Durante los últimos tres años las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), sobre todo quien la preside, Leonardo Cipriani, han manifestado una y otra vez el avance y el crecimiento del prestador público, en todo el país y mediante diferentes incorporaciones, inauguraciones de centros y gestión colectiva. Aun así, las expresiones de la institución siempre convocan oponentes.

Un claro ejemplo fue una comparecencia de las autoridades en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda del Senado, luego de la última Rendición de Cuentas, cuando al concurrir por varios temas que han estado de forma permanente en la agenda de salud, entre ellos, los medicamentos, los recursos humanos y el Fondo Covid, Cipriani expresó que estaba conforme con los 1.400 millones de pesos más que le fueron asignados al organismo para la ejecución 2023 y 2024.

Ese día, a las afueras del edificio anexo al Palacio Legislativo, una delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) planteó un discurso diferente y manifestó que “el presupuesto general de ASSE es algo que preocupa” a los trabajadores porque “para el funcionamiento no hay partida presupuestal”, ya que hay un “ajuste de 70 millones de pesos menos y eso repercute en la atención”, porque “sin presupuesto es muy difícil lograr la calidad asistencial”, concluyó.

De la misma manera, los usuarios manifestaron carencias de atención tanto en Montevideo como en el interior del país. Los reclamos también se reiteran y, por lo general, comunican que faltan medicamentos, recursos humanos para especialidades, capacidad para traslados en tiempo y forma, y algunos servicios que si bien no existen “son necesarios” para determinadas zonas.

El interior

En una de sus últimas sesiones, la semana pasada la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados recibió al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. El grupo trasladó su preocupación sobre un conjunto de temas y situaciones vinculadas a la salud que se repiten en varias localidades y departamentos.

La versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria consigna que usuarios de Santa Lucía, Joaquín Suárez, Casarino, Durazno y Chuy, entre otros lugares, llevaron planteamientos, pero una usuaria en su comparecencia leyó una carta en la que se resumía la situación general del país.

Una de las usuarias, que asistió en representación de Santa Lucía, dijo que hace un año el centro de salud de esa localidad padece “un recorte de 34%” en medicamentos y que, además, desde hace un mes se debe suministrar a “varias” otras policlínicas de la zona con el mismo presupuesto que antes era sólo para Santa Lucía, algo que acentuó la carencia. Otro de los problemas mencionados fue la asistencia en las emergencias. El año pasado, en una oportunidad “la emergencia se cerró desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada” porque “no había médico”, y el movimiento de usuarios debió ir a la seccional a dejar constancia de que el profesional que debía tomar ese turno “no concurrió”, relató.

La usuaria también planteó que estas y otras situaciones fueron comunicadas a varias autoridades de ASSE, tanto generales como locales, pero “no [los] toman en cuenta” y “dicen que no [son] una comisión del movimiento de usuarios, sino una comisión de vecinos”. Pero “nosotros fuimos elegidos en 2019 y nos regimos por el reglamento del movimiento de usuarios a nivel nacional”, sostuvo.

La carta con la situación general del país fue leída y entregada a los legisladores por otra usuaria que concurrió a la comisión en representación de Durazno. El relato incluyó las dificultades en ASSE, pero también en el sector privado, es decir, la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel país.

La carta expresa que si bien el sistema fue “una fortaleza” frente al control de la pandemia, “no se han tenido en cuenta” otras puntas, por ejemplo, que el primer nivel de atención “debería” ser un área de detección precoz y prevención, algo que no está sucediendo porque el común es “el alivio de situaciones agudas” y “sólo se realiza una praxis adecuada cuando la situación se hace insostenible” o cuando los allegados al usuario “exigen otra actitud”.

En cuanto a cuestiones más específicas sobre la atención, detallan que “se está ahorrando en los exámenes para llegar rápidamente al diagnóstico”, y en algunos casos no se cumplen “las mínimas rutinas”. El calmante y el diagnóstico “a ojo es lo corriente” y genera errores que en algunos casos han significado “situaciones de vida o muerte”.

Sobre los medicamentos dijeron que muchas veces no se cumple con los tratamientos y se dan situaciones en las cuales “el usuario debe revisar el envase” al momento de recibir el medicamento “para verificar que esté todo el contenido”. Es decir que “el flujo de medicación está lejos de ser acorde” con la posibilidad de cobertura, y “surgen inconvenientes” porque “el ahorro es la premisa”.

Otro de los temas que siempre están presentes en los reclamos de los usuarios es la salud mental. En este sentido, en esta oportunidad los usuarios nuevamente consideraron que la Ley de Salud Mental está “muy lejos” de implementarse por “falta recursos” humanos y materiales. Consideraron “inconcebible” que una sala de psiquiatría esté “una semana sin psiquiatra, como pasó en Durazno”, porque las dos especialistas del centro estaban de licencia.

Por último, sobre la participación social, dijeron que “está cada vez más menguada” y “hay un repliegue por parte de los más vulnerables”, además de que “se está instalando cada vez más la aceptación de la impotencia y la resignación” ante las fallas y dificultades del sistema.

Por su parte, los legisladores remarcaron la importancia de la organización de los usuarios para trasladar al ámbito parlamentario situaciones que tal vez de otra manera no serían parte del espacio, y solicitaron que si cuentan con denuncias “puntuales”, por ejemplo, respecto de la modalidad de algunos diagnósticos que fueron relatados por los usuarios y que eventualmente no cumplirían con determinados protocolos, los acercaran para tener sustentos documentados. A su vez, la diputada y presidenta de la comisión, Lucía Etcheverry (Frente Amplio), sostuvo que lo relatado corresponde a problemas “que vienen de antes”, pero que según lo planteado “se han agravado”.

la diaria intentó sin éxito comunicarse con autoridades de ASSE.