La Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental nunca pudo funcionar de manera eficiente por varios motivos. Uno de ellos y el más importante es la falta de una partida económica específica para su funcionamiento, que permita un modelo de trabajo diferente al actual, que implica que “todas las acciones son realizadas por los integrantes de la comisión”. El organismo fue creado por la Ley 19.529, de Salud Mental, y su principal objetivo es que la ley se cumpla, lo que depende del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La comisión debe estar integrada por dos representantes del MSP, tres de la Universidad de la República de diferentes facultades, uno de las “organizaciones más representativas” de los trabajadores de la salud mental, un representante de las sociedades científicas vinculadas a la salud mental, un miembro de las organizaciones con más representación de las personas con trastorno mental, un representante de las organizaciones más representativas de los familiares de las personas con trastorno mental y un representante de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derechos humanos. Si bien cada institución elige sus representantes, los designa formalmente el Poder Ejecutivo.
Los integrantes actuales del órgano no están conformes con el lugar del organismo dentro de algunas competencias vinculadas a la salud mental. Según comentaron a la diaria, por ejemplo, no tuvieron participación en la elaboración del Plan de Salud Mental y Adicciones y en el documento la comisión “tampoco aparece contemplada”, a pesar de tener “un lugar relevante en la ley”. A su vez, la comisión “no comprende” si el nuevo plan sustituye o no al Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027.
En tanto, la comisión entiende que próximamente sus atribuciones “pueden verse limitadas” si se aprueba el artículo 265 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas que establece varias comisiones que pueden solicitar la historia clínica del paciente en casos excepcionales. En las comisiones mencionadas no se encuentra la comisión de contralor.
Reiteración del pedido
Si bien el órgano comenzó a funcionar en 2018, estuvo acéfalo desde setiembre de 2021 hasta julio de 2022. De todas maneras, de forma honoraria y al igual que los integrantes anteriores, los nuevos representantes, quienes tomaron el cargo el 18 de agosto de 2022, siguieron trabajando y registraron algunos datos, según la memoria anual 2022 a la que accedió la diaria.
En principio, la comisión llevó a cabo un relevamiento de diferentes datos de las instituciones de salud que brindan servicios de salud mental a nivel nacional, a través de una solicitud de datos a la Junta Nacional de Salud (Junasa) y por un relevamiento de la propia comisión. En el primer contacto con las instituciones se les envió un comunicado notificando sobre las nuevas autoridades de contralor. A su vez, tal y como lo establece la ley en cuanto a una de sus funciones, durante 2022 la comisión recibió reportes.
En cuanto a las hospitalizaciones, se recibieron 224 notificaciones correspondientes a internaciones con fecha de ingreso entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2022, de las cuales 98 corresponden a internaciones involuntarias, 88 a internaciones por orden judicial y 38 a internaciones voluntarias por permanencia de más de 45 días. Del total de notificaciones, en 169 casos el proceso se completó por egreso del paciente y en 55 el proceso permanece pendiente, principalmente por no haberse informado aún la fecha de egreso.
Independientemente del tipo de hospitalización, en el 80% de los casos intervino un juzgado por tratarse de internaciones por orden judicial o por notificación de la internación al sistema judicial. Además, con base en los formularios, “se observa un retraso importante” en la notificación de las hospitalizaciones por parte de los prestadores a cargo, que alcanza un promedio de casi tres meses, aunque con una alta variabilidad.
En la memoria anual, la comisión recuerda que la gestión anterior había solicitado dotación de recursos humanos en dos oportunidades; primero, se solicitó presupuesto para “cuerpo inspectivo, viáticos, y administrativo”, y en 2020 se solicitó el presupuesto quinquenal 2021-2025 y la aprobación de propuesta de organigrama. Ambos expedientes “fueron archivados”.
La nueva comisión también reiteró la necesidad de contar con presupuesto. En setiembre de 2022 se llevó a cabo una reunión con el área programática de salud mental del MSP, específicamente con Horacio Porciúncula, su titular, en la que se le presentó el plan de acción y se enfatizó en la necesidad de fortalecer los recursos humanos para apoyar el trabajo de la comisión.