Ya son varios los precandidatos presidenciales para las elecciones internas de junio que presentaron un listado de propuestas sobre salud, acompañados de sus referentes en la materia. La candidata por el Partido Nacional (PN) Laura Raffo presentó a un equipo para trabajar en el área, coordinado por Juan Gil, exsubcoordinador en el Grupo Asesor Científico Honorario, y una lista con “47 propuestas para hacer historia”. Por otra parte, Yamandú Orsi, uno de los precandidatos por el Frente Amplio (FA), pretende llevar una línea adjunta a la que plantea el programa del partido, que propone integrar en “Una sola salud” el ambiente, la salud humana y la salud animal. El candidato por el Partido Colorado Andrés Ojeda presentó una serie de propuestas que priorizan, entre otras, la rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP), la “salud digital”, la atención primaria y la siniestralidad vial.

Los tres referentes plantean que sus propuestas se basan en “las necesidades de la gente”, marcan las carencias del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la debilidad en la atención al usuario que actualmente presentan todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados. A su vez, acompañados de las propuestas, a las que accedió la diaria, los precandidatos adjuntan medidas a mediano y largo plazo para cumplir con sus programas sanitarios.

Las “necesidades de los uruguayos”

Raffo y su equipo entienden que las principales “necesidades de los uruguayos” hacen referencia a los extensos tiempos de espera para acceder a consultas con especialistas y para la coordinación de cirugías no urgentes, el difícil acceso a ciertas especialidades en el interior del país, la falta de médicos en el interior profundo, la presencia de los profesionales de la salud en el medio rural, y el difícil acceso a prestaciones y tratamientos del área de la salud mental.

Como respuesta a todos los puntos, desde Sumar entienden que lo correcto es “fortalecer el primer nivel de atención”, potenciar la formación e inserción de un mayor número de médicos de familia y reducir los tiempos de espera. Para esto último, el sector propone potenciar la telemedicina como herramienta.

Según el programa, las medidas a implementar en el mediano plazo implican “incentivar la radicación de médicos en el interior del país, promover la formación de médicos” en las especialidades que más escasean, potenciar la complementación del sector público y privado, y “obligar a los prestadores, a través de un decreto del MSP que instaure una meta asistencial”, a aumentar la disponibilidad de cupos de agenda para determinadas especialidades, “según demanda asistencial real”.

En cuanto a las necesidades en el área de la salud mental, el sector plantea dar cumplimiento a los protocolos ya definidos y previstos por la Ley de Salud Mental 19.529. Por último, en términos generales, se propone potenciar los sistemas de información en salud, la innovación e investigación para fortalecer los roles de vigilancia epidemiológica, rectoría y contralor del Ministerio de Salud Pública, en términos de una “gestión basada en datos y evidencia”.

Fortalecimiento del SNIS

El equipo de salud de Orsi, liderado por la diputada por el FA Cristina Lustemberg, buscará intensificar el trabajo en “algunos aspectos que quedaron pendientes en la implementación del SNIS”, que apuntan a mejorar la calidad de la atención, el acceso de la población a la salud y la eficiencia en el uso de los recursos. A su vez, se planifica trabajar en “otros problemas” que surgieron en la administración actual.

En líneas generales, la propuesta detalla, por ejemplo, avanzar en la incorporación de “otros colectivos” al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Se está evaluando la implementación, porque, además de ser una cuestión “de equidad” en el derecho a la salud, actualmente se generan ineficiencias en el gasto del Estado por las dobles y triples coberturas de salud.

En este mismo sentido, “es necesario analizar e implementar un modelo de financiamiento de ASSE” que contemple el número y el perfil de los usuarios. La propuesta incluye asignar al prestador público un presupuesto ajustado por edad y sexo, con una cápita igual a las que reciben las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva e igual a la que tiene ASSE para los afiliados por Fonasa, pero para los usuarios que no se encuentran amparados por el seguro. Actualmente, en esa situación hay unas 900.000 personas.

Fortalecer el rol “rector y fiscalizador” del MSP y generar incentivos para la “real complementación” entre los prestadores de salud, públicos y privados, sobre todo en el interior del país, es otro de los planteos, al igual que la implementación de una política de medicamentos haciendo uso de herramientas para tener trazabilidad, y mejorar la distribución y la logística de los fármacos. El sector también propone incorporar al Formulario Terapéutico de Medicamentos “varios fármacos” para que los usuarios del sector privado no paguen tickets diferenciales. Se pretende ir por la misma línea en cuanto a algunas prestaciones.

“Orientar el sistema hacia los usuarios”

El precandidato colorado, que formó equipo con Blauco Rodríguez, actual director de la Regional Sur de ASSE, planteó “orientar el sistema” y coincidió con algunos puntos de los precandidatos del PN y del FA, por ejemplo, la mejora de la rectoría del MSP para “el aseguramiento de la calidad de todos los aspectos de la asistencia en salud, en cualquier nivel de atención”. Para esto, el sector propone, por ejemplo, la implementación de acciones digitales para la evaluación de la percepción de calidad de las instituciones en salud, a través de “encuestas continuas y obligatorias a los usuarios”, que luego deberán ser vistas por todos los prestadores del sistema, los cuales deberán tenerlas en cuenta para una “mejor toma de decisiones”.

Al igual que Raffo, el sector colorado plantea priorizar el primer nivel de atención de salud, brindando más recursos para que allí se resuelvan diferentes afecciones y buscar “de manera progresiva” fomentar la creación de consultorios de medicina y enfermería de atención primaria, es decir, “pequeñas unidades asistenciales privadas”, autorizadas por el MSP, pero que sean “propiedad de los propios profesionales”. Con esto se buscaría “maximizar la accesibilidad, incrementando la oferta, aumentar la eficiencia del gasto sanitario y potenciar el desarrollo profesional y personal de los equipos de salud”.

Por último, el programa dedica un bloque específico a la siniestralidad vial, un suceso que “durante 2023 se cobró 422 vidas”. Para mejorar el problema se propone trabajar sobre la seguridad automotriz, desarrollar un sistema nacional de atención a siniestros en ruta y otro a siniestros en jurisdicción departamental, e incentivar la educación en primeros auxilios y reanimación, también desde el MSP.