El Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para que el Estado pague todos los créditos laborales que se les adeudan a los extrabajadores de Casa de Galicia, institución cerrada en 2021, como alternativa a la iniciativa del gobierno para dar respuesta a esta situación, que es criticada por los exfuncionarios de la mutualista, quienes alegan que no cumple con lo establecido en la Ley 20.022. El Poder Ejecutivo propuso un monto de 30.000 unidades indexadas –alrededor de 174.000 pesos– para cada uno de los 1.970 trabajadores a los que aún se les adeuda. Ese monto, advirtieron desde el gremio de médicos, marcaba “una diferencia muy sustancial” con lo que debería cobrar cada trabajador.
A su vez, el proyecto del FA para afrontar esta problemática se suma a otro que presentó el senador blanco Sergio Botana que, grosso modo, obliga al Estado “a pagar la totalidad” de los créditos laborales posconcursales a médicos, trabajadores no médicos, independientes y profesionales en ejercicio libre de su profesión.
El proyecto del FA reconoce “a todos los efectos el derecho de todos los trabajadores, médicos y no médicos, técnicos y especialistas, dependientes e independientes, que tengan créditos laborales pendientes de cobro” a la totalidad de los créditos laborales posconcursales, es decir, sueldos o jornales, licencias, sumas para el “mejor goce” de la licencia anual, aguinaldo e indemnización por despido legal. Dicha erogación se hará por medio de recursos económicos provenientes de Rentas Generales.
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Por otro lado, indica que los extrabajadores de Casa de Galicia que aún no hayan sido reabsorbidos por las instituciones prestadoras de salud obligadas a ello –Círculo Católico, Hospital Evangélico, Sociedad Médica Universal, Crami y Cudam– y que “no desempeñen funciones en alguna otra institución del área de la salud deberán ser contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en un plazo máximo de 60 días desde la promulgación” del proyecto. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el de Salud Pública (MSP) tendrán un mes para promulgar, y los trabajadores permanecerán en ASSE “hasta que ingresen a las empresas prestadoras de salud en la forma prevista” por la Ley 20.022.
Aclaran que la contratación deberá respetar la “categoría laboral, carga horaria, condiciones laborales en general de los mismos, y el domicilio del trabajador”. Esas instituciones prestadoras de salud que hayan absorbido exfuncionarios deberán mantenerlos en planilla por un plazo mínimo de dos años “a partir de su ingreso, respetando la categoría laboral, carga horaria, condiciones laborales en general y remuneración que tengan en Casa de Galicia”.
En tanto, las instituciones prestadoras de salud que hubieren “incumplido” lo dispuesto en la Ley 20.022 serán multadas por el MSP con el descuento de “50% del valor de las cápitas recibidas por la distribución de socios establecida en la referida norma legal, por el tiempo que dure el incumplimiento”.
Por último, piden que se cree una comisión integrada por un representante del MSP, uno del MTSS, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes de los extrabajadores de Casa de Galicia, “que se encargará de la supervisión del cumplimiento de la presente ley”.