Un grupo de enfermeras y enfermeros organizados, que desde hace un tiempo trabajan por la transformación del cuidado de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), elaboró un documento con propuestas dirigidas a los candidatos a la presidencia, en el que comenzaron a trabajar en abril de 2024 y que entregarán en los próximos días.
En diálogo con la diaria, Estela Harispe, licenciada en Enfermería e integrante del grupo, explicó que el documento integró propuestas que se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo en Enfermería y el Diálogo Político de Enfermería.
Harispe señaló que no se trata de “una reivindicación gremial ni tampoco se contemplaron sólo las condiciones de trabajo”, sino que lo que buscan es “cambiar los cuidados desde enfermería y para eso [la especialidad] requiere de competencias que hoy no están en los servicios”. “El cambio tiene que ser radical y hay que pensar en salir del modelo que contempla sólo la medicina, porque desde esa perspectiva [se forma] un sistema que es caro y que no cumple con la función del cuidado efectivo”, agregó.
Las propuestas priorizan la salud mental y el primer nivel de atención
El documento, al que accedió la diaria, indica que, según los últimos datos, Uruguay tiene 22,3 enfermeras profesionales cada 10.000 habitantes -24,2 si se incluye a las obstetras parteras-. Son cifras que “difieren con las recomendadas a nivel internacional”, se señala, puesto que se recomienda contar con 70,6 profesionales de enfermería y partería cada 10.000 habitantes.
La relación entre enfermeros y usuarios es en lo que más se enfocan las propuestas porque los profesionales entienden que una reforma sanitaria “necesita transitar un cambio en el modelo de atención que se sustente en la estrategia de atención primaria” para superar un modelo “que no logra una adecuada respuesta a los cambios epidemiológicos de su población”, aunque “la cantidad de profesionales de salud y la composición de los equipos son un factor decisivo para garantizar” la atención de calidad.
Uno de los ejes se basa en mejorar la relación funcionario-paciente, específicamente en lo que respecta al primer nivel de atención, la salud mental, la maternidad y los cuidados moderados. Las propuestas también contemplan la mejoría de las condiciones laborales en el colectivo de enfermería y la implementación progresiva de un plan de profesionalización de auxiliares de enfermería.
Las dotaciones de enfermería tienen “brechas importantes” en relación con los estándares internacionales, lo que dificulta la consulta, la visita domiciliaria y el trabajo en actividades de promoción de salud y prevención de enfermedad y la participación en comisiones de seguridad del paciente e infecciones.
Para mejorar la situación de la salud mental se propone definir las dotaciones de enfermería en la medida en que avance el proceso de creación y articulación de los dispositivos que plantean la Ley de Salud Mental y otras normativas.
Se plantea reglamentar la dotación con “bases mínimas” que posibiliten avanzar en la propuesta en algunos dispositivos comunitarios y en el área de hospitalización en casas de medio camino y centros diurnos, que constan de una licenciada en Enfermería y una auxiliar cada 12 personas por turno. En servicios especializados ambulatorios se propone la misma dotación, “ajustado al número de consultas”, y para hospitalización en unidades de corta y media estancia, una licenciada en Enfermería cada 18 personas y una auxiliar de enfermería cada seis personas.
Como estándar mínimo para hospitalización en cuidados moderados adultos y maternidades, la propuesta es un licenciado cada 18 personas y un auxiliar cada seis personas. En hospitalización en cuidados moderados de pediatría se propone una licenciada cada 12 usuarios y un auxiliar cada seis usuarios, con “consideraciones especiales” para servicios con menos camas que el estándar, en los que enfermería puede asumir cuidados de personas usuarias internadas en áreas contiguas, sin superar las 18 personas usuarias por licenciado y seis por auxiliar.
En maternidad se plantea cambiar el personal -para sala de partos- en servicios con más de 30 partos por mes, lo mismo con las dotaciones de servicios con usuarios cuya “complejidad lo amerite”.