Psicólogos del Casmu denuncian atrasos en los pagos y exigencia de afiliación por parte de la empresa

Varios psicólogos del Casmu informaron a la diaria sobre una actual situación laboral crítica y con varios inconvenientes, sobre todo en cuanto a los pagos, que en principio genera repercusiones en la calidad de la atención y en el seguimiento de los pacientes de la especialidad.

Una carta elaborada por uno de los profesionales, a la que accedió la diaria, denuncia que el contrato que firman es “absolutamente abusivo” y a “merced de lo que la empresa decide”. Reconoce que si bien el vínculo laboral es una decisión, la mayoría de las veces se basa en “las necesidades laborales que hacen asumir cosas que no son dignas”.

Específicamente en cuanto a los pagos, detalla que en los últimos días de 2022 se le comunicó a los especialistas que habría un cambio en las pautas del contrato, dentro de ellos, una disminución en los honorarios de aproximadamente 15% entre la rebaja y la pérdida del aumento correspondiente. El nuevo contrato “no tuvo negociación” y pautaba algo que si bien ya estaba establecido, “no se cumplía ni se cumple”, que es el pago de los servicios “a los 60 días corridos”.

A su vez, el Casmu “nunca comunica nada” sobre posibles pagos, cambios administrativos o de funcionamiento en el departamento de salud mental. Remarca que el atraso en los pagos comenzó en 2022, antes del cambio de contrato. La carta agrega que en un momento se le comenzó a exigir a los profesionales contratados que sean socios del Casmu “si querían seguir trabajando”. De no ser así, podrían pagar una “cuota fraterna”, renovable todos los años.

El especialista agrega que ante esta situación el servicio se deteriora y afecta “la relación terapéutica” ya que la empresa “la destruye por completo”. En cuanto a quienes renuncian, sostiene que eso implica que los pacientes sean derivados a otros colegas y que el proceso de atención se interrumpa.

Una de las psicólogas que renunció en 2022 a causa de la modificación del contrato, contó a la diaria que comenzó a trabajar en el Casmu en 2007 y hasta 2022 facturaba siempre “sobre los tres meses”, pero cuando se presentó una reducción de los aranceles optó por no seguir porque además ya venía con un “desfasaje en los pagos”. De hecho, la empresa aún le adeuda meses de trabajo. Los cheques de setiembre y octubre los recibió en marzo y los cobró en abril y mayo, aun así continúa pendiente el pago de los últimos meses del año pasado y los cobrará recién a fines de este año. Por último agregó que otras de las razones por las cuales decidió no continuar el vínculo laboral fue porque “no había seguridad de que se pague o se cumpla con el contrato establecido”.

Asimismo, otro especialista que continúa trabajando en la empresa denunció, en diálogo con la diaria, que los vínculos laborales no cumplen con el plan de contratación, por ejemplo, en cuanto a la antigüedad, aunque la experiencia “se va adquiriendo”. Sobre los pagos especificó que hace tres meses que recibieron tres cheques; lo trabajado en marzo y abril se facturó en abril y mayo, pero lo podrán cobrar recién el 29 de noviembre y el 16 de diciembre. También recibieron un depósito por lo trabajado en febrero, pero por lo trabajado a partir de mayo de 2023 aún no cobraron nada.

“Es una situación difícil para los terapeutas porque no pueden sostenerse ni hacer frente a los gastos que implica la profesión”, pagan la caja profesional, el Fondo Nacional de Salud, la afiliación al Casmu (que exige que paguen igual una cuota si no son afiliados) y el impuesto a la renta de las personas físicas, por lo tanto, “hay colegas que gastan 20.000 pesos para poder trabajar”.

Por el momento los especialistas trasladaron la situación al Sindicato de Psicólogos y Psicólogas del Uruguay y a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Desde esta última, Carolina Moll, coordinadora de la comisión de asuntos gremiales, confirmó que la organización está al tanto de la situación y que en consecuencia se mantuvieron varias reuniones con los trabajadores de la mutualista y además se realizó un estudio del contrato por parte del asesor legal de la comisión.

Moll valoró la situación como “muy compleja” por las condiciones de trabajo y por el efecto que eso tiene en la atención que se brinda. “Hemos tenido reuniones con colegas del Casmu, es difícil, y lo que más preocupa es todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales. Uno de los puntos es el atraso en los pagos, pero va más allá y abarca el incumplimiento del contrato que firmaron”, sumado al cambio de contrato a fines de 2022 con una rebaja salarial tanto para los que atienden en forma individual como para quienes coordinan grupos.

Además de la precarización laboral, a la coordinadora le preocupa “lo que puede estar generando en la atención de los usuarios”, porque algunos han renunciado pero a otros les han retirado los pacientes”. Aclaró que si bien son trabajadores tercerizados, firman un contrato en el que se comprometen a prestar atención a las derivaciones que reciban y facturen por los servicios prestados, y acceden a eso porque “hay necesidad de trabajar”, o porque necesitan tener una primera experiencia laboral, entre otros motivos.