La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se reunió este lunes con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para conversar sobre los principales temas de agenda vinculados a la salud que le preocupan al sindicato. Al encuentro asistieron varios integrantes de la FUS, entre ellos, Sonia González, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu), quien habló sobre la situación de la mutualista.

Una vez culminada la reunión, Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, comentó a la diaria que además de la situación del Casmu, los temas en los que se puntualizó en la reunión fueron la violencia en el ámbito de la atención de salud y las demoras en el sistema, sobre todo para acceder a determinadas especialidades, por ejemplo, vinculadas a la salud mental.

Sobre el primer tema, Bermúdez señaló que la violencia en los centros “es multicausal” y, entre otras cosas, se relaciona con “la violencia que hay en la sociedad”; aun así, el Ministerio del Interior “no se puede desentender”. Consideró que hay zonas de Montevideo que son “particularmente castigadas”, donde se dan determinadas situaciones violentas por distintos motivos. Lo mismo sucede en los “principales sanatorios del país”, por lo que “consideramos necesario contar con patrullaje policial”. Bermúdez considera que la medida es importante para la seguridad del trabajador que ingresa o se retira del centro de salud tanto como para el paciente que concurre. Por otra parte, adelantó que la FUS se reunirá a la brevedad con el ministro del Interior para pensar “acciones conjuntas” para el problema.

En cuanto a los tiempos de espera, el secretario general de la FUS advirtió que existe preocupación porque los usuarios siguen “esperando tres meses para conseguir una consulta con un traumatólogo”, pasan “ocho o diez horas para ser subidos a piso” cuando requieren internación, y es algo que “se discute desde que el Sistema” Nacional Integrado de Salud “se puso en práctica”. Acotó que la “falta de personal” generalizada y la escasez de algunos especialistas “influye” especialmente.

En tanto, la presidenta de Afcasmu planteó la preocupación sobre la “viabilidad institucional” y detalló que actualmente la institución tiene 185.000 socios y aproximadamente 7.500 trabajadores. Recordó que los trabajadores han advertido sobre la situación desde “hace bastante tiempo”.

Los trabajadores continúan reclamando en negociaciones bipartitas y en los últimos meses van “70 trabajadores despedidos de forma arbitraria”, contó. En cuanto a los trabajadores enviados a seguro de paro entre octubre y noviembre de 2022, dijo que gracias al acuerdo alcanzado en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en febrero de 2023 todos los trabajadores que “no firmaron la prórroga” “han vuelto a trabajar”, porque el acuerdo estableció un seguro de paro rotativo. Aun así, actualmente hay “225 funcionarios en seguro de paro”. Según González, “la ausencia de esos trabajadores” se nota en la asistencia e interfiere en el clima de negociación, ya que la empresa actualmente, por ejemplo, “abre farmacias con personal tercerizado al tiempo que tiene ese número de trabajadores en el seguro de paro”.

Según la sindicalista, Rando manifestó “preocupación” por la situación y les comunicó que se está trabajando en el tema.

Antecedentes

La violencia en los centros de salud, sobre todo desde las personas allegadas a los pacientes hacia el personal médico, se incrementó en los últimos meses tanto en el sector público como en el privado. 

Una de las últimas situaciones ocurrió hace una semana en el CTI de la Sociedad Médica Universal. Según informó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), ocho personas vinculadas a un paciente que falleció en ese centro asistencial ingresaron a las instalaciones principales de la mutualista y agredieron físicamente a un médico y a varias enfermeras, quienes debieron ser hospitalizados a raíz de las agresiones. 

Algo similar ocurrió un mes antes en el sector público. Luego de que una funcionaria de la policlínica Maracaná recibiera, por segunda vez en una semana, agresiones físicas por parte de una usuaria, las policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pertenecientes a la Red de Atención Metropolitana (RAP) establecieron un paro. 

Los tiempos de espera también son un tema que data de varios años. En uno de los tantos espacios generados para intervenir en la situación, en 2019 el MSP se reunió con el directorio de ASSE, la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, y el SMU, para plantear medidas que mermaran las demoras en las emergencias en invierno en las puertas de emergencia. 

Si bien hubo algunas propuestas, las dificultades continuaron. En 2021 el SMU presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) tras reunir diferentes situaciones relatadas por médicos de centros de ASSE de Ciudad de la Costa, del Hospital Español, del Cerro y de la policlínica Tres Ombúes sobre demoras en la atención de pacientes complejos. 

La situación del Casmu se arrastra desde hace varios meses. El conflicto comenzó en 2022 con reiteradas denuncias sobre despidos, acoso laboral y dificultades en la atención, derivadas, entre otras cosas, de la creación de un servicio VIP, una situación que generó que el Frente Amplio tomara como prioridad para 2023 presentar un proyecto de ley que regule este tipo de servicios.