga. Aun así, la intención es que en un tiempo la modalidad “se aplique para todos los trabajadores” del país.
Por otra parte, Cabrera brindó algunos datos en cuanto a los subsidios. En enero de 2022, en pleno pico del coronavirus a raíz de la variante ómicron, el banco “llegó a recibir 115.000 certificaciones”. Según datos de noviembre de 2022, el último cierre que hizo el organismo, ese mes el BPS abonó “44.500 subsidios, un total de 770 millones de pesos”, y este dato es el que más se asemeja “al promedio, más allá de situaciones o períodos puntuales”.
Sector público
Carolina Arcuri, secretaria de salud laboral y seguridad social de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo a la diaria que los trabajadores consideran “apropiado” que las certificaciones deban realizarse por un profesional del prestador de salud del trabajador pero que, en cuanto al cambio respecto del acceso a la historia clínica, debe tenerse en cuenta que es un documento que “tiene datos que son privados y que deben tramitarse y resguardarse debidamente”.
Sobre el uso indebido o inadecuado de la certificación, agregó que el sindicato “es crítico” y rechaza “la actitud de falsear una situación de enfermedad”. Para Arcuri, “se debería cumplir mejor con algunas normativas vinculadas a las certificaciones y a los servicios de salud ocupacional” y fortalecer los seguimientos y trabajar sobre el análisis de los motivos de las certificaciones de los trabajadores públicos.
De igual manera, acentuó que “no es justo que paguen justos por pecadores”, como a su entender sucederá a partir de la implementación de una serie de artículos de la Rendición de Cuentas que modifican el régimen de certificaciones médicas en el sector público. A partir de la aprobación, que también debería ser aplicada a la brevedad, cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia médica. Luego, a partir del décimo día, cobrará 75% del salario.
A partir de la reforma aprobada, los asesores legales de COFE realizaron dos informes en los cuales sostienen que, por diferentes motivos, la normativa “es inconstitucional” y plantean que pese a “haber propuesto algunas modificaciones que incluían autocrítica y la necesidad de algunas mejoras”, no se las incluyó en la versión votada, es decir que “no surgió de un ámbito colectivo”. Los informes se presentarán cuando se presenten los casos.