Días después del corte de calle que realizaron los trabajadores nucleados en la Comisión Interna de la ex Colonia Etchepare –actual Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos)– de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en reclamo frente al eventual cierre del centro, el prestador público convocó una conferencia de prensa y anunció que el cierre no es una posibilidad, ratificando lo que ya había anunciado en un comunicado algunos días atrás.

“El compromiso del directorio es “mantener todas las fuentes laborales y el tipo de función o vinculación” que cada funcionario tenga con el organismo, dijo este jueves el presidente de ASSE, Marcelo Sosa.

El jerarca planteó que, en línea con lo que establece la Ley de Salud Mental, la actual gestión inició “un proceso de reconversión” de estos centros asilares, en este caso convertir las excolonias en “un centro de tratamiento de adicciones”. Sobre el avance del proceso, dijo que en este tiempo se capacitó al personal por medio de cursos, “se crearon las vacantes necesarias” y se consiguieron los fondos a través de la Rendición de Cuentas.

El nuevo centro requerirá nuevas obras. “La licitación para la obra ya se realizó y siempre se dijo que se iba a financiar con la venta de dos padrones de las [ex]colonias”, sostuvo Sosa. Según el jerarca, ahora se usan “75% de las 300 hectáreas” que tiene el predio, y los terrenos en desuso “han generado conflictos con animales, incendios” y otros problemas. La venta de los padrones “ya avanzó”, pero es un trámite administrativo que “lleva su tiempo”, apuntó.

Por su parte, el director de Salud Mental de ASSE, Eduardo Katz, dijo que en 2017, cuando se promulgó la ley, en las excolonias vivían más de 2.000 usuarios, que ahora se redujeron a 478, de los cuales 437 que viven allí y el resto está en preegreso. “La ley dice que no se debe continuar con las instituciones asilares monovalentes con características de pabellones”, recordó Katz.

En cuanto a los funcionarios, Katz dijo que hoy son 929 y que “si hubiera una idea de cierre” de Ceremos en 2023 no se habrían completado 47 vacantes ese año y 23 en 2024, correspondientes a profesionales que se habían jubilado. Además, resaltó que se convocó “a cinco personas para que ingresen a la brevedad”. En cuanto a las capacitaciones, dijo que “hubo más adhesión de lo pensado” y que ya hay 150 funcionarios capacitados y se están capacitando 150 más.

Katz dijo también que se invirtieron 1.562 millones de pesos en 2021, 2.265 millones en 2022 y que en 2024 “ya van más de seis millones” destinados a remodelación y refacción de distintos sectores.

En diálogo con la diaria, Rolando Tolesano, secretario de la Comisión Interna, dijo que a partir de la promulgación de la ley no hubo más ingresos de pacientes y que la fecha de cierre para este tipo de centros está pautada por la normativa sobre salud mental para 2025. “Empezamos a trabajar para convertirnos en un centro de adicciones, pero nunca quedó nada por escrito”, y como pasaban los meses “pedimos una reunión con ASSE y nos dijeron que no había ni proyecto ni presupuesto”, por eso la preocupación, explicó.

“El modelo de atención queremos cambiarlo”, agregó Tolesano, y adelantó que por el momento mantendrán la carpa informativa que armaron en el establecimiento para ver cómo se desarrolla el proceso. A su vez, acotó que el próximo lunes habrá una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.