A más de una semana del suicido de Milagros Chamorro, la joven de 30 años que fue víctima de una violación grupal cuando tenía 14 años y buscaba reabrir la causa, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el ministerio lleva adelante una investigación de oficio al Casmu “para ver cuál es la situación”, tal como había afirmado ante la Comisión de Salud del Parlamento el miércoles pasado.
Milagros se quitó la vida en el baño de la emergencia del Casmu, después de esperar para concretar una cita con un psiquiatra y no obtener respuesta. La ministra aseguró que la joven “consultó en tres oportunidades” en los últimos tres días previos a su fallecimiento.
En ese marco, dijo que “hay diferentes versiones” sobre la atención que recibió. “Se dice que se le dio medicación, que no aceptó tomar la medicación, que en diferentes oportunidades se retiró contra la voluntad de los médicos, y eso quedó constatado en la historia”, detalló, y agregó que “todo eso hay que investigarlo para ver si es así”.
Rando explicó que cuando una persona consulta en “puerta” por un intento de autoeliminación, esta “tiene que ponerse en observación o ser ingresada a la emergencia” y “no debe estar esperando en la sala de espera”. Asimismo, aseguró que desde el Ministerio de Salud Pública no tienen conocimiento de dónde estuvo esperando Milagros, información que es parte de la investigación.
A su vez, sostuvo que a la persona “tiene que dársele asistencia por el médico que esté de guardia”, aunque si en ese momento no hay psiquiatra, “tiene que de alguna manera brindarle hacer el triage [proceso de valoración clínica preliminar para clasificar a los pacientes según orden de gravedad o urgencia] y ver qué riesgo tiene” la persona.
A partir de eso, según Rando, hay que discernir “si fue simplemente un intento menor, del que la persona está arrepentida y manifiesta que no lo quiere volver a hacer”, o, de lo contrario, “si ratifica el hecho y ratifica seguir con esa intención”. Según “la gravedad [es] que la van a evaluar; primero [lo hará] el primer médico que esté en contacto con ellos y después, el psiquiatra o alguien del equipo de salud mental que esté en la institución”, apuntó.
Por otro lado, consultada sobre qué tipo de sanciones puede haber, la secretaria de Estado dijo que estas “pueden ir desde nada si no hay nadie que esté comprometido, cosa que es dudosa en este caso, hasta las medidas de sanción de los médicos, de sanción de la mutualista o incluso denuncias penales”. Mencionó que podrían estar en “todo el espectro, pero eso va a depender de lo que arroje la investigación”.
A Milagros cinco varones la drogaron y violaron en la casa de uno de ellos en Punta del Este. Diez años después, decidió radicar una denuncia penal en Montevideo, pero como los hechos sucedieron en Maldonado, el expediente se trasladó a esa jurisdicción. En 2022, dos años después de radicada la denuncia, se cerró el expediente porque el delito prescribió para cuatro de ellos, ya que eran menores de edad. Sin embargo, uno de ellos tenía 18 años en 2010.
Hace tres meses, Milagros comenzó a consultar a conocidos, amigos y organizaciones feministas para buscar asesoramiento legal, y le transmitió a una de sus compañeras de la maestría de Políticas Públicas que cursaba en el Centro Universitario Regional Este que “quería reabrir el caso, que había hecho muchos años de terapia pero necesitaba algún tipo de justicia para estar en paz” y por eso le pidió ayuda.
Concentración en contra de la violencia.
Foto: Mara Quintero
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