La tenue llovizna que ocupó gran parte de la tarde de este jueves no impidió que más de 200 personas se manifestaran, una vez más, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Salud Mental (19.529), con énfasis en el cierre de los centros de internación psiquiátrica prolongada. Y es que si bien el artículo 38 de dicha ley establece que el proceso de clausura “no podrá exceder temporalmente el año 2025”, no hay indicios de que el Estado pueda efectivizar el cronograma impuesto cerca de terminar un segundo gobierno desde su aprobación.

Ya una hora antes del comienzo de la marcha, el callejón de la Universidad de la República se colmó de manifestantes. Con la música de una cuerda de tambores de fondo desplegaron pancartas y alzaron carteles de denuncia de los prejuicios en torno a la temática y contra la patologización y mercantilización de la atención en salud mental.

Luego de una cuenta regresiva que finalizó con vítores y aplausos, los manifestantes se hicieron con la senda sur de la avenida 18 de Julio, por la cual, entre gritos de alerta, avanzaron a paso lento hacia la plaza Seregni, al tiempo que clamaban por el cierre de los manicomios, el fin del “maltrato abusivo” y las terapias de electroshock y mayores niveles de participación en los espacios de toma de decisión.

“La ternura como modo de resistencia”

Una vez la marcha llegó a su destino, los manifestantes colmaron el anfiteatro de la plaza, donde minutos más tarde los y las integrantes de Radio Vilardevoz Angélica Vera, Guillermina Seijas, Belén García y Mathías Melgarejo leyeron una proclama. Los activistas llamaron a hablar de salud mental a través “de otras formas que afirman la vida y que no estigmaticen con diagnósticos y modelos violentos que se alejan de lo terapéutico”, lo que implica una perspectiva de salud “articulada con el derecho al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad y la vida”.

Así, instaron al diálogo con una “mirada amplia e integral en salud”, que incluya “diferentes profesiones y saberes”, en particular el de “los expertos”, cuya “experiencia es impostergable”. Asimismo, bajo el entendido del “encierro” como algo que “no es terapéutico”, denunciaron la existencia de más de 15.000 personas privadas de libertad tanto en cárceles y “cientos de institucionalidades en centros monovalentes”.

En esta línea, acusaron que los miembros de la sociedad están “cada vez más sujetos a existencias psiquiatrizadas [y] privatizadas, entre rejas, cercas y muros”, y reivindicaron la “posibilidad de una vida digna [...] sin ser relegados al encierro como única posibilidad”, con “la vida y la libertad” como ejes.

De esta forma, y bajo el eslogan “Manicomios nunca más”, recordaron que el incumplimiento de la fecha límite para el cierre de los manicomios –2025– “parece desestimar” el “proceso” en el que fueron partícipes tanto colectivos de salud mental, así como otros proyectos cooperativos, voces de familiares y los propios usuarios, quienes “fueron partícipes” del proceso que derivó en la aprobación de la Ley de Salud Mental, en 2017.

Aparte de las “no respuestas”, denunciaron que las problemáticas en torno a la “pobreza, calle, locura y [el] consumo” constituyen un “ensamble” del sistema con el objetivo de “hacernos responsables de las violencias de un Estado que no se hace cargo”.

Según dijeron los manifestantes, “violencia es que existan manicomios y cárceles”, así como “la patologización de la vida, el abuso de los diagnósticos, la sobremedicalización” y “el maltrato sistematizado, burocratizado y justificado por las instituciones que descomponen la vida de quienes están sufriendo el padecimiento”.

A modo de cierre, la proclama convocó a defender “la ternura como modo de resistencia y desobediencia”, así como a luchar para “desarticular” las formas imperantes e “inventar entre todos modos de relacionarnos donde todos tengamos lugar”. “No a la cultura del encierro y su lógica manicomial. El encierro no es terapéutico, la libertad sí es terapéutica. Manicomios nunca más”, concluyó.

Baroni: “Hay mucho para hacer”

En diálogo con la diaria, la profesional de la salud mental e integrante de Coordinaloca Cecilia Baroni se lamentó que en los siete años posteriores a la aprobación a la Ley de Salud Mental “no se convocó a hacer”, más allá de haber “presionado”, un “cronograma de cierre” de las instituciones psiquiátricas.

La profesional alertó que, de no procederse de forma ordenada, el proceso podría derivar en una “desmanicomialización forzada”, que, dijo, ocurrió en 1996, cuando “hubo un cambio, pero no soluciones de base para montones de personas que se atienden en la salud pública”.

Respecto de ello, dijo que mientras las instituciones privadas cuentan con “otros abordajes”, en el sector público aún se usan “abordajes que se usaban hace siglos”. De esta forma, llamó a “hacer un programa de cierre que implique abrir otras estructuras que aborden la locura en su cotidianeidad”.

“Ha habido un proceso donde parece que la locura es de algunos pocos y esos pocos están en estas instituciones”, se lamentó Baroni, quien, en su lugar, dijo que “la locura es patrimonio de la humanidad” dado que, recordó, cualquier persona puede necesitar de servicios de atención en salud mental.

Es por eso que llamó a “abrir otras posibilidades”, entre las que identificó la radio comunitaria del Hospital Vilardebó –Radio Vilardevoz –, de la que es coordinadora, y a concretar el cierre de las instituciones monovalentes, en tanto “hacen perpetuar el imaginario de que los locos son solamente los que están internados”. Baroni manifestó su decepción, ya que cree que “falta voluntad” por parte del sistema político.

“Hay mucho para hacer todavía y esta marcha es para poder seguir profundizando e implementando la Ley de Salud Mental”, concluyó, aunque matizó: “Falta un montón, pero vamos muy bien”.