La Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) envió a los candidatos presidenciales —Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional— una serie de “propuestas alineadas con la mejora del Sistema Nacional Integrado de Salud” (SNIS).

El documento, al que accedió la diaria, se enfoca en fortalecer tres dimensiones de la cobertura y asegurar el desarrollo del sector a corto y largo plazo.

Tiempos de espera

La revisión de los tiempos de espera de atención es uno de los elementos que las mutualistas entienden que necesita revisión y adecuación a la actualidad. Uno de los aspectos a abordar es la oferta y demanda de los servicios. En este sentido, las empresas entienden que mejorar el acceso a la atención en salud implica tener en cuenta la demanda de los usuarios y la capacidad de oferta de los prestadores.

Para los usuarios, la espera “representa un costo en tiempo y en muchos casos incertidumbre sobre su condición de salud”. Plantean que del lado de las mutualistas “no es posible ofrecer todos los servicios en el mismo momento en que son demandados” porque esto implicaría disponer de recursos humanos y materiales que pueden no estar disponibles.

Si bien en los últimos años se crearon herramientas para medir la demanda y el tiempo de acceso a las consultas, hasta la fecha, estas sólo permiten gestionar el número de consultas disponibles por especialidad, que llevan en su gran mayoría a aumentar la oferta “sin solución alguna al problema de fondo”, aumentando los costos de los servicios.

Por estos motivos, “es necesario avanzar hacia la regulación racional de la demanda”. Hasta ahora esta regulación se ha intentado hacer mediante tasas moderadoras, pero en general “son insuficientes” como freno para las necesidades de asistencia, y, por otro lado, es injusto para quien realmente necesita asistencia. Por lo tanto, habría que pensar en otro mecanismo de “moderación”, no económico, sino basado en la racionalidad médica.

En conclusión, entienden que habría que encontrar un equilibrio entre los costos del usuario asociados a la espera y la incertidumbre, y los costos que asume la institución. La estrategia debe orientarse “al mejor uso posible” de los recursos disponibles.

Justifican la urgencia de regular este tema en que “una espera es excesiva cuando afecta negativamente el bienestar y la salud del paciente”, y puede resultar en un empeoramiento de las condiciones de salud y también en mayores costos posteriores para el paciente y para el prestador de salud.

La sustentabilidad del sistema

Sobre la sustentabilidad económica del sistema, las propuesta plantea que si el gasto público en salud que destina Uruguay —más del 6% del producto interno bruto— (PIB) continúa cumpliendo las recomendaciones internacionales, “sería necesario realizar una evaluación sobre la eficacia” de la asignación.

En cuanto a las operaciones financieras de las empresas, proponen un análisis de la composición, estructura y adecuación de las cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que representan el 70% del total de ingresos de las mutualistas. Entienden que el método vigente “es rudimentario y los datos utilizados como base son de hace casi 20 años”. Encuentran como una de las mayores dificultades que no representa de forma adecuada el costo asistencial brindado, situación que genera un resultado operativo global que se ha deteriorado con el transcurso del tiempo.

Otra de las propuestas es revisar la política de fijación de copagos (las órdenes y tickets), que constituyen “un aspecto diferencial de la propuesta asistencial de cada prestador”. Aunque admiten que se alcanzó el efecto beneficioso de la política pública de disminuir el pago de bolsillo de la población, sostienen que, “no obstante, la mayor accesibilidad a los servicios le ha quitado el carácter moderador de la demanda, lo que provoca un uso más intensivo de recursos asistenciales que no necesariamente implican mejores resultados en salud”.

Algo similar proponen para el sistema de pagos por metas asistenciales, porque entienden que “deja de ser un incentivo económico cuando su logro implica actividades administrativas y técnicas agregadas, extender prestaciones o incurrir en mayores costos operativos sin una relación económica adecuada”, lo que lleva a que tanto los prestadores privados como la Administración de los Servicios de Salud del Estado opten por no implementar el sistema de metas.

En el largo plazo, las empresas plantean que el sector mutual sigue sin contar con un mecanismo permanente y general de financiamiento de largo plazo para hacer frente a las “continuas inversiones en infraestructura, equipamiento, sistemas de información y procesos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia asistencial”, algo a lo que también se le debería buscar una solución.