La Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental hizo el balance anual en una jornada que además tuvo como objetivo el intercambio sobre los avances y las dificultades en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental (19.529) entre diferentes instituciones y organizaciones vinculadas.

En el debate participaron alrededor de 100 representantes de 37 instituciones públicas y privadas, la academia, organizaciones sociales, profesionales y de la sociedad civil. Además de la ley, se planteó el estado del Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027.

Según la declaración final a la que accedió la diaria, la discusión se basó en distintos ejes. El primero, por ejemplo, evaluó la calidad, accesibilidad, integralidad y apoyo a las familias. En este sentido, se concluyó que es imprescindible la coordinación entre la atención sanitaria y los recursos territoriales, y se detectaron algunas falencias, entre ellas, que la prevención sigue siendo un tema postergado en salud mental.

Además “se identificaron dificultades en la accesibilidad a la atención integral y especializada”, tanto psiquiátrica como psicológica, y en la continuidad de la atención en esperas prolongadas y discontinuidad en el vínculo terapéutico. Según revelaron los participantes, aun en los lugares donde se dispone de múltiples profesionales, se carece de un enfoque sistémico e institucional de trabajo en equipo, lo que afecta la integralidad en la atención.

Para la comisión deben existir planes de egreso hospitalario basados en las necesidades de los pacientes y de las familias, que aseguren sostén y apoyo en el proceso de recuperación, porque “aún son insuficientes los dispositivos que posibilitan los egresos hospitalarios en condiciones adecuadas”.

Por otra parte, se identifica la necesidad de atender las inequidades entre Montevideo y el resto del país y entre los subsectores público y privado de salud, así como hacer foco en la atención de algunos grupos poblacionales, como las personas privadas de libertad y los funcionarios del sistema penitenciario, en los que “se perciben atrasos en la atención y [en la] respuesta a las problemáticas”.

Para los niños, niñas y adolescentes, “por la multicausalidad del padecimiento”, se convoca a la conformación de una interinstitucionalidad robusta y eficaz que evite los circuitos ineficientes involucrados en los cuidados y que promueva el fortalecimiento de las buenas prácticas y acciones en las instituciones/organizaciones vinculadas a estos. En particular preocupa la situación de quienes se encuentran institucionalizados, la falta de perspectivas para el egreso, así como la escasez de programas para su acompañamiento, lo que obliga a la extensión de los tiempos de permanencia.

Propuestas para seguir

Es importante “establecer niveles de gobernanza y rectoría que pongan en interacción sectores diversos del ámbito público”, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, que permitan superar “la importante fragmentación actual en las definiciones e implementación de las políticas”.

Como propuestas de avance y acciones urgentes, la comisión ratifica la importancia de avanzar en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y el plan 2020-2027 hacia la concreción del cambio de modelo, abordando la Salud Mental como política de Estado, con financiamiento y normativas pertinentes. Se planteó la necesidad de un “intenso trabajo intersectorial” y de “una fuerte voluntad política” que asegure la disponibilidad y la accesibilidad a los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

En cuanto a los dispositivos de atención, se necesitan “con urgencia” alternativas para acelerar y viabilizar el proceso de desinstitucionalización y permitir el cierre definitivo de los servicios monovalentes, la rehabilitación y la inclusión social integral de las personas.

Además, “resulta imprescindible” implementar procesos de evaluación y seguimiento de las políticas y acciones de avance en la ley, apoyados en modelos creados en consonancia con sus principios, con sistemas de información e indicadores estandarizados y rigurosos de carácter nacional, que permitan valorar las necesidades, sostengan la toma decisiones y acompañen los procesos de manera integral.

Por último, se reconoce el papel relevante que juega, en todas las dimensiones tratadas, la producción de conocimiento, así como la adecuación de la formación y capacitación de las personas vinculadas al campo de la salud mental, de acuerdo con las necesidades planteadas para acompañar y asegurar el avance en el cumplimiento de la ley.

La comisión fue creada por la Ley 19.529, en 2017. Su principal objetivo es que la normativa se cumpla, lo que depende del Ministerio de Salud Pública, y debe estar integrada por dos representantes de la cartera, tres de la Universidad de la República de diferentes facultades, uno de las organizaciones más representativas de los trabajadores de la salud mental, e integrantes de otras organizaciones de familiares y de la sociedad civil.