La salud mental es una de las diez prioridades que marcó el gobierno apenas comenzó su gestión. En el ámbito parlamentario hubo algunas señales, por ejemplo, la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la salud mental.

Si bien durante el período anterior se concretaron acciones aisladas en busca de la mejora del acceso a la atención y el acceso a la misma, la principal normativa sobre el tema, que es la Ley de Salud Mental (19.529), continúa sin presupuesto asignado, lo que imposibilita su cumplimiento y algunas de sus principales pautas, como el cierre de los dispositivos de atención monovalentes.

Hay algunas experiencias aisladas que buscan cambiar el paradigma de atención, como el proyecto del Hospital de Clínicas, al que el Parlamento le asignó una partida presupuestal para generar espacios de atención diurnos y de corta estadía. En el proyecto participan otras instituciones, como la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

En este marco, Enrico Irrazabal, el decano de la casa de estudios, conversó con la diaria sobre el proyecto en el hospital, lo que los estudiantes y los recientemente egresados tienen para aportar al “nuevo paradigma” y los puntos que a su entender deben priorizarse para que la principal normativa sobre el tema se cumpla. Para el decano, “perdimos tiempo” y es urgente generar condiciones de instrumentación a las que, según detalló, la facultad puede aportar.

¿Coincidís con expertos, jerarcas de la salud e incluso usuarios en que hay una crisis en la atención de salud mental?

Lo primero es pensar en el término de salud mental. En realidad, todos los términos como términos en sí son una búsqueda de nominar algo de un modo compartido que defina claramente un objeto, cualquiera que sea. Pero el término salud mental es discutible. Es un término en discusión, primero que recién en los años 70 se empezó a definir a nivel de organismos internacionales, una definición que liberaba el término salud de la enfermedad, porque antes estaba centrado en la ausencia de enfermedad, o sea, en la negatividad, y no en la salud, mucho menos en lo que sería la prevención y la promoción de la salud.

El concepto de salud mental es un concepto que no se aleja de la biopolítica, que es una forma estadística de normalizar los comportamientos azarosos de los seres humanos, unificando en cierta regularidad para aplicar en los nacientes Estados las políticas generales. Se crea una abstracción, una ficción de un sujeto normatizado que tiene comportamientos regulares sobre el que se descargan las políticas educativas, sanitarias, alimenticias, de empleo.

El concepto de salud mental también está vinculado con la normalidad, y la normalidad está vinculada a una lucha de fuerzas, lo que no quiere decir que sea injusta, pero es una lucha de fuerzas, y una lucha moralmente designada. Entonces eso, si bien se utiliza cotidianamente, tiene una hegemonía. Hay que poner en discusión el concepto de salud mental. Nosotros preferimos pensar en el concepto de vida digna.

¿Entonces con qué aspectos puntuales se relaciona la salud mental y, esos aspectos, están atendidos?

El problema de la salud mental tiene que ver con todas las condiciones de posibilidad de la existencia. Entonces, si no hay políticas claras, y sobre todo, si en vez de pensar en términos de capital humano, pensamos en términos de desigualdad social, las cuestiones de la denominada salud mental tienen que ver con quién estás, cómo estás, cómo te vinculas, cuál es la comunidad que te cobija, si trabajás o no trabajás, si percibís un salario que te permita subsistir, qué comés; la soberanía nutricional tiene que ver con esto. Entonces, para pensar cualquier avance definitorio, conceptual sobre salud mental, de nuevo, hay que pensarlo en términos de vida digna y todo lo vinculado a los derechos humanos.

Entonces, ¿está cubierta la atención en salud mental? No, si lo pensamos en este sentido. [La atención] es escasa, tenemos un problema muy serio de una hiperespecialización; las especializaciones tienen que tener otro tipo de formación. Uno de los términos utilizados en la actualidad es la multisectorialidad. Yo creo que tenemos que ir hacia pasos de interdisciplinariedad.

Que un médico tenga algunas ideas claras de los derechos de las personas que está asistiendo es clave. No tiene que ser abogado, pero sí tiene que estar en un diálogo y tener cierta apertura al conocimiento. Que los psicólogos tengan conocimientos de la fisiología y el funcionamiento y estén en diálogo con la medicina es fundamental. Que la abogacía esté en diálogo con las comunidades, con los usuarios, con las prácticas, también es fundamental. Y así podríamos ir pensando en cuáles son las facultades o las formaciones o las disciplinas que están en juego. Pero podríamos avanzar muchísimo más, no solo siquiera en el área de la salud de la Universidad de la República, pero es claro que para tener una buena nutrición tenés que tener buenas piezas bucales, tener salud bucal.

¿Entonces tienen que converger las especialidades para que la atención sea “buena”?

Sí. Nosotros [desde la facultad] estamos avanzando en un acuerdo con la enfermería, en una maestría en salud mental. La cuestión de desarmar la especialidad es clave. No para que no haya especialidades, sino para que las especialidades no nos fragmenten. No fragmenten los cuerpos, los deseos, la sexualidad, la comunidad. Es fundamental porque somos una integración; nosotros somos personas atravesadas. Nos componen los atravesamientos históricos, sociales de nosotros, de cualquier orden, del Estado, políticos; siempre nos están componiendo y somos seres muy heterogéneos por el tipo de experiencia vital que hemos tenido.

¿En la atención también tienen un rol las organizaciones sociales?

