Hace varios meses que los trabajadores del Casmu, nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), se encuentran en conflicto con la empresa por diferentes motivos, entre ellos, 78 trabajadores despedidos y más de 200 enviados a seguro de paro, según cifras que maneja el sindicato.

La situación se denunció en más de una oportunidad y generó varias instancias de paros y movilizaciones que en noviembre de 2022 concluyeron temporalmente por un acuerdo al que se llegó en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). La pauta se firmó tras largas horas de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre el Casmu, Afcasmu y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). En el acuerdo se dejó constituida una comisión con el fin de “analizar el futuro de la institución” y “los pasos a seguir” por un lapso de dos meses. También se acordó que los trabajadores que están en seguro de paro “no están despedidos”.

En diálogo con la diaria en el marco del mes en el que se venció ese convenio, Sonia González, presidenta de Afcasmu, sostuvo que la empresa no cumplió con el acuerdo y que el viernes 18 de febrero “hubo dos despidos más”, en una situación que “desvinculó arbitrariamente a dos enfermeras de centros médicos zonales”. Con esa decisión se llegó “al despido [número] 78”. González reiteró que los trabajadores rechazan la forma en que la empresa lleva adelante las desvinculaciones, dado que “convoca al trabajador a gestión humana, no se le dan razones, y el trabajador obtiene un pago por indemnización”.

“Insistimos en que es un mecanismo perverso”, sostuvo González, y fundamentó que el sumario que anteriormente se aplicaba “daba la posibilidad de saber la razón” del despido, y además otorgaba “el derecho a defenderse”. Según la sindicalista, además de los despidos, hay “más de 200 trabajadores en seguro de paro”, a pesar de que el acuerdo firmado en noviembre pautó el compromiso “de que no habría nuevas listas de trabajadores enviados al seguro de paro” pero, aun así, “en febrero quedaron en esa situación alrededor de 60 trabajadores más” y la empresa anunció que “la situación continuará así”.

El 6 de febrero se retomaron las instancias tripartitas en el MTSS y “los empleadores manifestaron” que algunos puestos de trabajo -de quienes están en seguro de paro- “fueron eliminados, por lo tanto, no todos los trabajadores volverían a ocupar su lugar”. Ese comunicado “tensó aún más la situación”, remarcó González. Los trabajadores le solicitaron a la empresa una lista para conocer en detalle quiénes se encontrarían en esa situación, pero “no fue entregada”. A partir de allí “se generaron nuevas instancias en el MTSS pero por separado” y la próxima reunión será este viernes en busca de “alternativas reales a las reestructuras de la institución”.

El fantasma de Casa de Galicia

En este contexto, González adelantó que los trabajadores resolvieron “solicitar la intervención” de la institución “no sólo por el incumplimiento de los acuerdos colectivos”, sino porque “desde octubre” preguntan cuál es la situación económico-financiera de la mutualista y “la viabilidad” del proyecto, pero la empresa “no entrega un informe o un detalle con la situación actual”. Según González, a los trabajadores “les preocupa” encontrarse “con una situación en la que se repita lo de Casa de Galicia”. “Las dimensiones del Casmu”, un prestador que cuenta con más de 180.000 socios y alrededor de 7.000 trabajadores, “tiene cierta incidencia, por lo tanto, hay situaciones que prever”, agregó.

Según González, si bien “se les preguntó a todos los actores involucrados”, entre ellos el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las autoridades del prestador, “si hay o no riesgos, para no tener sorpresas”, no hubo respuestas, reiteró. El último fideicomiso que le fue aprobado al Casmu es de “23 millones de dólares”, y el cobro se pautó en etapas. Hasta ahora el prestador recibió dos partes y aún restan “cinco millones”, pero “queremos saber si eso hizo que la situación mejore, sea estable o la misma que antes”, sostuvo.

La asamblea de trabajadores, que se reunió por última vez el jueves, “entendió que se debe recorrer el camino de la intervención”. Para eso, según el sindicato, hay que concretar un proceso que ya se inició y que requiere “conversar con todos los actores vinculados a la institución” -socios, médicos y gremios que tengan convenios colectivos con el Casmu-, porque “entre todos” se haría la eventual solicitud.

la diaria intentó sin éxito comunicarse con autoridades del Casmu para esta nota.

“Ciertas complejidades”

La situación del prestador también llegó al Parlamento. En diciembre de 2022 autoridades del MSP concurrieron a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados al ser convocados por los legisladores para esclarecer algunos puntos vinculados a la situación actual del prestador.

En esa instancia, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, expresó que la situación del Casmu “no es similar a la de Casa de Galicia” porque el Casmu cuenta con más de 180.000 afiliados y “balances positivos”, aunque admitió “ciertas complejidades”. Satdjian sostuvo allí que comparte las expresiones “de preocupación” de los legisladores y que el tercer desembolso del último fideicomiso solicitado por la empresa “aún está en revisión”. Consultado el lunes por la diaria, el jerarca reafirmó que el dinero que resta aún no fue entregado porque “sigue en revisión”.

Por otra parte, dijo que el MSP, a pesar de no estar tan al tanto de la situación del fideicomiso debido a que corresponde en mayor parte al MEF, de igual manera “está siguiendo la situación de cerca y de manera constante”.

En el mismo sentido, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, aclaró que el último fideicomiso solicitado por el Casmu “no es un resorte”, es decir que la aprobación no dependió de la Junasa sino del MEF. Además, sostuvo que cuando un prestador acude al fondo de garantía “es porque declara que está frente a una situación financiera compleja y delicada”, y que “frente a un proyecto que muestra pautas hacia adelante” es que “se accede a dar esa garantía”, como ocurrió.

Yagoda detalló para qué usaría el Casmu los dos primeros pagos. En cuanto al primer desembolso, la empresa habría planteado “retiros incentivados de personal”, y ese era “el destino que principalmente le daba”. El segundo desembolso que se liberó estaba asociado a “objetivos que tienen que ver con la negociación de precios de medicamentos”.

Compartió que se está “frente a una situación distinta” a la de Casa de Galicia debido a que la exmutualista tenía un endeudamiento de “75.000 pesos por afiliado”, mientras que el endeudamiento del Casmu por socio es de “30.000 pesos menos”. Sin embargo, consideró que luego del proceso de Casa de Galicia todos quedaron con “la piel fina” y en consecuencia “está bien tener precauciones”.

En cuanto a los trabajadores, aclaró que si bien el MSP, la Junasa o el MEF no pueden exigir nada al respecto para otorgar el fideicomiso, tampoco se le puso como condición “disminuir la plantilla” de trabajadores. Por último, dijo que la situación actual del prestador está en una “ventana de tiempo”.