Una vez más una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió al Parlamento, en esta oportunidad a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, a responder diversas preguntas sobre los temas de agenda del ministerio, por ejemplo, vinculadas a los dos artículos propuestos por el MSP sobre la ampliación de la regulación de los productos de tabaco y respecto de una eventual reducción de los centros especializados en accidentes cerebrovasculares (ACV).

En cuanto a los centros especializados en ACV, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró a los legisladores que la intención no es “cambiar una política pública establecida”, con la que la administración actual “está de acuerdo”, y que se alinea al trabajo que inició su antecesor, Daniel Salinas. Aun así, remarcó que ante los resultados dispares de la evaluación realizada por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), se resolvió iniciar consultas a un experto internacional.

Rando adelantó a los legisladores que dicha consulta ya fue hecha, que el MSP ya recibió la información de cómo proceder para mejorar los resultados y la atención de los centros y que en “pocos días” se compartirá de manera “oficial”. Uno de los datos que arrojó la evaluación del FNR fue que la mortalidad es alta en varios procedimientos, e incluso en algunos casos en mayor medida que cuando no se interviene. Al respecto, la ministra adelantó que probablemente “algún centro deberá suspender su actividad” hasta que se termine el entrenamiento del personal o se les pida “algún otro tipo de condiciones” para que continúe en funcionamiento.

Por último, Rando dijo que es especialmente necesario mejorar el funcionamiento de los centros que se encuentran en el interior del país, ya que por la “ventana” de actuación que requieren este tipo de ataques en la mayoría de los casos no es viable trasladar a los pacientes del norte, este y oeste del territorio hacia Montevideo, pero “nadie va a cerrar los centros”, remarcó.

Defensa de los artículos sobre el tabaco

En cuanto a los artículos relacionados a las políticas antitabaco, que por segundo año consecutivo no prosperaron en la Rendición de Cuentas por falta de apoyo de la coalición, Rando manifestó que “es obvio” que si el ministerio los propuso, apoya que se vuelvan a reincorporar –“sin generar conflicto con [su] bancada”, que los retiró–, y explicó por qué las propuestas son “beneficiosas para la salud”.

Las iniciativas se justifican en que “el aumento del costo de algunos accesorios del uso de tabaco, en general, se asocia con la disminución del consumo”, aunque la ministra agregó que “los argumentos de los diputados que no estuvieron de acuerdo” con apoyar la iniciativa se deben “respetar”. En tanto, el artículo referido a la prohibición del consumo de sustancias mentoladas o saborizantes fue propuesto porque “es un nuevo método para captar a las poblaciones más jóvenes de adolescentes e iniciarlas en el tabaquismo”, por lo tanto, es “una medida de prevención para las nuevas generaciones”.

Salud mental

Entre varias otras cosas, los legisladores consultaron a la delegación por temas vinculados a la salud mental y a la implementación del Plan Nacional de Salud Mental. En esta línea, la senadora Amanda Della Ventura, del Frente Amplio (FA), preguntó por qué se “ha desechado la aplicación del Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027”, aprobado en febrero de 2020.

Al respecto, Rando sostuvo que el nuevo plan es “muy completo” y abarca la prevención, la promoción, el diagnóstico de la situación y el tratamiento, y que también hay dinero previsto para lo que es educación del primer nivel de atención de salud, es decir, para “descongestionar la atención especializada” y brindar una atención más rápida y resolutiva. Además, aclaró que el plan anterior “no se desechó”.

Por su parte, Lorena Quintana, directora del Programa de Adicciones del MSP, agregó que el plan anterior se tomó en cuenta pero que el actual es más complejo y generó un trabajo multiinstitucional.

A su vez, el senador Óscar Andrade (FA) planteó a la cartera una discrepancia específica con respecto a la incorporación de las comunidades terapéuticas al tratamiento de la salud mental y sobre la eventual modificación del Decreto 277/013, vigente desde 2013, que es el que las regula. El cambio plantea que las comunidades deben ser habilitadas por el MSP para que así trabajen con mayor fluidez con las instituciones gubernamentales. Al respecto, Andrade dijo que si se las va a incluir en los tratamientos y se les va a asignar recursos, “a priori se les debería bajar las exigencias” porque, al parecer, el problema estaría “en el decreto y no en el abordaje” de estos centros sobre las problemáticas.