La Universidad de la República (Udelar), en conjunto con la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), en coordinación con investigadores de la chilena Universidad Adolfo Ibáñez, redactaron un informe sobre el consumo de tabaco y el comercio ilícito en el área metropolitana, que se presentó este miércoles. El objetivo principal del estudio, al que accedió la diaria, fue analizar los hábitos y patrones de consumo de los fumadores mayores de edad que residen en el área metropolitana de la capital, en torno al comercio ilícito de cigarrillos y su magnitud en esta zona del país, por medio de encuestas directas a los fumadores.

En total fueron encuestadas 801 personas que cumplían con estas características pero que además habían fumado cigarrillos en los últimos 30 días, tenían consigo la cajilla de cigarrillos que estaban fumando al momento de la encuesta y permitieron sacarle fotos. El relevamiento se hizo mediante una encuesta presencial durante agosto y setiembre de 2024.

Respecto del consumo, casi la totalidad de los encuestados (93%) consumen cigarrillos a diario, el 6% con frecuencia semanal y el 1% restante, menos de una vez a la semana. La cantidad de cigarrillos que consumía cada persona varió en relación con la intensidad de consumo, por lo que se optó por expresar la cantidad de cigarrillos consumida en el período de un mes. También se hizo una equivalencia con cuántas cajillas representa la cantidad de cigarrillos declarada: el promedio de cigarrillos consumidos en un mes es de 389, lo que corresponde aproximadamente a 19 cajillas de 20 cigarrillos cada una. De los encuestados, el 25% consume más de 30 cajillas y hay personas que expresaron un consumo de 90 cajillas por mes, el máximo consumo registrado.

Si se analiza según el sexo del fumador, se registró mayor intensidad de consumo en hombres que en mujeres. Los hombres fuman aproximadamente 21 cajillas por mes, mientras que las mujeres 17; en el primer grupo el máximo de cajillas mensuales fue 90, mientras que en el segundo fue 68.

Marcas y puntos de venta

Las marcas incluidas en el informe corresponden a la marca de la cajilla a la que se le sacó foto en el momento de contactar al encuestado. El 92% consume “usualmente” la misma marca de la cajilla con la que contaba al momento de ser entrevistado y 8% podría ser explicado por distintos factores, entre ellos la disponibilidad de dinero dependiendo del momento del mes en el que se compró la cajilla, o que el comercio al que fue a comprar tuviera disponibilidad, entre otros.

En una comparación entre la cajilla legal más vendida y la de comercio ilícito más vendida, se observó una diferencia de precio entre ambas: mientras que la cajilla de Coronado de 20 cigarrillos tiene un precio de 210 pesos, la cajilla de Gift de 20 cigarrillos se encuentra en el entorno de 100 pesos, es decir, que entre los cigarrillos más consumidos, los de contrabando están a la mitad de precio que los legales.

El 60% era de procedencia nacional y el 21% provenía del comercio ilícito; esto se detectó a partir de la observación de las características de la cajilla, en donde “fácilmente se pudo identificar que se trataba de un producto de contrabando al no tener el empaquetado neutro que actualmente rige en la normativa uruguaya”. De todas maneras, también se verificó si la marca estaba registrada en la lista de aquellas que cuentan con permiso de comercialización del Ministerio de Salud Pública.

El resto de las cajillas provenía casi en su totalidad de Brasil y Paraguay. Esto indica que “algunas de ellas pueden ser cajillas de comercio ilícito y otras, cajillas legales importadas, dado que no todas las empresas legales del mercado producen los cigarrillos en Uruguay”.

El principal canal de venta de estos productos son los quioscos, los almacenes y los supermercados. Estos tres puntos de venta representan el 82% del canal de compra de cigarrillos en el área considerada para el informe.

Respecto del punto de venta en donde los encuestados obtuvieron las cajillas ilícitas, el informe resalta que Uruguay no aplica el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco –adoptado por los países miembros del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, entre los que se encuentra Uruguay–, “lo que implica que no se tiene un registro de los puntos de venta que están habilitados para comercializar tabaco y que, por lo tanto, cualquier local comercial o puesto de venta legalmente constituido puede vender cigarrillos”. De este modo, el 54% de los productos de contrabando fueron comprados en comercios “legales”, considerando ilegal solamente la venta en ferias y por vendedores ambulantes.

Algunas consideraciones

En diálogo con la diaria, Diego Rodríguez, integrante de OMIS y de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, destacó algunos datos del informe y otras situaciones sobre la comercialización de los cigarrillos en Uruguay que, a su entender, el documento pone en evidencia, como la necesidad de aplicar el protocolo internacional.

En principio, resaltó el hecho de que más de la mitad de los lugares en los que se comercializan los productos de contrabando son lugares legales, y agregó que el porcentaje puede ser aún mayor en la medida en que otros espacios de venta, como las ferias, “no son necesariamente ilegales”, porque como no se otorgan licencias de venta, casi todos pueden vender. De todas maneras, Rodríguez aclaró que no hay uno peor que el otro y que los dos productos son perjudiciales para la salud.

Cuando en 2022 el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que modificaba la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, en relación con el empaquetado y etiquetado de cigarrillos, la explicación a la que adhirió el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue que lo que se buscaba era combatir el contrabando, pero para Rodríguez “no tiene ningún sentido porque no depende del empaquetado, sino de controles internos y de frontera”.

El especialista considera que para tomar medidas efectivas de disminución de la venta ilícita de estos productos es fundamental que se aplique el protocolo y todos los requisitos de venta que establece, entre ellas, reforzar la fiscalización, que, según un pedido de acceso a la información pública que hizo Rodríguez, disminuyó de 8.000 en 2018 a 1.300 procedimientos en 2023.