Dentro de la salud mental hay que integrar a las organizaciones sociales y a las comunidades, que son las que trabajan en estas dinámicas, las que asisten cuando hay una situación crítica. El vecino, el pariente, el familiar, la policlínica barrial. También en el caso de la internación, son los familiares de las personas que han pasado por diferentes procesos y son los propios usuarios y usuarias que deben ser integrados; lo plantea la ley [de salud mental], no lo planteo yo porque soy psicólogo, una ley que la compartimos, obviamente, y la hemos promovido. En ese sentido, sin lugar a dudas, hay un problema de atención muy grave en Uruguay.

La Ley de Salud Mental y el rol de la comunidad

Mencionaste la ley que se aprobó en 2017 y, tras esa normativa, se creó un programa quinquenal sobre salud mental y algunas otras disposiciones. ¿Te parece que hay que aplicar lo establecido, reformarlo o qué hay que hacer para mejorar la atención?

No es la ley que yo prefiero, pero es la ley que se pudo realizar y creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo la modificaría, pero me parece que lo que necesitamos ahora es aplicarla y tener una buena observación y análisis para después modificar lo que sea necesario. Es clave entender, y creo que a los expertos nos cuesta más entenderlo, que necesitamos de las colectividades, las organizaciones, de familiares, usuarios que tienen un desarrollo histórico muy largo.

Es una ley que está también vinculada a los derechos y eso creo que para los técnicos y las técnicas es lo más difícil de entender a veces. Hay algunos puntos que son clave. Una de las cosas más difíciles que sostiene la ley es el cierre de las instituciones monovalentes. Esto quiere decir que primero se producen escenarios a primera vista inesperados; hay resistencias serias, gremiales, para el cierre del Hospital Vilardebó, por ejemplo.

Tiene que haber estrategias específicas para trabajar con quienes trabajan allí, para entender esta resistencia al cierre. Estamos hablando de algo que tendría que haber sucedido antes; países como Italia avanzaron hace mucho en el cierre de estos centros. Perdimos tiempo; no niego que ha habido esfuerzos, discusiones, buenas intenciones, pero perdimos cinco años. Yo ingresé como decano en septiembre de 2019 y empecé a participar en las reuniones en el Ministerio de Salud Pública, con el ministerio, las diferentes facultades, usuarios, comunidad, organizaciones sociales. Hasta ahora, más allá de algunos dineros que fueron aportados, de hecho el Parlamento votó 100 millones de dólares para el programa de salud mental en el Hospital de Clínicas, y estamos trabajando en el hospital; es una experiencia muy acotada, interesante, que nos puede servir junto a otras experiencias como convenios con ASSE, con intendencias, pero tenemos muchos recursos experienciales para aportar, pero fueron aportados algunos dineros muy finitos, muy escasos, por lo que no se financió la ley.

Para que la ley se pueda aplicar, entre otras cosas, hay que financiar, pero además hay que generar las condiciones para la aplicación de la normativa.

¿Tuvo conversaciones con las nuevas autoridades sanitarias?

Nos reunimos con el nuevo equipo del MSP y nos manifestaron la voluntad de aplicar la ley. Desde la facultad tenemos muchas cosas para proponer, pero nosotros no somos los decisores de la política pública; somos la Universidad de la República, producimos enseñanza, extensión e investigación y estamos dispuestos a trabajar e insertarnos en políticas públicas sin perder la autonomía. Tenemos mucho para proponer.

Cuando yo era estudiante de psicología, las primeras conversaciones de la transición democrática y ya estábamos en esta discusión sobre la salud mental, y el debate era: ¿serán necesarios tantos estudiantes de psicología? Y nosotros les respondíamos: si se pone en juego un plan de salud mental y los problemas de salud mental, necesitamos más estudiantes porque si cubrimos la red educativa uruguaya, hospitalaria, de cuidado, la atención directa sobre el padecimiento y la patología, somos insuficientes.

El otro elemento para aplicar de la ley son las prácticas centradas en otro tipo de paradigma, otro modo de pensar, otro modo de diagnosticar, de definir las estrategias de intervención y otras prácticas predominantemente comunitarias del trabajo en la promoción de salud, en la prevención de salud y, en tercera instancia, en la atención de salud.

Decías que aunque es necesario aplicarla, no es la ley que preferís, ¿qué le cambiarías?

Habría que empezar por generar los espacios en la red hospitalaria, pensando en la internación en breve. Y eso yo creo que va a llevar un tiempo de trabajo, porque las realidades en el país son muy diferentes, por regiones y por departamentos. Me parece que una de las cosas en las que tenemos que avanzar, más que en la ley, es, como ahora se denomina, un mapa ruta. ¿Cuáles van a ser los pasos que vamos a llevar adelante? Hay que realizar algunas coordinaciones antes de encarar algunos aspectos de la ley, sobre todo esto de detener la puerta giratoria que prevemos que va a suceder.

Hay que coordinar espacios donde esto se va a llevar a cabo. Hay algunas prácticas interesantes que nosotros podemos aportar para la aplicación del documento o para el ejercicio. Podemos ofrecer egresados y egresadas jóvenes que tienen una formación diferente en esto de formar para el nuevo paradigma, en el orden de 500 para empezar, que están ya formados y que han tenido un ciclo de pasaje por policlínicas en la red de policlínicas.

Tenemos posibilidades de hacer cosas con esta ley. Entonces, yo, más que centrarme en la ley, me centraría, en mi caso, en qué disponibilidad tiene la Facultad de Psicología para trabajar en su cumplimiento.