Este lunes, una vez más, la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) se reunió con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para trasladar algunas “preocupaciones” sobre la actualidad de las políticas antitabaco, de la fiscalización de estos productos y del registro de vendedores.

Al salir del encuentro, Ana Lorenzo, la secretaria de la SUT, explicó a la prensa que el objetivo principal de la reunión fue plantearle a Rando “en qué situación se encuentra” el control del tabaco. “Sabemos que en los últimos años hubo algunos retrocesos” y que “hay cosas que siguen pendientes”, sostuvo. Según Lorenzo, muchos de los temas están siendo analizados por el ministerio pero “algunos otros no”, aunque la ministra “está dispuesta” a comenzar a trabajar en los temas que la sociedad entienda que hay que atender.

A su vez, especificó sobre algunos de los temas. Dijo que las preocupaciones refieren, por ejemplo, a la necesidad de aumentar la fiscalización a nivel nacional, de trabajar aún más en los programas, entre ellos, en los del Control de Tabaco que se “debilitaron” durante la pandemia. A su vez la SUT le planteó a Rando la importancia de generar un registro de los puntos de venta porque el combate de la comercialización ilícita preocupa “tanto a las autoridades como a la sociedad”.

Según Lorenzo, un primer paso sería que el ministerio elabore una lista de puntos de venta, así como “ya lo hizo con los importadores y fabricantes de productos de tabaco”. Agregó que a su vez “preocupa” el “impulso” del último tiempo “al vapeo”, y las asociaciones que “podrían estar a favor de la habilitación del cigarrillo electrónico” que “afortunadamente” todavía está prohibido en Uruguay.

Sobre la normativa actual vinculada a los productos de tabaco, sobre todo, en cuanto al decreto 282/22, aprobado en setiembre de 2022 por el presidente Luis Lacalle Pou, que flexibiliza las restricciones a la industria tabacalera, ya que, entre otras cosas, vuelve a permitir el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permite a las empresas incluir colores, logos o inscripciones bajo las marcas, sostuvo que están en revisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Esperamos que se puedan resolver a favor de nosotros porque tenemos los argumentos y la evidencia científica suficiente” para sustentar que esas normativas deben dejarse “sin efecto”, agregó. En cuanto a la fiscalización, Lorenzo celebró que la ministra les dijera que próximamente va a ingresar un grupo de fiscalizadores que “fortalecerá” esa área.